Jubilados de la Universidad de Guayaquil viven un calvario

El problema se remonta al 2013, cuando la Corte Constitucional obligó a pagar las compensaciones jubilares a todos los profesores de la Universidad de Guayaquil. Pero el incumplimiento de dicha sentencia ha perjudicado a más de 400 jubilados de este centro de estudios superiores, de los cuales cerca de 100 han fallecido sin haber recibido lo que por ley les corresponde.

A pesar de los años, los jubilados siguen en la lucha. Ayer realizaron un plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia de Guayaquil para exigir los pagos pendientes.

Ellos estuvieron acompañados por los representantes de la Comisión Anticorrupción capítulo Guayas, del Frente Popular y de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes llevaron carteles y pancartas con mensajes en los que conminaban al rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI), Roberto Passailaigue, a que cumpla con la sentencia.

Marcelo Moncayo, representante de los maestros del alma mater, recuerda que por ley ciertos profesores retirados tienen que recibir mensualmente su sueldo complementario. Sin embargo, afirma que desde hace más de siete años esta obligación legal no se cumple.

El docente, que ejerció la cátedra durante 34 años en la facultad de Ingeniería Industrial, menciona que en dos ocasiones el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil ordenó a la universidad a pagar, pero que nadie ha hecho nada para que esto se haga realidad. “Muchos maestros jubilados complementan el sueldo de su jubilación con esta obligación complementaria. Al no pagarla, se los está perjudicando y vulnerando sus derechos”, acota preocupado.

En el Palacio de Justicia también estaba Antonio Aveiga, quien laboró como docente durante 38 años en la facultad de Filosofía. Él rechaza la supresión de la jubilación patronal, a pesar de que hay una sentencia a favor del pago. “Algunos jubilados estamos enfermos y ese dinero serviría para afrontar los gastos médicos y otras necesidades. ¿Hasta cuándo tenemos que andar mendigando?”, pregunta con voz entrecortada, mientras camina a paso lento a unirse a sus compañeros que están en pie de lucha.

Voceros de la Universidad de Guayaquil informaron que la entidad está a la espera de que el Ministerio de Finanzas envíe los recursos para proceder al pago de lo adeudado.

En febrero pasado, Passailaigue afirmó que la universidad ha estado pagando normalmente a los docentes que se jubilaron de conformidad con la ley y el reglamento de la institución. No obstante, en el dictamen de la Corte Constitucional de noviembre de 2019 se determinó que este pago también debía hacerse a los servidores administrativos, hecho que ocasionó que se requiera de más recursos para pagar a este sector de jubilados.

Explicó que el fallo constitucional se dio en noviembre de 2019, es decir luego de que la universidad enviara el presupuesto para el 2020, por lo que en las cuentas de este año no constan los recursos para dicho pago. Afirmó que el monto que se requiere para pagar a los jubilados asciende a 6’818.556 dólares, “recursos que la universidad no tiene al momento”.

El clamor de los jubilados universitarios es apoyado por la Comisión Anticorrupción del Guayas. Ricardo Ramírez, coordinador, señala que realizan un seguimiento al proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil, que se mantiene desde octubre de 2018.

“Hay muchas cosas que no están marchando bien en esa institución. Apoyamos el reclamo de los jubilados por los pagos pendientes por parte de la universidad. Creemos que esta entidad debe ejecutar acciones para dar cumplimiento a sus obligaciones”, recalca.

Pero el seguimiento de la Comisión Anticorrupción va más allá. El titular informa que también han pedido a la Contraloría General del Estado que inicie una investigación de las contrataciones de obras realizadas por la CIFI para poner en marcha el plan de seguridad en dicho centro de estudio.

A su criterio, este contrato representa mucho dinero que bien podría ser invertido en el mejoramiento de aulas y baños de varias unidades académicas.

El contrato al que hace alusión Ramírez está relacionado con el Plan Integral de Seguridad, que involucra la implementación de un cerco general con torniquetes y plumas de seguridad, un circuito cerrado de cámaras de vigilancia, fibra óptica para la transmisión de imágenes y audio, y sistema de iluminación en el campus universitario. Al costo de la implementación, que asciende a 6’309.626,70 dólares, se debe añadir el Impuesto al Valor Agregado.

También cuestiona la apelación interpuesta por la CIFI a un fallo judicial para que se reintegre a tres docentes que fueron sancionados por denunciar supuestas irregularidades en el alma mater.