Los concejales se libran de la culpa por las obras retrasadas

Las molestias causadas a los guayaquileños por las obras demoradas en distintos puntos de la urbe son evidentes. Y como ha venido publicando EXPRESO, la ciudadanía atribuye esos atrasos a la indiferencia y falta de planificación por parte de las autoridades, incluidos los miembros del Concejo Cantonal, de quienes no reciben nada, lamentan.

En Urdesa, la Kennedy, la Martha de Roldós o la Alborada, solo por citar algunos vecindarios donde se presenta el problema, las empresas contratistas o los fiscalizadores de las obras apenas se han limitado a decir que se le pregunte al Cabildo sobre los atrasos; que por su parte, también en contados casos, ha dicho que los trabajos llegarán pronto. Que, como indicó la entidad sobre la calle Guayacanes en Urdesa, el retraso tuvo lugar por las roturas en las tuberías de agua. Situación que, para la comunidad, termina siendo solo una “excusa más”.

“El Municipio siempre tiene algo que decir, atribuye el atraso a factores externos o simplemente no responde. Mientras tanto, nosotros nos calamos la consecuencia de vivir entre huecos y calles deterioradas, con tuberías expuestas y negocios que mueren. El Municipio siempre hace lo que le da la gana. ¿Saben por qué? Porque tampoco tiene concejales que señalen la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri y defiendan a sus votantes”, se quejó Adela Garzón, habitante de la Kennedy.

Frente a esta situación, EXPRESO interpeló a los concejales. Les preguntó por qué no actúan a favor del ciudadano y, a la par, les pidió que detallen las acciones que están tomado para evitar que las obras de la Alcaldía se retrasen. De los 15 ediles, apenas ocho contestaron, pero a breves rasgos.

De hecho, tres de ellos (Consuelo Flores, Alfredo Montoya y Luzmila Nicolalde, todos de la alianza Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero) evadieron responsabilidades y mencionaron que son los fiscalizadores de las obras los encargados de hacer ese trabajo, o atribuyeron las demoras a temas técnicos; mientras que Úrsula Strenge, Nelly Pullas y Laura Arteaga, de la misma alianza, sostuvieron que sí han atendido las quejas, pero no indicaron de qué manera ni qué frutos ha dado aquello.

“Le informo que todo contrato que es adjudicado sale con su respectivo fiscalizador, él es la persona responsable. Como concejal siempre doy el respectivo seguimiento”, manifestó Montoya, que no explicó qué tipo de seguimiento ha aplicado. “Nuestra responsabilidad como concejales no es hacer de manera particular ningún seguimiento. Nosotros aprobamos ordenanzas y presupuestos”, contestó por su parte Flores, lo que causó más indignación entre la comunidad.

Solo Lídice Aldás, de la Revolución Ciudadana, y Elena Toledo, de Centro Democrático, indicaron que han enviado oficios a la alcaldesa exigiendo explicaciones.

“He presentado ya un pedido de información a la Alcaldía sobre las obras que se encuentran inconclusas y atrasadas en Urdesa y en Fertisa, donde han quedado hasta los escombros de los trabajos realizados. Es importante que la ciudadanía además tenga respuesta al plan de contingencia que el Municipio aplique por las pérdidas en la economía”, respondió Aldás, quien añadió que la semana entrante solicitará tener una reunión con la dirección de Obras Públicas para revisar específicamente este tema.

Y es que los perjudicados han solicitado una compensación en los impuestos, debido a los daños causados. Una compensación que a decir de Andrés Burbano, de Obras Públicas del Cabildo, como publicó días atrás EXPRESO, no es posible aplicar porque no es legal.

Sobre este punto, Strenge y Pullas defendieron que la principal compensación que se puede obtener es la obra que queda. “La compensación para los afectados es la mejora de sus sectores y servicios, la regeneración urbana, lo que ayudaría a futuro a que la ciudad siga progresando y los predios consecuentemente obtengan una mayor plusvalía”, dijo Strenge.

Pero para Karla Ledesma y Mónica Carreño, ambas habitantes de la Alborada, ese argumento no puede ser válido ahora ni nunca. “Las autoridades deben cumplir con los tiempos. Nosotros somos los que pagamos con impuestos esas obras. No es un favor que nos hacen. Que tengan una pésima planificación sí es razón para que nos retribuyan las pérdidas de alguna forma y sobre todo para que tomen correctivos. Guayaquil no puede seguir construyéndose sin un norte. Y los concejales, aunque les duela, deben hacer por una vez aunque sea un trabajo real. Si no, ¿para qué los elegimos entonces?”, cuestionó Carreño.