Una estocada final a los expresos

Una de cal y otra de arena. Las esperanzas que nacían en la transportación de servicio escolar, con el regreso progresivo a clases presenciales, quedaron enterradas -al menos- este año lectivo.

La variante ómicron de la COVID-19 terminó por liquidar esas expectativas que tenía el gremio, para levantarse de la crisis económica que vienen arrastrando desde inicios de 2020, por las medidas que se tomaron para evitar un mayor contagio en la población.

“Estábamos con el tema de la reactivación, ya la ministra nos había autorizado, estábamos listos y preparados con todas las medidas de bioseguridad, pero ayer (martes 30 de noviembre) nos dan otra noticia: que ya no va la presencialidad, por lo tanto, ya no se da el retorno obligatorio y el transporte escolar estamos mal, muy mal”, recalca Elizabeth González, de la operadora Elmianki.

Detalla que de las 79 unidades que prestan servicio en la cooperativa, solo el 25 % está trabajando y a medias, lo que representa una pérdida tanto para la operadora como para el dueño del carro y conductor, pues deben enfrentar también gastos.

“Me acaba de enviar el señor que me hace el cambio de aceite al vehículo y me dice que la caneca que yo le pagaba a 85 dólares, ahora me va a tener que subir a 105 dólares. Sube el combustible, sube el mantenimiento, sube todo y nosotros a medias; y tratando de ofrecer en un lado y otro el servicio, pero no podemos más”, señala la transportista.

A ese lamento se suma Eduardo Salazar, quien lleva 40 años brindando el servicio de expreso escolar. Igual que sus compañeros estaba feliz de desempolvar el carro y reactivarse económicamente. “Estaba tan contento porque me llamaron los padres de 9, 10 niños y con eso me decía: ‘Se me compone todo’. Daba gracias a Dios, pero ayer (martes, con el anuncio de la suspensión de la presencialidad a clases) se vino abajo todito”, comenta el transportista al sostener que es la primera vez, en las cuatro décadas dedicadas a esta labor, que le ha tocado pasar por una crisis así.

Actualmente, con los primeros estudiantes que regresaron a los colegios, apenas le brinda el servicio a cuatro niñas. Pero, por la situación general que vive el país, la institución para la cual trabaja les redujo el monto de la mensualidad, en relación con lo que cobraban en 2019. “Si cobrábamos 75 dólares, ahora nos dijeron que cobremos un mínimo de $ 55”, revela, lo que se merma por la poca cantidad de estudiantes que trasladan, ahora.

Ese número de alumnos y la tarifa solo le representan una ganancia de 80 dólares mensuales. “Diario son 6 dólares de combustible que gasto”. Considera que más que ganancias son pérdidas las que tienen. No buscan otro lado para dar el servicio, porque asegura que perderían el puesto que tienen en la entidad educativa.

La situación ha llevado que solo estén trabajando apenas 10 expresos para trasladar de sur y norte. “Tenemos expresos del norte con capacidad para 27 a 30 pasajeros, pero solamente van dos alumnos. Igual se mueve por no perder el puesto”.

Con el último anuncio que dieron las autoridades, como parte de las medidas que tomaron por la aparición en otros países de la ómicron, Salazar y sus compañeros están viendo qué hacer, porque detrás de ellos también hay familias.

Tanto él como Elizabeth no quieren exponerse tampoco a brindar servicio de transporte público, como así lo autorizó la alcaldesa Cynthia Viteri ante la paralización parcial de los transportistas urbanos. “Nos arriesgamos nosotros o cualquier persona que sea víctima de alguna situación delictiva, todo eso tenemos que controlar. Antes, uno trabajaba en la madrugada, pero ahora nos limitamos por esa situación y preferible no salimos a esas horas. Por todos lados estamos fregados”, recalca Elizabeth.

• Madres, entre la inseguridad y economía

Si bien, la mayoría de estudiantes celebró el regreso a clases presenciales para ver nuevamente a sus compañeros, sus padres son los que deben ahora enfrentar dos cosas: la movilización y la inseguridad.

Desde el pasado lunes 29 de noviembre, Glenda Catagua ha optado por acompañar a su hijo de 15 años, quien cursa el primero de bachillerato, por el tema de la delincuencia. “Me preocupa mandarlo solo. Lo dejo que vaya a clases y me quedo esperando hasta que sale”, menciona como medida que adoptó con su esposo no solo por la inseguridad, sino porque no tienen ahora los 30 dólares mensuales que antes pagaban en expreso.

Sandra Naranjo y Cristina Venegas hacen lo mismo, aunque ellas preferirían pagar un expreso por el tiempo que deben esperar y el trabajo que deben cumplir.

Pero aseguran que no han podido conseguir transporte escolar. “Los amarillos que suelen hacer aquí no están dando el servicio. Solo sabemos que no están trabajando”, menciona Sandra al recordar que ella pagaba 35 dólares mensuales y preferiría seguirlo haciendo. “Vengo de la San Eduardo, cojo dos colectivos: la metro y un bus, viene a salir casi lo mismo porque los colectivos no están cobrando la tarifa de estudiantes y con la metro pago la tarifa normal (...) con expreso sería menos y menos cansado para uno”, considera la madre. Así también lo cree Cristina, a quien se le hace complicado llevar a su niña por el trabajo. Sin embargo, la falta de alimentadores en el sector donde vive, en Mapasingue, y la presencia de consumidores de drogas camino a su casa, la obligan por seguridad a acompañar a su hija.