El concurso para docentes de la ‘Estatal’ genera polémica
La Universidad de Guayaquil avanza en el proceso pesar a las controversias administrativas, económicas y jurídicas. Hay 317 plazas y 7.822 postulantes
Dudas y sospechas. Esto es lo que ha generado el VI concurso de mérito y oposición para el nombramiento de 317 docentes auxiliares titulares 1 de la Universidad de Guayaquil, que fue convocado el 14 de octubre pasado.
El proceso continúa a pesar de la polémica originada en varios sectores que cuestionan la forma en que se realizó la convocatoria, los tiempos de plazos para las inscripciones, para la presentación de los requisitos (documentos), y sobre las ventajas que habría tenido algún postulante por parte de funcionarios de la academia para participar en el concurso.
También existen cuestionamientos económicos sobre el origen de los recursos que manejará la universidad para pagar a los nuevos docentes; así como debates legales que aseguran que la alma mater por estar intervenida no puede realizar este tipo de convocatoria, sin antes consultar al Consejo de Educación Superior (CES) o a los integrantes de la subcomisión de la Asamblea Nacional, que hace el seguimiento a la tarea de la comisión interventora. Este trámite no lo hizo la institución educativa acogiéndose a la autonomía.
A esto se suma la decisión de la jueza de la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Carla Berón Palomeque, que dispuso la suspensión del concurso, luego de acoger una acción constitucional de medida cautelar en contra de Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil, por supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en el proceso.
No obstante, en la sentencia de la jueza se desliza un error (menciona IV concurso y no VI) que pone en duda la efectividad de la disposición a cumplir por parte de las autoridades universitarias, quienes se valen de aquello para seguir con el cronograma del concurso que concluirá el 5 de enero de 2021, con la declaratoria de los ganadores; es decir, a pocos días de que el periodo de la CIFI concluya.
Muchos candidatos han aplicado a varias facultades, lo que complica el análisis de sus méritos; no han presentado los documentos ni los requisitos requeridos en el concurso.
La convocatoria del concurso se realizó el 14 de octubre pasado; y del 15 al 20, mediante la página web institucional, los postulantes debieron registrar su documentación.
La inconformidad de los reclamantes radica en que la entidad académica no socializó con tiempo suficiente a la colectividad y ciudadanía en general sobre las bases del concurso, a fin de que se garantice el derecho de participación de los posibles postulantes.
“Solo tuvimos cuatro días laborales para presentar los requisitos que acrediten los méritos académicos, en la fase de merecimiento, ya que los notarios no laboran ni sábados ni domingos y por la pandemia la información que debíamos solicitar a las instituciones educativas y públicas se complicó por el tiempo y plazo razonable que exigen”, explica un docente que se quedó fuera del concurso y que pidió mantener su nombre en reserva.
Según Passailaigue, lo que se busca en este concurso es darle la oportunidad a profesores que han laborado por varios años en la universidad y que por diversas razones en concursos anteriores no han logrado obtener su nombramiento.
Explica que el presupuesto proyectado en remuneración para las 317 vacantes convocadas en el concurso es de $ 766.217,70, que no es una asignación extraordinaria, sino que ya se viene pagando en contratos ocasionales.
No se ha hecho un estudio técnico que determine cuál es el número de profesores que necesita la universidad. Se están atropellando los derechos de muchos docentes que quieren postular.
El presupuesto general asignado a la universidad en 2020 es de $ 155’088.126, de los cuales se destina $ 76’337.175 para el pago de la planta docente, que asciende a 2.160. De ellos 1.115 son titulares, 71 tienen nombramientos provisionales y 974 están con contratos ocasionales, de los cuales 117 son técnicos docentes.
Debido a las 7.822 postulaciones registradas para el VI concurso de merecimiento y oposición, el 24 de octubre pasado el Consejo Superior Universitario resolvió suspender por un plazo de 30 días, la conformación de las 34 comisiones de evaluación; pero estas se redujeron a 24, que deberán atender 2.898 postulaciones, de acuerdo a un nuevo cronograma que está colgado en las páginas oficiales de la entidad.
Un llamado a concurso de una universidad intervenida no requiere el visto bueno del pleno del CES. Pero me preocupa la forma en que se lleva el concurso, con tiempos irreales.
Las 20 comisiones evaluadoras que quedaron activadas atendieron 4.924 aplicaciones correspondientes a ocho facultades, de las 17 de tiene el centro de estudio. Los resultados ya han sido notificados, vía correo electrónico, de manera individual a cada postulante. También se receptaron las impugnaciones de quienes soliciten una reconsideración.
Y es en este punto que existe un nuevo cuestionamiento. ¿Cómo la universidad puede seguir con un concurso cuando hay un pedido de suspensión por parte de un juzgado?
“Recibimos la notificación de una jueza que como medida cautelar ha dispuesto la suspensión del IV concurso de mérito y oposición. Nosotros hemos respondido que no podemos acoger esta petición, ya que no estamos en el IV sino en el VI concurso, y en derecho no podemos suponer sino ver lo que está escrito”, explica el rector de la universidad.
Sin embargo, dijo que cuando haya una orden legítima de una autoridad competente, la universidad acogerá todas las resoluciones en ese sentido.
