La cuota ‘voluntaria’ vuelve a los planteles

El malestar está presente en la mayoría de los establecimientos fiscales de Guayaquil, pero pocos se atreven a decirlo. Algunos lo hacen con recelo y otros piden el anonimato para evitar represalias de los directivos y de las autoridades educativas, que les han prohibido dar información sobre las acciones que se toman al interior de los centros de estudios.

Sin embargo, basta apostarse en el exterior de una escuela o colegio público (donde no se permite el ingreso a los medios de comunicación) para escuchar a los padres quejarse de la cuota ‘voluntaria’ que desde que empezó el año lectivo en el régimen Costa se les está pidiendo, con el fin de realizar mejoras en los planteles o para reemplazar materiales que están obsoletos, como pizarras, marcadores o incluso el mobiliario.

Hay que recordar que en 2008 las ‘contribuciones voluntarias’ fueron eliminadas por el Gobierno, como parte de la gratuidad de la educación pública que está contemplada en la Constitución, así como para evitar cobros indebidos y salvaguardar los bolsillos de los padres de escasos recursos económicos.

Sin embargo, las cuotas han regresado a las instituciones educativas; pero ahora están disfrazadas de ‘actividades voluntarias de autogestión’ que podrán realizar los representantes legales de los estudiantes, a través de los comités de padres, con miras a mejorar los locales, según informaron los voceros de la Subsecretaría de Educación de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, quienes dejaron bien claro que están prohibidas las colectas de dinero entre los miembros de la comunidad educativa.

Y precisamente en este punto surgen criterios divididos. Algunos padres rechazan la autogestión porque aseguran no contar con recursos para apoyarla; mientras que otros la aprueban, con el argumento de que es una forma de contribuir con la educación.

EXPRESO recogió las quejas de varios padres, así como la satisfacción de otros en torno a este tema.

“A veces no tengo ni siquiera para enviar bien desayunados a mis niños a la escuela, peor para hacer una contribución que en algunos casos no es voluntaria sino obligatoria”, señala indignada María Cedeño, una madre soltera que se gana la vida en la calle vendiendo botellas de agua y gaseosas para mantener a sus dos hijos.

La indignación de María surge al conocer que hace 14 años se eliminó dicha cuota que se pagaba al momento de matricular al estudiante. “No entiendo cómo se puede pedir u obligar a dar dinero a alguien que no lo tiene, ya que si yo tuviera recursos mis niños no estarían en una escuela pública”, menciona.

Los hijos de esta mujer se educan en la escuela fiscal Luis Alfredo Martínez, ubicada en la cooperativa Realidad de Dios, de Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad, donde hay 1.060 alumnos matriculados.

Allí, a cada representante se le exigió una ‘contribución’ de $ 10 para construir un pozo séptico, terminar de colocar el cerramiento perimetral y un portón que ofrezca seguridad al local, que en 2021, cuando las clases no eran presenciales debido a la pandemia de COVID-19, sufrió el robo de cables eléctricos y otros implementos.

Ella cuenta que no ha podido dar la contribución y eso le ha originado problemas al niño, que está en cuarto año básico, pues todos los días observa su nombre en una hoja que ha sido colocada en la puerta del aula. En esa lista están los morosos, es decir quienes no han podido entregar la ‘cuota voluntaria’ que se pide a los padres.

“No es justo que se burlen así de los chicos. Ellos no tienen la culpa de que sus representantes no puedan apoyar la ahora denominada autogestión”, subraya Mercedes Rosales, otra madre que no está de acuerdo con esta modalidad que han adoptado los centros educativos.

El pedido de dinero se realiza a través de los comités de padres de cada curso y cuenta con la venia de los directivos de los planteles. No obstante, cuando se les pregunta sobre dichos cobros, ellos se deslindan de responsabilidad en el proceso, precisamente porque conocen que los pagos no son obligatorios, aunque en muchos casos se presiona para que los representantes ‘colaboren’.

Pero no todos rechazan este panorama. Por ejemplo, Roxana Morán, madre de familia de la Unidad Educativa José Martí, del sector Monte Sinaí, manifiesta que si el Gobierno no tiene suficiente dinero para arreglar la infraestructura de los locales en mal estado, los padres deberían contribuir para que sus hijos tengan un espacio en buen estado para recibir educación.

“Creo que debemos hacer un esfuerzo para conseguir los 10, 20 o 40 dólares que debemos entregar en el transcurso del año lectivo. Estoy segura de que serán bien invertidos porque nosotros estamos vigilando que eso se cumpla”, remarca.

Carlos Benítez, padre de dos estudiantes del colegio Martha Bucaram de Roldós, en la ciudadela del mismo nombre, coincide con Morán al señalar que todo esfuerzo es poco cuando se trata del bienestar de los hijos. “Desde que se inició el ciclo escolar estoy cancelando poco a poco los 40 dólares que pidió el comité para la construcción de una cancha deportiva. Es justo que ellos tengan un lugar bonito para recrearse”, sostiene.

Pero Marisol Ramírez, madre de familia del colegio Vicente Rocafuerte, rechaza la medida. “La educación fiscal es gratuita y el Estado tiene la obligación de ofrecer un buen ambiente para que los estudiantes puedan desarrollar su proceso de aprendizaje. Nadie tiene que obligarnos a dar dinero que no tenemos”, exclama.

En este colegio, ubicado en el centro de la ciudad, los padres deben aportar 15 dólares para la compra de pizarras acrílicas.

La mayoría de los establecimientos fiscales del Puerto Principal quedaron olvidados durante los dos años que los alumnos no asistieron a sus instalaciones porque estaban recibiendo clases desde casa. Esto originó el desmejoramiento de la infraestructura y muchas pérdidas por el robo de parte del mobiliario.

Ahora los padres están pagando la factura.