“El Consulado de Ecuador en Miami tiene las puertas cerradas y no nos responde"

Están desamparados. Ricardo López González de 72 años de edad llegó a la ciudad de Miami, Estados Unidos, desde Guayaquil, junto a su esposa e hijo el pasado 14 de marzo. Fueron solo por una cita médica de él, pero quedaron varados ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

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Dos días antes de su vuelo de regreso a la urbe porteña, acordado para el 23 de marzo, el aeropuerto de Miami, como el de otras ciudades del mundo, cerró para evitar la propagación de la pandemia dejándolos ‘en el aire’.

“El tiempo en el hotel se nos terminó y pedí ayuda a una amiga que vivía acá y ella nos acogió en su casa”, cuenta a EXPRESO Ricardo desde ese país norteamericano. Así solucionó el hospedaje. Sin embargo no creyó que su estancia se prolongaría, que quedarían atrapado en un país ajeno y lo que es peor, que ante eso, no recibirían ayuda de Ecuador.

“He ido varias veces al Consulado de Miami y está cerrado, con un papelito en la puerta que dicta teléfonos y correos para comunicarnos, pero llamamos y enviamos correos y nadie contesta”, lamenta.

Cuenta que su situación económica empeora y las esperanzas de ser auxiliado por las oficinas diplomáticas de Ecuador en Miami se le desvanecen.

Pero no son los únicos. Jaime de la Cruz, productor audiovisual, junto a su esposa y sus tres hijos menores de edad, experimentan la misma historia. Tienen alojamiento, asimismo, gracias a amigos residentes en New York, donde se encuentra, pero no les toca más, como a Ricardo, que esperar hasta julio por su vuelo comercial. Pues los consulados y embajadas de Ecuador en esa ciudad, tampoco les responden y asegura, como decenas de personas varadas en el exterior, que acceder a un vuelo humanitario es muy costoso.

“A finales de marzo, la persona que dejamos a cargo de un emprendimiento que tenemos en Guayaquil, se enfermó gravemente de coronavirus y murió. Eso nos afectó mucho porque no podíamos viajar. Ahora mis hijos están por iniciar clases y aún no podemos volver, la aerolínea nos ha aplazado el vuelo cinco veces”, narra preocupado.

En las redes sociales Twitter y Facebook, decenas de personas han expresado la misma queja: la falta de auxilio del Gobierno y lo costosos que son los vuelos humanitarios, que como ya lo ha publicado EXPRESO, son costeados por los mismos pasajeros. Según Ricardo, un vuelo humanitario de Miami a Guayaquil cuesta alrededor $ 800 por persona.

“Nosotros tuvimos suerte porque el panorama acá es muy triste para los ecuatorianos. Hay mucha gente a la que se le terminó la plata y que está durmiendo en las iglesias, parques y aeropuertos. Para despejar la mente porque hasta estuve enfermo, retomé mi programa online de entrevistas, que había aplazado por el coronavirus”, detalla Jaime.

Según la Cancillería del Ecuador, desde Estados Unidos se recibe la mayoría de solicitudes para acceder a los vuelos humanitarios que realiza el Gobierno para repatriar ecuatorianos varados. Desde ese país han vuelto, asegura, al menos 5.000 personas.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión indicó a este Diario que esa institución ha recibido al menos 3.000 pedidos de ayuda de ecuatorianos varados en otros países que han mencionado lo mismo. “Las Embajadas y Consulados no nos responden”. Y que ni siquiera han podido sumarse a la lista de los vuelos humanitarios, a los que han recurrido haciendo un esfuerzo económico y endeudándose con las tarjetas de crédito.

Ante esta situación, el abogado y activista por los derechos humanos Jorge Sosa, quien cuenta a este Diario que ha recibido los reclamos de al menos 20 familias ecuatorianas varadas en exterior, que tampoco encuentran respaldos en las embajadas y consulados, indica que prepara una acción de protección y una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, por la vulneración de derechos de los compatriotas estancados.

“Al no contestarles a los ecuatorianos varados ni los consulados, ni las embajadas, y por la forma cómo maneja el Gobierno estos llamados vuelos humanitarios, se están vulnerando  los derechos de las familias y el derecho de trabajar de estas personas, porque no pueden volver a su país a trabajar”, concluyó Sosa.