Una acción de protección para quienes buscan aún los cuerpos desaparecidos

Tras varias denuncias, súplicas y quejas, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para las familias que aún no pueden localizar los restos mortales de sus parientes, que fallecieron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Guayaquil. La medida jurídica fue puesta por la vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira Jurado.

Dos de los casos que ha contado EXPRESO de cuerpos que todavía se buscan, son los de Jimmy Agustín Rivera Arauz, cuyos restos, según la familia, se perdieron en manos del personal del cementerio Jardines de Esperanza cuando iba rumbo a la tumba, el 3 de abril; y el de Ángel Alfonso Almeida Cabeza, quien falleció el 11 de abril en el hospital Luis Vernaza.

Por las dos historias y a fin de saber qué medidas se están tomando para facilitar la búsqueda, este Diario ha enviado una serie de preguntas a las dos entidades implicadas, sin obtener todavía respuestas.

María Antonieta Viteri, viuda de Rivera y esposa de Jimmy, indicó que sigue insistiendo con el personal del camposanto, pero todavía no obtiene luces de lo que sucederá.

En el caso de Almeida, su hija explica que la semana pasada el hospital le informó que se han tomado huellas dactilares a algunos cuerpos que están sin identificar, para ver si uno de esos pertenece al de su padre. Sin embargo, los resultados aún no están listos.

Como estos, hay otras decenas de casos sin respuestas, que han obligado a las familias a salir a las calles para exigir una reacción por parte de las autoridades; como lo ha relatado EXPRESO en sus publicaciones anteriores.

Hoy a través de esa acción de protección, la respuesta parece haber llegado. Y es que con ella, según informa este 6 de junio, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo requiere que -a manera de reparación integral- se ejecuten, dentro de 10 días de declarada la vulneración de derechos, las investigaciones necesarias para determinar la ubicación de los restos mortales.

La Defensoría del Pueblo, reza el documento, solicita que, una vez realizada la diligencia forense, se procesa con la reparación material e inmaterial de parte de la entidad responsable, donde se deberán considerar los valores o gastos incurridos por los familiares durante los días de investigación y búsqueda de la persona fallecida; y, los probables costos por servicios funerarios que se adquirieron y no fueron utilizados por la pérdida del cadáver. Para proceder con dicha reparación material económica, se observará la regla de jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional.

En este contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos solicita, además, la aplicación de medidas pertinentes de rehabilitación y que se ordene la inmediata atención médica y psicológica a los familiares de las personas desaparecidas.

Como medida de satisfacción, la acción de protección establece que cuando cese la declaratoria de emergencia sanitaria y en un término no mayor a 20 días, las entidades responsables deberán efectuar un acto simbólico para pedir disculpas públicas a las familias que no encuentren los cadáveres.

Y como garantía para que no se repita esta situación, el personal, servidores y autoridades vinculados al cumplimiento de los protocolos para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de COVID-19, tanto en el contexto hospitalario como extrahospitalario, deberán ser capacitados a través de plataformas tecnológicas.