Jueza de Daule dicta medidas de protección a favor de militar chileno y su familia

Prohibición de acudir a determinados lugares o reuniones, donde acuda la víctima; no acercarse a ella, a testigos, entre otros; además del impedimento de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Son parte de las cinco medidas de protección que otorgó la jueza Dirce Guzmán Ordóñez, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en la parroquia satélite La Aurora, del cantón Daule, a favor del cabo de la Armada de Chile, Luis Toledo Cruces, y su esposa.

Las medidas se dictaron dentro del proceso penal que se abrió en contra de Jonathan Javier Orellana Moreira y Elvia Jackelin Sornoza Villacís, por el delito de secuestro extorsivo. La Fiscalía del Guayas inició una instrucción fiscal tras el rescate y liberación del extranjero, quien permaneció cautivo cerca de seis días.

Toledo fue secuestrado el pasado 29 de noviembre, en la parroquia la Aurora del cantón Daule, provincia del Guayas, alrededor de las 18:00 en que salió de su vivienda ubicada en una urbanización del sector. Sus captores exigían a su esposa 100.000 dólares para su liberación, incluso habían grabado videos y enviado a la familia en Chile.

Tras las investigaciones, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase-Zona 8) localizaron a la víctima en una vivienda de la cooperativa Abel Gilbert del cantón Durán, “donde fue golpeado y torturado. Incluso le mutilaron dos dedos de la mano izquierda, hasta la noche de 3 de diciembre de 2022, cuando fue liberado”, informó la Fiscalía General del Estado.

La localización y rescate de Toledo se dio tras la ubicación de Sornoza, en el sector de la avenida Pedro Menéndez, en Guayaquil, añadió la Fiscalía. Ella, detalló la entidad, se identificó como la pareja sentimental de quien podría tener información relacionada con el hecho investigado. Los datos que proporcionó contribuyeron a la aprehensión –minutos más tarde– de Jonathan Orellana, quién reconoció ser la persona que –a través de llamadas– se encargaba de negociar el rescate con la familia de la víctima. Además, conocía el lugar en que tenían en cautiverio al hombre secuestrado.

A los detenidos se les encontraron dos teléfonos celulares en su poder, que fueron ingresados en cadena de custodia y serán sometidos a las pericias correspondientes.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción, como la denuncia, el parte policial de aprehensión, el acta de indicios encontrados, el informe de reconocimiento médico de la víctima, entre otros, que llevaron a la jueza a dictar la prisión contra el hombre y medidas alternativas para la mujer. La defensa técnica de Orellana impugnó el parte de aprehensión, alegando que no hubo flagrancia. "No hubo cometimiento de delito en el momento de la aprehensión", dijo en la diligencia..

El caso para el coronel Fabary Montalvo Calderón, jefe subrogante del Comando de la Zona 8 de la Policía, no está cerrado. Los agentes investigativos de la Unase están tras la pista de los autores intelectuales y materiales del secuestro del ciudadano chileno.