El fracaso de la aerovía, en la puerta del arbitraje internacional

Las empresas Poma S. A. S. (Francia) y Sofratesa Inc. (Panamá), que conforman el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, solicitaron un arbitraje internacional contra el Municipio de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) por el “incumplimiento de sus obligaciones” en virtud del contrato de alianza estratégica, tras el inicio de la fase de operación del sistema de la aerovía.

La solicitud llega en medio del silencio municipal y de la administración del sistema aerosuspendido, que no respondieron a este Diario la consulta sobre el señalamiento que las compañías efectúan en la solicitud, a la que EXPRESO tuvo acceso.

El documento tiene trece páginas y está fechado el 8 de diciembre de 2021. Este Diario conoció de su existencia estos días gracias a una fuente cercana a la administración de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que prefiere no ser mencionada, por su seguridad.

El consorcio solicita el inicio de un procedimiento arbitral conforme al Reglamento de Arbitraje, por incumplir el contrato de alianza estratégica del 8 de septiembre de 2017.

Señalan a las entidades de no promover el uso del sistema de la aerovía por parte de los usuarios, de no protegerlo de la competencia con otros medios de transporte, al no tomar acciones ante las actividades ilícitas de ciertos operadores de transporte “que compiten ilegalmente con el sistema”.

Déjà vu. En 2020 la ATM estaba desesperada por sacar a los taxirrutas de Durán del centro de Guayaquil, algo que no pudieron lograr por la presión de la comunidad del cantón vecino, que tomaba como una imposición arbitraria el que quieran acorralarlos a usar la aerovía, que duplicaba su tiempo de viaje en algunas situaciones, como para quienes viven en El Recreo. Sí se cambiaron, en cambio, algunas rutas de buses urbanos.

• El contrato. El acuerdo de la alianza estratégica contempla “contribuir a la promoción, difusión y utilización por parte de los usuarios, para mantener el equilibrio económico del contrato”.

• Se señala que ante “causas extraordinarias, imprevisibles y sobrevinientes, se definirán rutas y frecuencias de transporte terrestre que no compitan de manera directa con el sistema”.

La ejecución de la obra de la aerovía dejó a la ciudad una deuda con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) de $ 114 millones por 20 años, es decir el 85 % del costo total. El consorcio formado por Sofratesa Inc. y Poma S. A. S., en cambio, puso solo el 15 % ($ 20 millones). Eso sí, bajo su propio riesgo y con el plus de que cada centavo de la rentabilidad pasaría directamente a esas empresas y no tendría que reconocer ninguna ganancia para Guayaquil.

Era un cuento de hadas para los empresarios con esa inversión tan mínima, pero se les desinfló el sueño cuando empezó a pasar todo lo que EXPRESO publicó antes, durante y después de la inauguración de la aerovía, en voces de decenas de especialistas: el sistema no sería sostenible, no es un medio de transporte práctico para los duraneños y no tendría la proyección de pasajeros esperada por estos motivos. Esto es, 40.000 al día, por un costo de $ 0,70. Esto, por supuesto, fuera de las repercusiones implícitas de la pandemia.

Hoy, el consorcio quiere su inversión de vuelta. Las compañías terminan su argumentación con pedidos puntuales al tribunal que será constituido en el procedimiento arbitral: que declare que el Municipio y la Autoridad de Tránsito y Movilidad han incumplido con sus obligaciones, que ordene la terminación anticipada del contrato y que ordene a los demandados pagar en partes iguales el monto de $ 20,3 millones, es decir su 15 % de inversión.

El administrador del sistema, Camilo Ruiz, no responde a este Diario sobre la situación financiera actual (ni sobre la solicitud de arbitraje), al igual que el Municipio y la ATM; pero esta semana dio una entrevista a otro medio local y contó que este 2022, dos años después de entrar a operar, los pasajeros diarios apenas llegan a 8.000, y que este registro corresponde a 2.000 menos que en 2021. Una aerovía a pique que hoy está a punto de entrar a litigio internacional.

El llanto por el fracaso de la aerovía llegó en oficios. Poma y Sofratesa afirman haber hecho “varios recordatorios” a los demandados, “por no haber tomado medidas para remediar esa situación”.

Recorren, fecha a fecha, todos los oficios enviados a la Municipalidad y la ATM sobre este particular: “27 de enero, 3 de febrero, 19 de marzo, 7 de abril, 10 de mayo de 2021, 15 de junio, 6 de agosto y 30 de septiembre del 2021…”.

En septiembre de 2021, las compañías invitaron a los demandados a iniciar un diálogo directo para intentar encontrar una solución amistosa a la controversia suscitada. No hubo respuesta, señalan en el documento. Este Diario supo por una fuente de dentro del Cabildo que, pese a que la solicitud tiene ya más de un año, no hay nada aún. “No hay árbitro designado del lado del Municipio”, reveló la fuente.

Además de los $ 20,3 millones, también solicitan el pago en partes iguales por concepto del reembolso de los costos de terminación y de la indemnización de los daños y perjuicios, los intereses poslaudo hasta la fecha efectiva del pago y todos los costos y gastos incurridos en el presente arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos de abogados y peritos, honorarios y gastos del tribunal arbitral, los costos de la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, más los intereses correspondientes. 

• Antecedentes. Ya hubo otros arbitrajes

El arbitraje es un método para la solución alternativa de disputas a través del cual se resuelven controversias que tienen algún elemento internacional, sea, por ejemplo, la nacionalidad de las partes del domicilio en diversas jurisdicciones, la existencia de una controversia transfronteriza o el acuerdo de las partes que de someterlo a un foro internacional, explica a EXPRESO el experto en este tema, árbitro internacional y socio de la firma Robalino, Javier Robalino.

Dice, además, que no es la primera vez que un Municipio ecuatoriano es parte, como demandado, de un caso de este tipo. “Los casos más recientes tienen relación a proyectos como el tranvía de Cuenca y, hace algunos años, uno relacionado a la concesión de agua de Guayaquil y al aeropuerto de Quito”.

Roberto Calderón, experto en delitos contra la administración pública, consultor y exjuez de garantías Penales, dice que una vez expedido el laudo arbitral, solo cabe el recurso de nulidad. “Si el condenado a pagar no lo hace, se ejecuta forzosamente la sentencia ordenándose el embargo de bienes, bloqueo y retención de dinero en las cuentas”, advierte.

La duración de un arbitraje dependerá de la de la reglas aplicables, explica Robalino. “Un arbitraje internacional tendrá una duración promedio de tres a cuatro años hasta la expedición de laudo. Sin embargo hay casos cuya duración es mayor”.

• Andrés Roche: “El consorcio debe mejorar su sistema de boletería y facilitar recargas”

Roche fue uno de los principales promotores del sistema aerosuspendido

Andrés Roche fue gerente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad y uno de los principales promotores del sistema aerosuspendido. Sin embargo, salió del cargo antes de su inauguración y esgrime este argumento al ser consultado sobre la solicitud de arbitraje internacional.

Como abogado, sostiene que la solicitud del mismo “es un recurso válido según las normas internacionales y las normas del contrato”.

Como exgerente de la ATM, explica que es el operador quien tiene la obligación de hacer todo lo necesario para captar usuarios promocionando el sistema. Esto aunque reconoce que todavía hay sistemas ilegales de transporte que son tolerados ante la necesidad, realidad y circunstancias particulares de la población de Durán. “Me refiero al taxirruta, que ya ahora no solo es amarillo sino cualquier carro”.

Se estima que esta flota bordea los 600 automotores. Cada uno traslada a unos tres pasajeros en promedio de forma directa hasta Durán, por $ 1,5. Según los registros de la ATM, hacen hasta seis vueltas. Esto es, más de 10 mil pasajeros al día.

Roche reconoce que además hay fallas. “El consorcio debe mejorar su sistema de boletería y facilitar recargas. No imponer, sino promocionar, así como también tener políticas de bajas tarifas en horarios especiales y campañas publicitarias sobre las ventajas” del sistema.