La doble cara de los uniformes de las autoridades afecta a la ciudadanía

Ocho de octubre de 2024. Diez hombres, vestidos con ropa militar y armados con fusiles, llegaron en dos vehículos a la segunda etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán, Guayas. Se dirigieron a un grupo de personas que se encontraba en el exterior de una vivienda, los requisaron y, minutos después, los ejecutaron. Este falso operativo dejó cinco muertos.

16 de noviembre. Otro grupo de hombres, también vestidos con ropa de camuflaje similar a la de las Fuerzas Armadas, llegó en medio de un apagón a una cancha de las llamadas ‘casas colectivas’ de la calle Gómez Rendón, entre avenida del Ejército y José Mascote, en el centro-sur de Guayaquil. Abordaron a varias personas presentes en el sitio, las forzaron a ponerse contra la pared y las ejecutaron.

Desde enero de este año, en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa como parte de la lucha contra el crimen organizado, la presencia de uniformados en las calles del país ha aumentado. Sin embargo, esta mayor visibilidad también ha sido aprovechada por los criminales que se disfrazan de militares o policías para pasar desapercibidos mientras cometen delitos.

Este tipo de prácticas delictivas generan confusión y temor en la población, que enfrenta el difícil reto de distinguir entre un verdadero servidor público y un sicario disfrazado.

Ante esta situación, expertos en seguridad, criminólogos y defensores de los derechos humanos han señalado que la falta de control y la inacción de las autoridades están dejando a la población vulnerable. Según estos expertos, estas omisiones afectan gravemente la seguridad de los ciudadanos, dejándolos en un estado de indefensión.

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Kléber Carrión, experto en seguridad y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), advierte que el uso indebido de prendas policiales y militares facilita la comisión de delitos graves, como robos, invasión de domicilios y asesinatos.

“Este abuso afecta la credibilidad de las instituciones y deja a la ciudadanía vulnerable. Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de estas prendas, no regula su producción ni comercialización”, comenta.

Carrión subraya que el acceso irrestricto a uniformes y equipamiento genera oportunidades para su uso ilícito, pues cualquier persona puede fabricar y vender estos artículos sin ninguna restricción.

María del Mar Gallegos, especialista en Derecho Penal y Criminología, indica que la pérdida de confianza en las instituciones policiales y militares es consecuencia de la corrupción y la infiltración del crimen organizado dentro de estas entidades.

“La ciudadanía enfrenta una crisis de confianza. Es difícil confiar en un sistema de justicia y seguridad cuando los delincuentes cometen crímenes graves, como asesinatos y robos, usando uniformes policiales o militares que han sido robados o adquiridos ilícitamente”.

Gallegos señala que esta situación genera un clima de desconfianza y temor, pues los ciudadanos no saben si están frente a un verdadero agente de la ley o a un criminal ‘camuflado’.

“Es urgente investigar cómo los delincuentes obtienen estos uniformes y equipos oficiales. Si estos se filtran desde dentro de las instituciones, ya sea por robo, corrupción o reventa, esto evidencia una grave falla en los sistemas de control y seguridad interna, lo que compromete aún más la confianza pública en las fuerzas del orden. Se requiere una respuesta inmediata y contundente”, alerta la experta.

Desde el punto de vista legal

Desde el punto de vista del Derecho Penal, Gallegos precisa que el uso de uniformes oficiales por parte de delincuentes constituye una agravante que debe sancionarse con la máxima pena posible. “Este tipo de delitos no solo afectan a las víctimas directas, sino que también socavan la percepción de autoridad y credibilidad de las instituciones”, subraya.

Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas de Ecuador y exdirector de Inteligencia del Ejército, destaca que el problema central radica en la falta de supervisión y control sobre los proveedores de equipos militares y policiales en el país. “Estas prendas especializadas no cuentan con una regulación adecuada, lo que permite su comercialización sin restricciones. Las instituciones encargadas de la seguridad deberían exigir permisos más estrictos para la distribución y venta de estos equipos. Se debería retomar una medida adoptada hace 14 años que permitía la confiscación de prendas a quienes no pudieran justificar su posesión”, sugiere.

Además, Pazmiño enfatiza la necesidad de rastrear y monitorear las redes de distribución, ya que los delincuentes utilizan uniformes policiales y militares para ejecutar sus planes sin levantar sospechas.

Para Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes en la actualidad es disfrazarse de policías y militares para pasar desapercibidos mientras cometen crímenes. “Esto genera confusión y temor en la ciudadanía, ya que no pueden distinguir si están frente a un verdadero servidor público o a un delincuente. El problema radica en que, durante los operativos, los procedimientos de los uniformados a veces se asemejan a los de los criminales, lo que obstaculiza la confianza ciudadana. Idealmente, debería establecerse claramente el cargo, la finalidad de la operación y las circunstancias bajo las cuales se actúa, según lo estipulado por la ley”, sostiene Bastías.

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