Fundaciones, una maña en lo público

Ni siquiera el exalcalde de Guayaquil León Febres-Cordero, precursor de la primera fundación adscrita al Municipio, la del Malecón 2000, estaba de acuerdo con que el Gobierno local de esta ciudad se acoja a esta herramienta de administración pública, por considerarla poco eficiente financieramente.

Ya lo advertía en la administración de su sucesor, Jaime Nebot Saadi, en 2004. “Creo que (las fundaciones) se han convertido en un Municipio paralelo. Está bien una o dos, pero creo que hay demasiadas”, dijo el entonces diputado.

Fue Febres-Cordero quien creó este tipo de administración con la Fundación Malecón 2000, el 24 de enero de 1997, para desarrollar el proyecto y administrar su ejecución.

Esta obra, recoge Gabriela Navas Perrone en su tesis de maestría ‘El inicio de la regeneración urbana’, es la piedra angular de un “nuevo modelo de gestión municipal basado en la cooperación público-privada y la creación de una red de fundaciones encargadas de administrar las obras ejecutadas”.

Hoy, su existencia está nuevamente en debate. En una mirada retrospectiva, el asesor político y experto en derecho constitucional Xavier Flores recuerda a este Diario Fundación Malecón 2000 se creó para evitar trabas, para tener dependencia del Estado, “pero era un contexto histórico diferente”. Guayaquil era un polo económico y Quito, “un lastre administrativo”, cita el experto.

Coincide con Febres Cordero en que “lo que en su momento fue una forma de evitar al centralismo, se convirtió en una trampa para eludir controles públicos, “son una avenida para la corrupción, abusos y precarización”, analiza.

Después de Malecón 2000, el Municipio levantó cuatro entidades más de este tipo. Por orden de creación, Autoridad Aeroportuaria y Siglo XXI, en 2000; Fundación Terminal Terrestre, en el 2002 y Metrovía en el 2004. Esta última entró en liquidación este 2021 y fue fusionada con la Empresa Pública Municipal de Tránsito.

La ciudadanía empieza a notar la falta de eficacia del modelo de gestión. En una propuesta de la Consulta Popular Cantonal que se dio a conocer este año, hay una pregunta sobre la eliminación de las fundaciones, que sugiere que estas se disuelvan y liquiden, en un plazo no mayor de dos años, a fin de que el Municipio, a través de sus direcciones o empresas públicas municipales, redistribuya sus acciones o funciones.

Las razones de esta carta puesta en la mesa por las organizaciones sociales que apuestan por la consulta la explica César Cárdenas, uno de los mentores y quien coordina el Observatorio de Servicios Públicos. “Las fundaciones no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas: eficiencia y transparencia en proyección de gastos y con ello permiten esconder cifras en el presupuesto municipal”.

El Municipio tiene seis empresas públicas, dos corporaciones, una compañía anónima y un Cuerpo de Bomberos (ver infografía). Todas manejan recursos públicos, incluso las fundaciones, pero estas últimas no rinden cuentas como la ley demanda. De allí la crítica de varias organizaciones que coinciden con Cárdenas.

Solo en 2020, Fundación Siglo XXI, hoy indagada por presunto peculado, contrató más de $ 47 millones, de acuerdo a datos del Portal de Compras, pero no se conocen ni su presupuesto ni si cumple a detalle con el plan anual de obras.

Para 2021, el presupuesto municipal es de $ 762 millones. EXPRESO ha consultado al Municipio cuánto de esa cifra recibe cada una de las fundaciones y solicitó a la entidad los estados financieros, el plan anual de contratación y el plan operativo anual, para evaluar cuán eficientes son estas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Trasladar los fondos públicos a una administración es, explicaba en un análisis de 2014 Xavier Flores, “trasladar la gestión de esas entidades al derecho privado, reguladas por el Código Civil”. Y aunque deben cumplir con ciertas demandas de lo público, por ley, no siempre cumplen, ataja -por su parte, y para este Diario, el abogado Nelson Murillo, especialista en finanzas tributarias y con un diplomado de geología económica.

Dice que el artículo 3 de la Ley de Contraloría explica que los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado. Y añade que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), también en su artículo 3, contempla que este cuerpo legal es aplicable a corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales, aunque tengan el carácter de privado.

“Esto significa que tienen que rendir cuentas, transparentar datos y contrataciones, pero lamentablemente no se hace. La ley no se cumple”, observa el especialista. Flores insiste en que son entidades que empezaron como una buena idea, pero “se convirtieron en un mecanismo de perversión, evasión y elusión de responsabilidades”.

“La Fundación Malecón, que fue el inicio de este modelo, tuvo un verdadero éxito, no podemos negarlo. Vino Siglo XXI y le fue bien para temas de regeneración, pero esta ciudad pujante y recaudadora de impuestos podría ser mucho mejor si habría más transparencia”, matiza Nelson Murillo.

EXPRESO confirmó esta aseveración en una navegación por los portales de todas las fundaciones municipales y constató qué información muestran en el portal y cuál no (ver infografía). A algunas, como a Siglo XXI, le falta desde lo más básico, como su presupuesto anual, hasta lo más serio, como el balance financiero. Además, solo constan los procesos contractuales y planes y programas en ejecución de la institución de 2020.

Falta prácticamente toda la información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos.

Y ese escenario, es una constante en otras fundaciones, concesiones y empresas públicas. Así lo explica la concejala Lídice Aldás, de Unes, quien ratifica la falta de transparencia y dice que ella misma, como edil, tiene problemas para acceder a la información.

“No tienen planes operativos a la vista ni cédulas presupuestarias y hay enlaces que no se abren. Pedí esta información directamente y no se me ha entregado tampoco. Eso impide analizar datos del presupuesto que manejan y dice mucho de la opacidad”, sostiene.

“Estamos diciendo una verdad a medias al afirmar que hay menos personal pagado del que realmente tiene el Municipio de Guayaquil. Ese 86 % en obras y 14 % en gastos administrativos deja mucho que pensar. La transparencia dará tranquilidad. La ciudadanía debe enterarse de esto. Enhorabuena que los medios lo puedan sacar. Las organizaciones civiles deben pronunciarse”, opina la edil.

El retorno incierto del dinero

Inclinarse por la creación de una fundación es “una excusa para la opacidad”.

Así lo afirma Mauricio Alarcón, director del Observatorio de Contratación Pública. “Guayaquil no es la única. Esta es una mala costumbre de varios gobiernos locales”.

“Hemos visto un manejo discrecional de la contratación en las fundaciones y poca planificación del presupuesto”, asegura. A ello se suma, que no está claro cuánto beneficia a la ciudad la rentabilidad de estas entidades, añade César Cárdenas, del Observatorio de Servicios Públicos

“No tiene sentido, no tienen razón de seguir existiendo. Deberían convertirse en empresas o volver a la administración del Cabildo, para que haya transparencia”, sentencia Alarcón.

En algunas ciudades

• Quito: El teatro entre las fundaciones. El Patronato Municipal San José, Fundación Museos de la Ciudad, el Teatro Sucre y la organización Quito Honesto son algunas de las entidades que enlista el Municipio de la capital. El teatro y los museos se exponen como fundaciones.
• Cuenca: Para lo social y el turismo. El Municipio de la capital azuaya tiene registradas 15 entidades adscritas, entre esas la Fundación Bienal de Cuenca, la Fundación Municipal de Turismo, la Fundación de la Mujer y el Niño, Iluminar y Barranco. Ninguna hace obra pública.
• Manta: Se asocia con actores afines. Este Municipio no tiene a la vista fundaciones a su cargo, pero sí socializa acciones con entes del sector privado dedicados a la filantropía. También tiene empresa pública de Agua, Terminal Terrestre, Registro de la Propiedad y otras similares.
• Machala: Una empresa por la salud. Machala es otro Municipio que no tiene fundaciones adscritas a su administración. Ha preferido la creación de empresas públicas, hay seis en total. Salud es una de ellas, Movilidad, otra.