Un intento más para detener los delitos en Socio Vivienda
Hacer operativos una vez a la semana es parte del nuevo plan. Los habitantes no confían en que algo cambie.
Gritos, llantos y palabras obscenas se escuchan hasta el exterior de una casa del barrio. Adentro, la policía lidia por aprehender a una sospechosa de tenencia de drogas. Afuera, en cambio, las risas sarcásticas solo reflejan la normalización del delito y la falta de confianza en que algo cambie. Son las 10:00 del miércoles 12 de febrero en el sector ‘La Barraca’ de Socio Vivienda 2, y esta es una ‘cirugía’ más de las tantas que el Gobierno le ha hecho a la zona para evitar que la abyección socave más en su población.
“Ya estamos acostumbrados a esta situación. La Policía comete un error porque, claro, ahora hay policías, pero se van los medios (de comunicación) y no se ve uno (policía)”, manifiesta Dieter Sánchez, uno de la veintena de vecinos que pululan en los alrededores, mientras observan el operativo.
La mañana de ayer, la receta de la Policía Nacional incluyó un megaoperativo en el que participaron 500 policías, canes y un helicóptero. Según el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, la diferencia es que esta vez se ejecutarán operativos semanalmente y de forma permanente. Además, explicó que se colocarán contenedores de atención policial rápida, luego de que se haga un estudio de inteligencia que determine la ubicación de los puestos. “Ya lo hemos implementado en Chongón, y ya llevamos tres semanas donde han bajado los niveles delincuenciales”, sostiene.
Respecto a la diferencia en el número de operativos que se realizaban antes en Socio Vivienda y los que se hacen ahora, Duart dice que solo responde por lo que ha hecho durante su gestión. Aunque desde la visión de sus habitantes, el ofrecimiento de dotarlos de mayor presencia policial ha sido de siempre.
“Está muy bien que vengan, a mí me pone contenta cuando intervienen. Lo lamentable es que es de repente. Solo llegan cuando ya ha sucedido todo. Hasta la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) pasa abandonada”, comenta entre dientes ‘María’ (nombre protegido), quien asegura que si la ven hablando, la matan.
El comandante de la Zona 8, Víctor Araus, sin embargo, insiste en mejorar la presencia policial en un sector donde sobresalen el robo a personas y el microtráfico de drogas. “Que quede claro: esta será una intervención permanente. No es que venimos ahora y luego no volvemos a aparecer. (...) Las intervenciones continuas son las que van a generar el cambio”, afirmó la autoridad.
La intervención de ayer estuvo focalizada en ocho manzanas de Socio Vivienda, que han sido identificadas como las de mayor conflicto. Además se efectuó el desalojo, mediante una resolución de reversión, de cinco casas, debido a que eran usadas para fines ilícitos. Participaron miembros del Grupo de Operaciones Especiales, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, la Dinapen, la Policía Preventiva, Aeropolicial, Caballería, Policía Judicial y Antinarcóticos.
“Hemos identificado casas donde están viviendo personas que tienen antecedentes penales, que van ser retiradas para beneficiar con esas casas, a través del Miduvi, a las personas que más lo necesitan”, dijo el gobernador del Guayas, @PedroPabloDuart pic.twitter.com/vGmaGmdIdx
— Diario Expreso (@Expresoec) February 12, 2020
- Se desalojó a cinco propietarios de viviendas
El operativo también dejó como resultado el desalojo de cinco propietarios de viviendas que hacían un uso inadecuado de ellas, entre esos fines ilícitos.
Según María José Carvajal, coordinadora del Ministerio de Desarrollo y Vivienda (Miduvi), cuando se entregaron las casas los beneficiarios firmaron el compromiso de acogerse a las condiciones de buen uso de la vivienda. Por tanto, a quienes incumplieron se les está siguiendo un proceso administrativo de reversión del inmueble.
En otras palabras, se les retira el título de propiedad, para dárselo a otra persona. Hay una lista de 1.000 postulantes a acceder a una casa, detalló Carvajal.
“Esto se da ya sea porque la ha alquilado o cedido a terceros, o porque se cometen actos ilícitos dentro de esa vivienda”, precisó la funcionaria. El año pasado hubo 24 reversiones.
El artículo 55, del acuerdo ministerial 27-15 establece que en el caso de “comprobarse que la vivienda entregada no está siendo habitada por el beneficiario, o miembros de su grupo familiar no han dado buen uso a la vivienda, o se han perpetrado actos contra las buenas costumbres, el buen vivir o la ley”, se procederá a notificar al beneficiario, quien tendrá diez días para exponer los motivos de su inobservancia.
Según el artículo 61 del mismo acuerdo, la Dirección Provincial enviará el expediente del proceso de devolución del bono, para que la coordinación zonal inicie la demanda.
