El irrespeto se adueña de las aceras de la Alborada
Vehículos, motos y hasta vendedores se estacionan junto a ellas y las rampas. Los residentes viven la angustia de movilizarse por rutas peligrosas y obstruidas
Salir de su casa rumbo a la tienda puede convertirse en un riesgo que María Cornejo, de 58 años, prefiere evitar. Ella se siente insegura al tener que caminar por las calles y veredas de la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil, donde habita desde hace más de tres décadas.
El espacio público dificulta la accesibilidad inclusiva
Leer másEn esta zona residencial y comercial, los peatones diariamente se encuentran con dificultades a la hora de movilizarse. Los vehículos estacionados en doble fila tapan totalmente las veredas y garajes o las rampas para personas con discapacidad, denuncian.
Esta es una problemática constante en avenidas como la José María Egas, Isidro Ayora y Rodolfo Baquerizo, donde las personas deben desplazarse por las calzadas corriendo riesgos de ser atropelladas por los carros que circulan a velocidad. En las peatonales de la ciudadela, el problema es similar.
Cornejo asegura que estas calles son un caos y no existe control alguno por parte de las autoridades municipales. “No se puede transitar libremente, tengo que bajarme hacia asfalto y arriesgar mi vida”, señala indignada.
La invasión del espacio público está prohibida en la ordenanza para la facilitación de la circulación vehicular en la ciudad de Guayaquil, que fija en su artículo 6 una multa del 15 % del salario básico para quien se estacione en lugares prohibidos por la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).
Las autoridades hacen caso omiso de las denuncias de los residentes, que se sienten limitados para caminar por las calles obstruidas por carros y todo tipo de negocios.
Los lavacarros informales reducen el espacio del peatón
Leer másPero esta ordenanza no es cumplida, a pesar de los operativos que dicen realizar las autoridades de tránsito; pero que la ciudadanía los desmiente.
“Ni los agentes de tránsito ni personal del Municipio vienen a poner orden en este sector, a pesar de que siempre estamos denunciando la ocupación y el irrespeto del espacio público”, manifiesta Carolina López, vecina del sector, quien dice que a diario ve cómo los camiones invaden las veredas, obligando a los peatones a caminar por lugares estrechos o por la calle.
El irrespeto es tan grande que los informales se ubican en las veredas y bloquean el paso con su mercadería; y los dueños de negocios autorizados que sacan publicidad, parlantes o productos a los exteriores del local.
Cuenta que los propietarios de los locales comerciales han optado por exhibir sus productos en las afueras de sus negocios, utilizando como vitrina sus fachadas y veredas. “Esto hace que se disminuya el espacio de los peatones para transitar, pues la acera está ocupada por maniquíes, cajas con frutas, ropa, electrodomésticos y otros tipos de mercadería”, agrega enfadada.
En varios sectores de la ciudad parece que todos tienen permiso para ocupar el espacio, aunque sea un obstáculo para quienes van con coches de bebé o en silla de ruedas.
Cristina Sarmiento, quien reside en la etapa VII de la Alborada, agrega que el problema no son solo los dueños de los locales que ponen sus cosas en la calle, sino también los comerciantes informales que ocupan gran parte de la zona peatonal. “Hay momentos en que este lugar se asemeja a un mercadillo y tierra de nadie, donde todos quieren hacer lo que les da la gana”, enfatiza.
EXPRESO fue testigo cuando un grupo de personas, que circulaba por la Isidro Ayora, tuvo que bajarse a la calle porque la vereda estaba llena de vehículos y negocios, que obstaculizaban hasta las rampas.
La presencia del Diario fue aprovechada por varios residentes para pedirle, una vez más, al Cabildo y a la ATM que ejerza mayor control sobre el uso del espacio público, sobre todo, en este sector que es transitado no solo por personas adultas, sino por niños.
“Ya estamos cansados del desorden y de que las autoridades se hagan las sordas cuando exigimos que se respete nuestro derecho a vivir tranquilos. Es lo menos que podemos pedir”, puntualiza Alberto Avellán, otro residente afectado por este problema.