Conductores cuestionan la falta de planificación de la ATM en vía a la costa

La medida que en un inicio dio luces de que había convencido a unos cuantos, con el pasar de las horas pasó a ser rechazo total. El pasado 24 de octubre, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) publicó en sus redes sociales que, tras la cantidad de accidentes registrados en los últimos 5 años en vía a la costa, había tomado la decisión de que la velocidad máxima permitida para circular, a partir del 19 de noviembre próximo, sea de 70 kilómetros por hora, tanto para los vehículos livianos y pesados; lo que para muchos fue catalogado de descabellado.

Y no necesariamente por negarse a que la arteria deje de ser utilizada como una pista de Fórmula 1, que ha sido la denuncia de decenas de residentes, sino porque en la ruta “son tantos los problemas que existen”, como advierte José Carvajal, quien habita en Bosques de la Costa; que “pensando de forma técnica y planificada, lo inteligente sería preparar primero el terreno, volverlo seguro, para recién ahí optar por los cambios en el kilometraje”.

En este punto, Carvajal, quien ha sido ya multado al menos tres veces en lo que del año por los radares y las “multas fantasmas” emitidas por ellos, cuestiona que la ATM no esté priorizando antes esa queja.

“Se supone que antes de emitir una nueva norma deberían estar calibrados los dispositivos. Si lo permitido eran 90 kilómetros para los carros livianos e íbamos a 60 o 70 km/h para evitar caer en las trampas de esos aparatos, igual nos salía más de 100. De nada sirve que ahora se fije este cambio, pues aun yendo a 60 los fotorradares dañados marcarán lo mismo. ¿Entonces qué? ¿Nos seguirán robando? Pienso que esta es otra medida solo para alegrar al bolsillo de la ATM”, sentenció.

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Como él opina la mayoría de conductores, que no salen del asombro al ver que la ATM cada semana se limita apenas a informar que los radares continuarán funcionando, puesto que nadie le ha notificado que deben dejar de hacerlo. Esto pese a que un juez de Santo Domingo, en agosto pasado, dispuso a la ANT y a la CTE, y que estos a su vez dispongan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la suspensión del uso de radares, fotorradares y fotosensores.

“O sea, en serio. Mientras alcaldes como la de Ambato y me parece que el de Cuenca retiran los radares ladrones, aquí les aumentan el rango de captación de multas. Es increíble”, pensó el ciudadano Juan Carlos Estrada, al referirse a la norma, que está en proceso de socialización; y que además ha sido considerada una burla a la inteligencia del ciudadano.

“Arreglen primero las vías que están llenas de huecos y obligan al zigzagueo; pongan señalética y pintura reflectiva, que es escasa, cuando ambas herramientas son las que garantizan una buena movilidad. No todo es multas y radares, señores”, enfatizó el también conductor Antonio Martínez, coincidiendo con Danilo Prado, residente de vía a la costa, quien apuntó a que el sector es el reflejo de la corrupción.

“El alcalde Aquiles Álvarez no quiere darse cuenta o a propósito busca mirar hacia otro lado, al ver el robo que ahí se está dando. Bajar a 70 kilómetros por hora la velocidad no es una forma de controlar y reducir los siniestros. Es otra forma más para robar. Si hubiese control, nada de lo que vemos que aquí pasa se estaría dando. Y un ejemplo son los carros que circulan sin placa, los tráileres sin malla de protección o con sus contenedores desbaratados; son los camiones aparcados en la ruta de la ciclovía. En fin, las infracciones son permanentes, pero claro, eso no les importa”, sentenció Prado.

Ayer, en un recorrido que hizo EXPRESO por el lugar, constató que en un lapso de solo 15 minutos, cuatro vehículos circularon sin placa y cerca de los agentes de tránsito que allí se encontraban. Un par de motociclistas se desplazaron en contravía y, en efecto, los camiones se estacionaron en la ciclovía o la ruta de servicio. ¿Alguien los detuvo y sancionó? Nadie. Absolutamente nadie.

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Consultado sobre por qué no se ha priorizado resolver primero estas problemáticas, el gerente general de la ATM, José Franco, indicó a este Diario que sí han sido tomadas en cuenta y que habrá controles, más personal para frenarlas, que no detalló de cuánto será, e iluminación. Que ya está haciendo los acercamientos con las empresas a cargo de mejorar este último punto, mencionó, sin especificar una fecha de cuándo será posible ver ese cambio.

Sobre lo que pasa con los radares, Franco se limitó a decir que funcionan bien y que están cumpliendo con la normativa correspondiente. “Están homologados por la ANT, tienen certificaciones técnicas, la señalética necesaria (...), y no están mal calibrados como dice la ciudadanía. Y ojo, que no es mi interés defender los radares, ni tampoco generar multas. Nosotros hemos verificado que están bien, cuando quieran puedo demostrarlo técnicamente. Si vemos que hay fallo, rectificaremos. Pero ese no es el caso...”, argumentó el funcionario, al hacer hincapié en que la decisión de reducir la velocidad en el área es un hecho que responde a que “el 33 % de los siniestros registrados se ha dado por ir a exceso de velocidad” . Algo que, a decir de los residentes, no es del todo cierto, “teniendo en cuenta los reclamos que surgen por los datos erróneos que emiten los radares”.

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Sin embargo, para el investigador y planificador urbano Felipe Huerta Llona, más allá de cualquier argumento que la autoridad pueda dar, basta ver la realidad: que impacta negativamente la conducción temeraria y la inobservancia de la regulación de velocidad permitida, que vía a la costa no dispone de un adecuado cruce peatonal ni ciclovial, ni del entrecruzamiento vehicular para acceder a las urbanizaciones a ambos lados implantadas, enumeró.

“De allí que lo procedente, no es solamente limitar la velocidad, sino dotarla de manera racional y urgente de los elementos viales de seguridad, sin olvidar la planificación de la inexorable ocupación y uso del suelo a partir del control del peaje Chongón. Esto, sin olvidar que el tema de los radares debe ser auditado y tratado con pulcritud, y sus resultados, en cambio, deben ser expuestos por una veeduría ciudadana”, alegó.

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