Hay dudas respecto a la identidad de los cadáveres sepultados por el Gobierno

La mamá de Célida Piedad Solórzano murió cuando era apenas una niña de tres años. Lo único tangible que tenía de ella era su tumba, en el recinto Anonas, del cantón manabita de Paján. Por eso, uno de los más grandes anhelos de su vida era que cuando muriese la sepultaran al lado de la mujer que le dio la vida.

El COVID-19 y el mal manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria le quitó su última voluntad. Célida fue una de las centenares de víctimas del coronavirus y tras su muerte, ocurrida el 31 de marzo de 2020, su cuerpo estuvo extraviado en contenedores y, casi dos meses después, sepultado en el cementerio Parque de La Paz, de Pascuales.

Su hijo Víctor Hugo Orellana es uno de los 38 parientes de víctimas de la pandemia que, a través de la Defensoría del Pueblo y que contará con Amicus Curiae del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), están demandando al Estado por la desaparición del cadáver de sus familiares y mal manejo de fallecidos.

No obstante, adelantó que entre sus planes está solicitar la exhumación del cuerpo de su progenitora para confirmar que en realidad son sus restos los que yacen en ese camposanto. Además, desea cumplir el último deseo de su Célida, ser sepultada junto a su madre.

Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del (CDH), señaló que hay dudas que pesan tanto como en luto en los familiares de fallecidos durante la crisis, respecto a la certeza de si sus parientes están enterrados donde les ha señalado el Gobierno.

“Han sido públicos los casos en los que el nombre de la persona no coincide con el cuerpo sepultado. Lo que está en juego es la credibilidad de la información entregada por parte de los funcionarios de Gobierno a cargo del manejo de cuerpos. Esa falta de credibilidad, que es legítima, no se está tratando de forma exagerada. La gente debe quedar saciada, porque lo que menos hay es confiabilidad de la información”, comentó.

Explicó que probablemente se presenten estos casos, a los cuales se accede a través de una solicitud en la Fiscalía.

Zaida Rovira, vicedefensora de la Defensoría del Pueblo, indicó que es la primera vez en el país que ocurre un acontecimiento similar respecto al tratamiento mortuorio y que existan tantas dudas sobre las identidades de los fallecidos.

Sin embargo, lamentó que una exhumación a gran escala no sea posible. “Aún tenemos el problema de cuerpos que ni siquiera han sido identificados. Y en los otros casos (donde hay dudas) tenemos que asumir que es la persona que nos dijeron que era. Esa duda nos va a quedar siempre”, dijo.

Precisó que lo prudente sería que se empiece un trámite de exhumación cuando sea un caso que justifique la falta de certezas, como por ejemplo el de Emma Aguirre.

Sus cenizas les fueron entregadas a sus deudos después de su fallecimiento. Sin embargo, aproximadamente diez días después, su hija Elsa Maldonado recibió una llamada telefónica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la que le informaban que su madre estaba sepultada en el cementerio Parque de la Paz, en La Aurora.

Ahora mismo, ella no sabe cuáles son los restos de su progenitora y es prudente que se haga un análisis, reiteró José Flores, su abogado.

“Nunca antes habíamos tenido una situación como esta. Y esto se agravó por la insensibilidad de las autoridades. No les dieron información veraz y oportuna. Eso es inhumano. La angustia que se les ha causado a los familiares sobrepasa todos los niveles”, sentenció.

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía señaló que había 131 cadáveres sin identificar debido a su estado de descomposición. Los cuerpos estaban dentro de contenedores que hacían de morgues provisionales ante el colapso del sistema sanitario. Quince día después publicaron que habían identificado a 45.

Freddy Herrera, médico especialista en medicina legal y coordinador técnico de Servicio nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó que actualmente aplican un proceso de intensificación de estos cadáveres que tiene tres pasos. El primero es la necroidentidad, que es la revisión de las huellas dactilares.

Como hay algunos cadáveres que tienen alto grado de descomposición probablemente no exista esta posibilidad. El segundo paso es realizar una investigación antropológica, que consiste en las revisión de las características de los rasgos físicos como prendas de vestir, prótesis, cicatrices, tatuajes, etc. Y, finalmente, se aplica un análisis de genética forense que deviene de la muestra de sus tejidos y cotejamiento con sus parientes.

“Todas estas pericias tienen seguridad al 100%. Es altamente técnico lo que se hace. Nosotros no podemos dar una identificación falsa para que se acabe el problema. Deben tener paciencia porque estos procesos toman tiempo”, añadió, respecto a los cuerpos que aún faltan por identificar. El proceso de análisis suele durar no menos de 21 días, aclaró.

“Todos los cadáveres que han sido inhumados tienen identificación. Ahorita ninguno debe ser sometido a exhumación con fines de identificación. Sí han existido uno o tres errores y eso están investigando la Fiscalía”, precisó.

No obstante, Navarrete lamentó que las dudas respecto a este proceso se acentúan porque el personal forense solo se comunica con los parientes a través de llamadas telefónicas para informarles dónde está sepultado su familiar, sin que existan documentos o fotografías que les den la certeza de que ese cuerpo les pertenece.

Esta es la duda que carcome a Víctor Hugo Orellana y por lo cual va a solicitar la exhumación de su mamá. Recordó que entre las frases más crueles que les habrían dicho los policías que llegaron a su domicilio a realizar el levantamiento del cuerpo fue: “ustedes saben que no volverán a ver nunca más el cuerpo de su madre”.

Por ello, procuraron enlazar entre sus manos un crucifijo, ponerle una ropa de dormir y embalarla en una sábana con lo cual les fuera fácil reconocerla si la miraban a través de una fotografía o alguien la revisaba.

Lamentó que, de parte de las autoridades, jamás les entregaran detalles respecto al proceso de identificación y sepultura de su familiar, que les quitara la duda que ahora les mortifica.

Lo que más desea es recuperarse de ese dolor y depositar a lo que queda de su progenitora en el lugar con el cual ella soñó para descansar en paz.

“Tiene que dictar medidas de reparación”

Zaida Rovira, vicedefensora de la Defensoría del Pueblo, explicó que lo que buscan es una acción de protección para las familias que no tienen conocimiento del paradero del cadáver de sus parientes.

“Tiene la finalidad de que el juez declara la vulneración de derechos, porque nunca se aplicaron los protocolos para el manejo y disposición final de cadáveres hospitalarios y extrahospitalarios. Eso ha dado como resultado que tengamos cadáveres sin identificar”, comentó.

Añadió que también se vulneró el derecho a la integridad personal y psíquica, por la angustia causada a los familiares. “El juez tiene que dictar las medidas de reparación material e inmaterial. La familia tiene que recuperar los gastos que les ha acarreado todo esto”, dijo.

Por ejemplo, indicó, hay familiares que tenían comprados ya sus servicios funerarios y que los perdieron porque su pariente fue sepultado en otro sitio.

“Algunos han tenido que contratar abogados, salir de casa, tener que exponerse en la calle al virus. El Estado debe pedir disculpas por el dolor y la angustia causada”, añadió.