En La Garzota exigen que el Cabildo les devuelva las rejas

Los vecinos de las manzanas 84 y 85 de la ciudadela La Garzota, ubicada en el norte de Guayaquil, se sienten desprotegidos ante la ola de inseguridad. Y esto se ha generado después de que, la tarde del 7 de diciembre, funcionarios del Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, retiraron las rejas que cercaban el parque sin, aseguran, haberles notificado previamente de la medida.

Ante el ruido de las maquinarias, Lucía Narváez salió de su vivienda y presenció cuando el cercado, conformado por cinco panales de 2,50 metros cada uno, era cortado por el personal. Fue entonces que, junto con otros moradores, salieron a reclamar.

“Si se ubicó esto (rejas) fue por seguridad, no porque quisiéramos que no se use el parque”, explicó Narváez.

Sin embargo, lo peor para ellos no fue la desinstalación, sino que el equipo del Cabildo, conformado por unas 30 personas, retuvo las rejas y se las llevaron. “Nos dijeron que debíamos ir a buscarlas nosotros”, agregó la mujer.

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Para los vecinos, la colocación de la puerta metálica fue necesaria porque el parque estuvo en manos de la delincuencia por mucho tiempo. Carros robados, droga y armas halladas en el césped, malhechores escondidos entre las ramas de los árboles y hasta chicas abandonadas por secuestradores, han sido solo algunos de los hechos que pueden enumerar los vecinos.

“Hace un tiempo salí con mis dos niñas (4 y 2 años) para que jueguen en la resbaladera. Mientras cargaba a la pequeña, la más grande se subió (al tobogán) y me di cuenta de que un hombre estaba allí intentando taparse. Me asusté tanto que agarré a mi hija y salí corriendo”, relató Ana (nombre protegido).

Los moradores, conformados por unas 200 familias, empezaron el proyecto de instalación del cerco hace un año, según Ana. “Nos costó como 5.000 dólares todo el enrejado. Es parte del trabajo de la comunidad y no es justo que se lo lleven”, afirmó.

Hace dos semanas, la comunidad terminó la instalación de las rejas; sin embargo, ellos admiten que solo uno de los vecinos, que anotan que no habita dentro del cerramiento, fue el que se opuso.

“Sabemos que por la denuncia de alguien de aquí se retiró esto, pero esta persona sí tenía acceso. Lo que cuestionamos es por qué se tomó en cuenta lo que dijo alguien que ni siquiera es de aquí”, admitió Nervo Mestanza, otro morador.

El abogado Hólger Armas, también morador del sector, aseguró que el procedimiento realizado por el Municipio no estuvo correcto, pues la notificación tuvo que haber llegado antes de la medida que tomó la institución.

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“Guayaquil está bajo zozobra, no tenemos seguridad, no tenemos nada y nos tomamos de las palabras del alcalde (Aquiles Álvarez) de que nos podíamos proteger porque no hay una ordenanza que lo impida”, argumentó.

“Vamos a acudir al Municipio con la colectividad para mostrar que esto fue un atropello”, adelantó el morador.

Al respecto Shuber Urgilés, director municipal de Justicia y Vigilancia, indicó que el 23 de noviembre realizó un operativo en el sector donde detectó que se había “cerrado todos los accesos de un parque, así como las calles circundantes al mismo”, por lo cual se emitió un “informe”.

“En él se detalló sobre la existencia de puertas y una pared de estructura de metal que se encontraba en un área cedida al Municipio, la misma que se había levantado en el sector por parte del propietario del predio con código catastral No. 99-0088-010, quien se presume habría ejecutado obras de construcción en la vía pública sin la debida autorización...”, acotó.

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En torno a los elementos retirados, tanto como el procedimiento de devolución, el Municipio subrayó que los propietarios de estos deberán acercarse a Segura EP y presentar su cédula al agente metropolitano del sitio, quien realizará un parte del objeto retirado. Luego, se le entregará una copia del parte al usuario y se notificará mediante correo electrónico.

Finalmente explicó que dentro del expediente que se abrirá en estos casos, se deberá presentar el pago de la multa impuesta, para que se genere” la autorización para proceder al retiro de los bienes”.

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