El liderazgo en las urbanizaciones avanza, no las soluciones

Es la E40 (vía a la costa) la zona del olvido, dicen quienes la habitan. Es también el sitio que, un día, decenas de personas eligieron para vivir, aunque ahora se hayan roto sus expectativas. Al otro extremo de Guayaquil, en La Puntilla y La Aurora, los problemas se repiten. ¿La solución? Fortalecer su unión para exigir resultados ante problemáticas comunes. Aunque algunos lamentan que la autoridad no está escuchando.

En la vía a la costa los reclamos son pocos, pero datan de años, dice Yasmila Samaniego, habitante y presidenta de la etapa Valencia de la urbanización Terranostra, situada en el kilómetro 13,5 de la arteria. Se cuentan con una mano: contaminación minera, dificultad de movilidad e inseguridad ciudadana. Todas bajo promesa de cumplirse, eso sí.

“Parece que nadie nos escucha, ¿qué está pasando? Llevamos años en este trote”, dice molesta Samaniego. Esa declaración se transformó en el común denominador de una reunión realizada por la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa, con el objetivo de sumar apoyo para reclamar soluciones.

El reclamo lleva años en la mesa, pero desde 2017, cuando se creó la federación, ha tomado forma hasta llegar a realizar plantones que, en su momento, no contaron con el apoyo esperado. Ahora, con vida jurídica, lograda hace nueve meses, esperan obtener el apoyo de más urbanizaciones.

Según Guillermo Ayala, titular de la organización, 28 urbanizaciones de las 35 que hay en la vía a la costa están adheridas a la federación. Sin embargo, seis se han sumado de manera formal. “Se está solicitando la filiación de siete más”, indica. Explica que lo engorroso del trámite en el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (Miduvi) ha evitado que más urbanizaciones se unan legalmente, aunque eso no implica que el resto no apoye, aclara.

Portal al Sol, Costa Real, Puerto Azul y el total de las urbanizaciones que componen Terranostra son algunos de los nuevos conjuntos que conformarán la Federación de manera legal. “Buscamos que todas las urbanizaciones con personería jurídica pertenezcan. Muchos ya han manifestado su deseo de pertenecer”, asevera.

Esa unión, piensa Cecilia García de Egas, habitante y presidenta de la etapa Tarragona, es la que necesitan para fortalecer su reclamo. Ella es nueva en liderar un comité, pero tiene experiencia en protestar por su sector. Lo ha hecho por años, aunque siente que han recibido poco a cambio, lamenta. “Tanta es la afectación que, incluso, tengo vecinos que ya se quieren mudar. Sus hijos tienen alergias (por la explotación de canteras). Y con el tema de inseguridad, hay casos hasta de secuestros...”.

Hugo Ricaurte, presidente del comité de Puerto Seymour, también en la vía a la costa, tiene la percepción de que la gente cada vez toma mayor conciencia de los inconvenientes y eso, espera, será el impulso para ser escuchados. “Es más fácil solucionar nuestros problemas con la gente unida. Las autoridades tienen que darse cuenta de que tienen que atender temas que han estado desatendidos por años”, manifiesta el morador.

En junio de 2019, el Municipio de Guayaquil dio como plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que todas las canteras que no tienen permiso de funcionamiento lo obtengan. Sin embargo, en una declaración reciente de la alcaldesa Cynthia Viteri, ella aseguró que hasta ese momento solo una cantera había presentado sus documentos para operar. En tanto, las soluciones viales para la vía a la costa se presentaron, aunque hasta ahora en papel.

La inseguridad, por otra parte, fue uno de los temas que más preocuparon a los vecinos durante la reunión. Allí hablaron desde robos a personas, casas y centros comerciales hasta secuestros. Esperan, al momento, reunirse con la Gobernación del Guayas para ser incluidos en mesas de trabajo por la seguridad, explicó Ayala.

Van a volver a marchar. Ese fue el acuerdo unánime al que llegaron los líderes nuevos y antiguos de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa. El 11 de enero de 2020 es la fecha para su próximo reclamo en las calles, aseguraron.

No solo este sector busca fortalecerse para lograr una vida mejor. La Federación de Organizaciones Sociales Parroquia La Puntilla (Foslap), inactiva desde 2008, obtuvo recientemente vida jurídica.

Según Pablo Donoso, director ejecutivo de Foslap, la idea es que las 135 urbanizaciones de la vía a Samborondón, desde el kilómetro 1 hasta el 10, se adhieran para fortalecer el reclamo por los problemas comunes. “Al momento estamos trabajando con las 12 urbanizaciones fundadoras. Estamos en la reforma estatutaria para adherir al resto. Además, a centros comerciales, colegios, universidades que están en La Puntilla”, detalla.

La Federación de Urbanizaciones de La Aurora, según su presidente Mario Chang, ha conseguido el apoyo de 50 de las 90 urbanizaciones que hay. “Eso ha hecho fuerza. No podemos decir que nos han escuchado del todo, pero al menos en lo importante”. Ellos todavía son una organización de hecho, pero esperan pronto obtener vida jurídica para lograr beneficios de ley.

Hace una semana, este Diario solicitó al Miduvi el número de organizaciones barriales que existen en Guayaquil, conforme a la clasificación que establece el Decreto Ejecutivo 193 “para efectos estadísticos”. Sin embargo, funcionarios de la institución explicaron que no existían dichos datos categorizados. Dijeron que hay alrededor de 3.000, sin dar más detalles.