El guayaquileño, inconforme con la escasez en la educación

La percepción de la educación, seguridad y transporte público en el Puerto Principal es negativa para los estudiantes, según una encuesta realizada por la Universidad Casa Grande (UCG). Dieciséis alumnos de la facultad de Ciencias Políticas y Derecho ‘Francisco Huerta Montalvo’ desarrollaron un informe de diagnóstico social para determinar los desafíos que enfrentan los ciudadanos en su calidad de vida y su economía.

Diego Concha, estudiante de Ciencias Políticas e integrante del grupo investigador, habla con EXPRESO y comparte los resultados que encontraron. “El proyecto se resume como un informe que define diversas problemáticas sociales, entre ellas educación y seguridad, que afectan el desarrollo de la ciudad. Abrimos una encuesta a 300 personas elegidas de manera aleatoria para determinar estas preocupaciones. Complementamos el trabajo con ocho entrevistas a actores de la sociedad civil para conocer sus puntos de vista, y percibir el presente y futuro de la ciudad”, detalla.

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Concha asegura que el trabajo buscó conocer cuáles son las soluciones que han tratado de implementar el Municipio de Guayaquil, el Gobierno Nacional, las organizaciones no gubernamentales, así como la Policía.

“Tuvimos una gran recepción y aprecio por el trabajo realizado, tanto por la Red de Vinculación Universitaria como las organizaciones de la sociedad civil que se involucraron. Finalmente firmamos un documento en el cual cedimos y entregamos la información para que pueda ser utilizada para diversos proyectos y la realización de nuevas investigaciones. Aunque al día de hoy conozco que lo usan como base de distintas investigaciones”, indica.

¿Qué arrojaron los resultados? 

Entre los resultados que se encontraron consta que la percepción del desarrollo de la educación en Guayaquil tiene un 7,7 % de aceptación, mientras que un 66 % de encuestados lo consideran negativo. Un 26,3 % dijo no estar seguro.

La ciudadanía colocó como prioridades de mejora en este apartado: la seguridad en un 41,7 %; facilitar los recursos escolares (uniformes, libros, alimentación) en un 22,7 %; y de tener mejores condiciones laborales, en el caso de los docentes, en un 18,7 %.

Jéssica Murillo es docente de un colegio público del norte de Guayaquil y manifiesta que los recursos dentro de las instituciones estatales son escasos. “De mi dinero tengo que sacar copias para darles a mis estudiantes. No tienen libros, ni material pedagógico. Hay un descuido también en la infraestructura de la escuela, y los que administran tienden a no preocuparse de hacer las gestiones respectivas para que esto mejore”.

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Mario Pacheco, profesor de un colegio ubicado en el sur, coincide, pues asegura que la escasez de recursos es evidente. “Los estudiantes además sufren por la falta de servicios básicos, que causan malos olores. No hay tecnología que permita para ellos un mejor aprendizaje. Pobreza es lo que prima en algunas instituciones”.

En cuanto a la percepción del sistema de salud pública, otro temas que preocupa al guayaquileño, un 75,3 % cree que el servicio que se otorga a los usuarios es negativo. Pero un 49,3 % estima que este podría mejorar si hay suficientes medicinas e insumos hospitalarios, que es una de las quejas recurrentes de los pacientes, como lo ha venido publicando EXPRESO. Otro 19,3 % apunta a mejorar el servicio con más personal médico.

A fin de tener un conocimiento mayor de los problemas que afectan a la ciudadanía, en la investigación de campo los alumnos trabajaron de la mano de organizaciones como Hogar de Cristo, Techo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros.

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“Las oenegés descubrieron otras problemáticas como la falta de una respuesta por parte del gobierno local para dar solución a los problemas de infraestructura urbana y de planificación territorial. En temas de salud y educación, se nota una respuesta limitada por parte del Gobierno central, especialmente en el abastecimiento de insumos médicos y en la deserción escolar”, analiza Jéssica Quintana, directora general de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad de la UCG, quien hace hincapié en que las oenegés también hablaron de esa ausencia de políticas públicas para solucionar los problemas en el Puerto Principal, entre ellos la inseguridad.

¿Cómo contrarrestar los problemas detectados? 

Algunos miembros dijeron notar un retroceso en los derechos laborales, escenario que, a decir de Quintana, podría contrarrestarse con mayor inversión en programas sociales y políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad, la violencia y el desempleo.

Quintana destaca que existen recomendaciones por parte de los estudiantes investigadores, que invita a que sean acogidas por los organismos competentes. “Se debe invertir en educación para garantizar un futuro próspero. Existe un gran número de estudiantes que son reclutados por bandas, esto puede disminuir a través de programas estatales. Es importante fortalecer además las instituciones de seguridad para garantizar el bienestar social desde un enfoque preventivo. De no mejorarse, aumentarán la pobreza, la violencia y la exclusión social. Finalmente, la falta de inversión en el área de la salud compromete a futuro el bienestar de la población, perpetuándose las desigualdades sociales”, concluye.

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