Inés Manzano: Los servicios ambientales son de todos, no del Estado

Luego de que Ambiente recordara que no está permitido realizar este tipo de transacciones; Manzano dialoga sobre esa norma que, precisa, está mal redactada y es contradictoria.

Basándose en el artículo 74 de la Constitución de la República, vigente desde el 2008, Ambiente sostiene que “los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación” y que su prestación y uso son regulados por el Estado. Rechaza que existan iniciativas privadas que contemplen el pago de un determinado valor por hectárea de bosque conservado o restaurado. Manzano, quien reconoce que lo hacen, explica por qué el hecho de que lo hagan es loable.

¿Qué pasa con la norma?

Porque la norma está mal redactada. Sé lo que quisieron decir, pero está mal redactada, puesto que si el artículo dice que está prohibida la apropiación, entonces tampoco le pertenece al Estado. Además, que los servicios ambientales, que pueden ser el paisaje, la captación del CO2, la diversidad, son de propiedad de todos los ecuatorianos, como todos los recursos naturales.

¿La forma en como está ahora redactado el artículo afecta al sector privado?

Sí, porque las empresas que quieren hacer la diferencia, buscan hacerlo en dos ámbitos: el social, ambiental o los dos, y eso pueden hacerlo al decir que sus plantaciones, si hablamos de empresas de banano, flores, son carbono cero. Pero para hacer esa declaración, tengo que haber medido la huella de carbono, haber hecho una reducción de esta, y si ya no puedo hacerlo, es que salgo al mercado a ver cómo compenso. Es ahí que compro los certificados de carbono con los que ayudo a la conservación y hago la diferencia en un mercado donde cualquier cosa nueva puede mejorar su ingreso a este espacio... Y eso a Ambiente le molesta.

¿Por qué?

Porque se dan cuenta de que el sector privado no cree en ellos y no lo ve como un ente regulador y que cuida los recursos. De allí que el sector prefiere hacer un mercado de carbono voluntario y poner en sus productos que están haciendo algo para conservar, lo que es loable. Recordemos que esto de utilizar los servicios ambientales viene desde el Protocolo de Kioto, que era un mecanismo que estaba aprobado y lo utilizaban los países en vías de desarrollo, y que luego se incluyó en el Acuerdo de París, del cambio climático.

¿Han pedido que se corrija la norma?

Por supuesto, desde antes de aprobarse, una vez aprobado y cuando empezaron a desarrollar el proyecto Socio Bosque, en el que le pagaban a las familias que tenían dentro de su propiedad una demarcación de bosque nacional para que no los talen, lo que es bueno pero cuestionábamos al no saber por qué ellos sí lo podían hacer y el sector privado no; lo pedíamos. Hemos pedido que se haga una interpretación, un cambio en la Constitución, pero nada ha pasado. Tras 12 años a nadie le ha importado, pero hay que hacerlo.