Metropolitanos podrían detener a microtraficantes de droga: tres expertos opinan
La nueva Ley Orgánica Contra el Consumo y Tráfico de Drogas da esa potestad a la fuerza municipal. Conoce todos los detalles de esta propuesta
Los policías metropolitanos en Guayaquil y los agentes municipales del resto de ciudades de Ecuador podrían detener a los traficantes de drogas. Así lo establece la nueva Ley Orgánica Contra el Consumo y Tráfico de Drogas en el país. Una normativa que ya fue aprobada por la Asamblea en los primeros días de este mes (junio) y que ahora está en manos del presidente Lenín Moreno quien debe aprobarla, sancionarla u objetarla hasta la segunda semana de julio de 2020.
El proyecto fue una propuesta del asambleísta Héctor Yépez, quien es el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Decentralización, con el objetivo de reducir el consumo de estupefacientes en los niños y jóvenes.
La nueva normativa establece que los Gobiernos Autónomo Descentralizados (GAD) determinen y delineen políticas de prevención de consumo. Entres esas, los municipios pueden hacer uso de su fuerza, a través de los agentes municipales, para detener flagrantes a los traficantes de estupefacientes.
¡Buena noticia para las familias! Hoy aprobamos #LeyPrevenciónDrogas:
— Héctor Yépez (@HectorYepezM) June 4, 2020
🔴 TODO lo incautado al narco irá a prevenir y tratar adicciones
🔴 Prohibido consumo en lugares públicos
🔴 Más control a microtráfico en escuelas y colegios
🔴 Incentiva prevención y educación en valores
OPINAN LOS EXPERTOS
Si bien la intención es noble, la ley podría provocar un problema extra al consumo de estupefacientes y al microtráfico: el abuso de la fuerza. Lo dice el jurista y activista por los Derechos Humanos Jorge Sosa, quien rechaza esa parte del proyecto donde se le da una nueva facultad a los agentes municipales, porque además señala que los municipios no son órganos penales ni forman parte de la administración de justicia.
“Se entiende que la ley es para combatir el tráfico de drogas, pero que se le dé esa competencia a los agentes municipales no encaja en el marco legal, porque ellos no forman parte de la fuerza del orden público, según la Constitución. Se les estaría dando una labor que es de la Policía”, menciona.
Sosa señala que esta parte de la ley es cuestionable porque en ciudades como Guayaquil y Quito, a menudo se registran abusos de poder y de la fuerza por parte de los metropolitanos, tal como se han evidenciado en decenas de videos viralizados en redes sociales en los últimos años.
El abogado aclara que el problema en los municipales, para tomar esa competencia radica en la falta de preparación. “Se les está dando una competencia que es muy técnica, que se puede prestar al abuso. Por ejemplo, cómo puede saber el agente municipal si realmente está frente a un delito de tráfico o de tenencia o posesión; y si realmente la sustancia que tiene es cocaína, marihuana o harina”, explica.
Con él coincide el abogado Luis Eduardo Franco, experto en legislación. Él menciona que el detener a los microtraficantes en las calles, barrios, fuera de los colegios y en todos los lugares donde estos operen, es competencia de la Policía Nacional, ya que los municipales no han sido preparados para aquello. “Es jurídicamente y técnicamente inviable”, cuestiona.
Este experto cree que basta con utilizar políticas públicas de prevención de consumo, a través de la educación y acceso a oportunidades. “ El microtráfico es un síntoma de exclusión social producto de las desigualdades estructurales y no de la carencia de leyes sancionadoras”, enfatiza.
El abogado Carlos Medina, director de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, coincide. Indica que constitucionalmente solo la Policía es responsable del orden interno, aunque precisa que legalmente cualquier ciudadano puede detener a quien cometa un delito, entregarlo a la policía, que a su vez lo pone a la orden del juez competente.
La nueva ley prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos y establece que los municipios puedan sancionar este hecho con multas, trabajo comunitario y otras sanciones. También demanda la ubicación de cámaras de vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas para evitar el expendio a los estudiantes; y propone la creación de un fondo nacional para la prevención de drogas, donde irán dinero y bienes incautado por narcotráfico. Los fondos serán usados para campañas de prevención.
Ante este último escenario, Sosa advierte que hay que tener cuidado en la incautación de bienes producto por narcotráfico, porque hay muchos casos contra Ecuador, cuenta, que ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han tenido que devolver los bienes incautados.
