Guayaquil: “Ni las luminarias se salvan de la condenada delincuencia”

Maldita delincuencia. Es la expresión que utiliza Daniel Gavilanes cada vez que recorre el parque ubicado en las calles Galo Galecio y 11° callejón 20 A, en la cuarta etapa de la ciudadela Guayacanes, donde vive hace casi dos décadas. A los delincuentes, narra a este Diario, no les basta con llevarse las tapas de las alcantarillas ni los cables subterráneos de cobre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sino que también se llevan en peso las luminarias metálicas de las áreas regeneradas del Puerto Principal.

“Ya ni estas se salvan de la condenada delincuencia, me duele ver cómo está la ciudad: sin autoridades que actúen y espacios públicos destruidos”, se queja, mientras señala los focos y lámparas que se han llevado del lugar, al que evita hoy visitar pasadas las 19:00.

Gavilanes tiene 65 años y de la misma forma como ocurre con decenas de habitantes de otros vecindarios, se ve limitado a ocupar los espacios públicos del entorno, por la inseguridad que estos le transmiten.

“Sin iluminación, las áreas se tornan grises y lastimosamente somos más vulnerables a que nos roben. Ya no tenemos ni libertad para sentarnos tranquilamente en un banco, cerca de un árbol. Los ladrones, que hoy se camuflan de chamberos, nos han quitado hasta eso y nadie hace nada”, piensa.

La misma situación la viven los residentes de otros barrios, como Samanes, Guayacanes, Colinas de la Alborada y la Alborada, en cuya tercera etapa, según detalla la urbanista y residente Lili Carbonell, los vecinos se ven obligados a asegurar los focos con lo que tengan a su alcance.

En el sitio los postes metálicos son altos, a diferencia de los que están, por ejemplo, en Guayacanes, pero aún así los infractores ven la forma de acceder a ellos. “Se suben sobre los muros de las viviendas y desde allí, con palos o piedras, como si fueran mangos intentan bajar toda la estructura, pero como no lo logran, van rompiendo solo los focos”, explica la también residente de esa etapa Carolina Dávalos.

Ante esta circunstancia, hacen énfasis ambas, los residentes colocan mallas de metal alrededor de las bombillas para protegerlas. “Al vecindario le toca hacer malabares, convertirse en Spiderman para proteger el bien público. Me parece exagerado que hasta de estas piezas debamos estar preocupados”, lamenta Dávalos.

En un reportaje anterior, EXPRESO evidenció a través de imágenes la cantidad de mallas de metal (colocadas sobre el parterre) que en la ciudad se llevan y asimismo, prácticamente a diario, publica las denuncias de los ciudadanos respecto a los robos de piezas de aluminio que los delincuentes sustraen para venderlos en centros de acopio; por el que les pagan en promedio 50 centavos por kilo y 17 centavos si son de hierro.

Ernesto Sandoval vive en la ciudadela Ferroviaria y exige respuestas a la Alcaldía. “Quisiera saber por qué a esta queja no se le da la debida importancia. No entiendo cómo a la alcaldesa no le duele tener que gastar y reponer cada vez más seguido el material robado. ¿Será que a Guayaquil le sobra el dinero?”, piensa.

¿Acaso no es más fácil regular las actividades que hacen los chamberos o controlar los centros de acopio, de tal forma que se pueda saber a quiénes le compran la materia prima?, cuestiona. A Sandoval le urge que la Municipalidad haga algo, puesto que a escasos pasos de su vecindario, en las áreas verdes de la avenida Carlos Julio Arosemena, se han llevado ya las luminarias completas, con el brazo soporte incluido. “La imagen da pena”, sentencia.

La escena se replica en calles como la avenida de Las Américas y la Benjamín Rosales, considerada la arteria olvidada por la autoridad. Aquí, como lo ha publicado EXPRESO, desde la terminal terrestre hasta la parada Santa Leonor de la metrovía, con cincel en mano, los chamberos y consumidores de drogas se han llevado 81 luminarias de las barandas del parterre y carril central de la vía. Y el problema no es nuevo. Se ha venido agudizando desde el 2019, y aunque ese año hubo la promesa del Cabildo de solucionarlo, hasta la fecha todo ha quedado nada más que en promesas. 

Para el ingeniero civil Gustavo Zambrano, residente de la ciudadela Kennedy, donde también se han dado este tipo de robos, solo estableciendo sanciones que incluyan la cárcel se podrá detener el delito, que califica de colectivo, por darse en todos los barrios, “sin importar los estratos”. “Cada tapa de alcantarilla puede costar hasta $ 250; los bienes públicos, las lámparas, las baldosas de áreas regeneradas no cuestan centavos. No podemos ni debemos permitir un día más que a Guayaquil la vayan desmantelando de a poco”, criticó.

Sobre esta problemática, EXPRESO envió una serie de preguntas al Cabildo (ver subnota) que, tal como ha pasado con los últimos reportajes publicados por este Diario sobre las falencias y preocupaciones de la comunidad, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

“No queremos pensar que esto de no ponerle más el ojo a los bienes, responde a un acto de corrupción o de beneficiar a un determinado contratista. Si no es así, expliquen por qué debemos vivir de esta manera”, sentencia Hugo Morales, un jubilado que habita hace 30 años en la quinta etapa de la Alborada.