Ser Bachiller: La Defensoría del Pueblo pedirá información al Ineval sobre prueba

Más de 150 personas entre estudiantes y padres de familia de diferentes colegio de la ciudad acudieron, este lunes 27 de enero de 2020, a las instalaciones de la Defensoría de Pueblo, para pedir que intervenga en el inicio de acciones que permitan la eliminación de la prueba Ser Bachiller que, según señalan, está perjudicando el futuro universitario de miles de jóvenes.

Los demandantes llevaron diplomas, medallas e incluso las bandas de abanderados y escoltas que se han ganado a lo largo de su trayectoria estudiantil, lo cual los acredita como excelentes estudiantes. Sin embargo, en el examen que rindieron el lunes pasado, obtuvieron un bajo  número de aciertos que podría impedir su ingreso al sistema de educación superior.

Tanto padres como estudiantes pidieron que se elimine la prueba. Insisten que esta se filtró y benefició a quienes la rindieron a partir del martes en adelante, ya que esos obtuvieron un mayor número de aciertos.

Además, mencionan que las preguntas de la prueba no están acordes con lo que ellos han visto durante su vida estudiantil y que las preguntas del simulador oficial, con el que se prepararon, no tenían relación con las de la evaluación.

Los padres y estudiantes fueron atendidos por Mirelli Icaza, coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo, quien escuchó sus reclamos y se comprometió a solicitar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), la información respecto a los resultados de las pruebas que se tomaron, el nombre de los alumnos que la dieron, los horarios, la metodología de calificación y el mecanismo para establecer qué preguntas se tomaron.

La idea, dijo, es establecer si hubo diferentes formatos y si varió de acuerdo al día y grupo.

“Esto nos permitirá tener una idea y analizar si existe o no vulneración de los derechos y si se expuso a los estudiantes a una situación inequitativa que puso en ventaja a unos chicos sobre los primeros que dieron la prueba”, explicó la funcionaria, al señalar que el análisis de este tema será prioritario y que la posición de la entidad se dará a conocer en coordinación de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

“Si encontramos que hay vulneración de derechos y las autoridades administrativas no deciden restituir aquello o no deciden modificar sus actuaciones para poder incluir en la educación a estos estudiantes, accederemos a instancias judiciales para obtener una sentencia de un juez que ordene cuáles son las medidas a tomarse para no afectar a los estudiantes y garantizar su derecho a la educación”, enfatizó.

Reconoce que el tiempo es corto (el 26 de febrero se conocerán los resultados de la prueba) y que aquello es una preocupación de los padres; sin embargo, dijo, esto se lo hará de una forma responsable, pero con el compromiso de darle una atención prioritaria al caso.

Las quejas de los padres fueron depositadas en una matriz que abarcará la información pertinente. “Si existe vulneración de derecho, la acción debe ser inmediata”, recalcó.

El examen, que sirve para graduarse en el colegio y postular para carrera en sistema de educación superior, se tomó del 17 al 23 de enero pasado, en el régimen Costa, a un total de 271.296 sustentantes a nivel nacional, de los cuales 169.347 son estudiantes que están cursando el tercero de bachillerato y 101.949 graduados de años anteriores.

Desde la tarde del lunes pasado, cientos de estudiantes de tercero de bachillerato levantaron voces de protestas por una supuesta filtración de preguntas, lo que habría beneficiado a quienes rindieron la evaluación en los días posteriores. Según dijeron, el lunes hubo pocos aciertos, a diferencia del martes, que estos fueron el denominador común.

El malestar de los jóvenes fue compartido por el líder del partido CREO, Guillermo Lasso, quien utilizó su cuenta de Twitter para señalar su compromiso de eliminar la Ser Bachiller, porque causa graves problemas a los estudiantes y sus familias.

Padres de familia, también, se han manifestado en contra de la evaluación y han insistido en que se la anule y reprograme.

Rectores de colegios y expertos educativos han planteado que la prueba se suprima y que sean los colegios los que la tomen para graduar al estudiante y que cada universidad formule su propio examen de ingreso, dependiendo de las habilidades que pretenda medir en cada estudiante.

A criterio de ellos, debería existir un examen verdaderamente justo y equitativo que mida realmente lo que el chico ha aprendido en su vida estudiantil.

Edwin Palma, director general del Ineval, anunció que la prueba no será reprogramada.

Los resultados del examen representan para el bachiller el 30 % para la nota final de grado (el resto incluye el promedio de los años de básica y de bachillerato) y un 60 % para acceder a la universidad (el resto corresponde al promedio por la trayectoria académica en el colegio).