Impuesto vehicular: Guayaquil lo califica como abuso al bolsillo

El rechazo es colectivo. El primer debate de la ordenanza que regula el cobro del impuesto a los vehículos en Guayaquil, aprobado la tarde del pasado 18 de diciembre en el Concejo Cantonal, ha dado paso a un debate intenso que ha atravesado las paredes del Palacio Municipal. Ahora prevalece y se intensifica en las calles.

Aspectos clave de la polémica:

Para la ciudadanía consultada por EXPRESO, la medida, de aprobarse en segundo debate, no es otra cosa que una forma más para que “la ATM y la Alcaldía le metan la mano al bolsillo a los guayaquileños”.

“Al alcalde Aquiles Álvarez no le bastó cobrar ya un impuesto por la contribución de mejoras en obras que se hicieron incluso desde la época de Jaime Nebot, aun cuando problemas tan ínfimos como tapar los huecos en las calles y reparar los parques de la ciudad, inseguros y sin sombra, se mantienen; sino que ahora se cobrará esta tasa por rodar. Que arregle primero los problemas que hay en la ciudad, que ponga un freno a la contaminación y a los infernales atascos que a diario vivimos. Esto me parece más que injusto”, se quejó Marco Angulo, ingeniero civil y residente de la décima etapa de la Alborada, en el norte de Guayaquil.

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Una opinión similar comparte el arquitecto guayaquileño Diego Lecaro, quien considera que antes de aprobar en segundo debate la ordenanza, la Alcaldía debe fijar la hoja de ruta para dejar claro cómo se cobrará la tasa por los últimos cuatro años que no se cobró, según indicó el Concejo.

“Todo es muy confuso, falta transparencia y socialización. Como ha pasado en los últimos años, en Guayaquil todo se ha hecho sin planificación: una Aerovía que nadie visita, dizque soluciones viales y promesas como la construcción de un Malecón 3000, del que poco o nada se sabe sobre su financiamiento. Ahora dicen que es legal este cobro, ¿pero por qué antes no lo cobraron?”, cuestionó.

Transferencia de responsabilidades y argumento oficial

Según la concejal Emily Vera el pasado jueves, la medida, que busca optimizar la gestión financiera del cantón, antes era aplicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), pero desde 2021 la responsabilidad pasó a los municipios.

“Por motivos que desconocemos no se realizó, y con esta ordenanza vamos a hacerlo a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)”, explicó.

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Manuel Salvatierra, gerente actual de la ATM, detalló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tendrán diversas fuentes de financiamiento e hizo hincapié en que la administración anterior, bajo el mando de Cynthia Viteri, “dejó irresponsablemente de cobrar este impuesto, por lo cual surge la necesidad de regularizar los cobros de los años anteriores y de ejecutar una cobranza actual”. Según Salvatierra, el cobro anual del impuesto arrancaría a partir del 15 de enero de 2025 y sería destinado, en su mayoría, a obras de bacheo.

Para conocer por qué se suspendieron los cobros y si habrá algún tipo de sanción para la exalcaldesa o su personal (y de ser así, qué entidad la emitiría), EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde Aquiles Álvarez, la vicealcaldesa Blanca López, el gerente de la ATM o los ediles actuales que fueron parte de la administración anterior, pero no hubo respuesta de ninguno de ellos hasta el cierre de esta edición.

Reacciones y propuestas ciudadanas:

Mientras tanto, la ciudadanía se opone al pago de este tributo, sobre todo por ser retroactivo.

“Siguen sangrando al pueblo con impuestos y lo peor es que lo hacen retroactivo. Nada hacen para acabar con la delincuencia organizada, los secuestros, sicariatos, extorsiones, la basura, el tráfico y el desempleo”, sentenció el usuario Gabe Saeff, quien, al igual que el ciudadano Moisés Vargas, hace énfasis en que la economía familiar no da para más.

“La Alcaldía ya cobra anualmente impuestos prediales. Luego salió con este cobro por contribución especial de mejoras, cuyo valor, en algunos casos, es igual al de los prediales. Ahora se viene un impuesto más. La economía familiar no aguanta más. No se puede”.

Y es que más allá de ser legal o no el cobro de la tasa (ver nota adjunta), los habitantes rechazan que el pago no sea desde enero próximo. “¿Por qué no hacen borrón y cuenta nueva y empiezan desde ahora y ya? ¿Por qué cobrar desde 2021? Álvarez también tiene un año en la administración y no lo cobró. ¿Qué pasó entonces? ¿No le alcanzó con la tasa cobrada este año por las supuestas mejoras que nadie ve? Este tema debería ir a la Asamblea. Todos los servicios de Guayaquil, todos, deberían ser analizados por los legisladores, porque no se salva uno, todos son deficientes”, se quejó Sonia Pino, habitante de Urdesa, uno de los barrios que han perdido su identidad y esencia a causa de la inseguridad.

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“Ya nadie nos visita, el barrio se perdió. Por esto se debería preocupar el alcalde, pero no”, se quejó Nicole Macckliff, residente de Urdesa.

Para Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, regularizar los cobros del impuesto al rodaje de forma retroactiva, por negligencia de la administración anterior, afectará el bolsillo del dueño del automotor. Por ello sugiere que teniendo en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el Ecuador, se tome en consideración la alternativa de diferir los cobros como manda la ley, en módicas cuotas mensuales, pero consensuadas en mesas de trabajo con los propietarios de los automotores y representantes del tejido social, para encontrar juntos una salida amigable.

Esta última es una medida que ediles como Nelly Pulla también sugirieron, a fin de que el bolsillo del guayaquileño no termine “roto”.

El cobro retroactivo: ¿legalidad o exceso? 

Sobre esta incógnita que tiene la ciudadanía, que ya ha derivado en un reclamo, César García, abogado y especialista del estudio jurídico García & Partners, explicó que el cobro del impuesto al rodaje es completamente legal, ya que está regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD), tal como aseguraron los ediles en la última sesión de Concejo.

“Este tributo es un impuesto, no una tasa ni una contribución especial. La ley permite que se exija su pago retroactivo, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde que se dejó de percibir”, explicó García, quien añadió que esa es precisamente la duda que tienen ahora los ciudadanos.

“Si se supone que ya pasaron 4 años, ¿se debe cobrar? ¿O será que los 4 años se cumplen recién en diciembre de este año y por eso urge cobrarlo ya?”, se preguntó Andrés Mejillones, conductor y habitante de la quinta etapa de la Alborada.

Daniel Buenaño, también abogado, hizo énfasis -coincidiendo con García- en que, más allá de que el cobro retroactivo sea legal, la falta de gestión oportuna afecta directamente a los ciudadanos, quienes ahora deberán asumir este gasto acumulado.

Respecto a las posibles responsabilidades administrativas de la gestión anterior, García indicó que podría haber una determinación por parte de la Contraloría, aunque considera improbable que existan sanciones penales o civiles.

La ATM, como indicó públicamente el gerente de la entidad, está evaluando mecanismos para suavizar el impacto económico que este cobro representará para los usuarios, quienes dicen sentirse indignados por “nunca ser tomados en cuenta”.

“Siempre nos imponen, jamás nos preguntan. Los concejales no se reúnen con nosotros, lo mismo hacen los directivos municipales, y menos aún los asambleístas. Nadie sabe qué nos urge. Nadie dice cuándo se usará también un buen material para bachear, solo nos dicen que es malo; así como tampoco nos dicen cuándo el río recuperará su vida y harán finalmente funcionar esa Aerovía, que solo plata ha costado”, agregó Karina Arévalo, ingeniera ambiental de la ciudad.

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