El luto en espera por los cuerpos no encontrados

En la memoria de Guayaquil quedan los días más difíciles de la pandemia, cuando la ciudad se llenó de muerte. De esa historia, contada a cuentagotas día tras día, desde que el primer caso aterrizó al país, hace un año, el del tratamiento de los cuerpos de los fallecidos que dejó la COVID-19 entre marzo y abril de 2020 es un capítulo sin resolver.

Aún hay al menos una decena de deudos que buscan a sus muertos con la desesperación del primer día, que se indignan con autoridades que no han mostrado celeridad y que tienen, pese a todo, encendida la esperanza de que el día en que se concrete el último adiós llegue al fin, por milagro.

A ese grupo pertenece Zoila Amada López Valdivieso. Tenía 62 años cuando murió, el 29 de marzo de 2020, en el Hospital del IESS de Los Ceibos, el día del cumpleaños 44 de Francisco Sarmiento, uno de sus cuatro hijos.

“Quería que la crememos y que cada uno de nosotros tenga parte de sus cenizas, pero no pudimos cumplir su deseo. Su cuerpo se perdió”. Habla Adrián Camejo López, su hijo de 29 años.

Adrián es parte del grupo defendido por el concejal Héctor Vanegas, que cuenta que hay decenas de casos que quieren exhumar cuerpos y al menos 12 personas que no hallan a sus familiares aún.

Este Diario intentó obtener una entrevista con la nueva Coordinadora Técnica de Servicios de Medicina Legal, cargo que hasta diciembre pasado tenía el doctor Freddy Herrera, pero no hubo respuesta.

Herrera, sin embargo, sí contestó a EXPRESO. Hasta finales de 2020, explicó, había en el Laboratorio de Criminalística 62 cuerpos a los que hacía falta identificar, esto aunque Defensoría sostiene que son 68.

Además, para enero pasado, Herrera cuenta que se habían agendado 6 exhumaciones de fallecidos cuyos familiares quieren constatar, a través de pruebas de ADN, que se trata de ellos. Allí entra el caso de Karen Ochoa. “Perdí a mi papá un 9 de abril, en el hospital del Guasmo, a las 3 a. m.”, empieza su testimonio.

Su padre, Carlos Alberto Ochoa Córdova, tenía 63 años cuando murió a causa de la diabetes. Su hija recuerda todavía cómo estaba la Unidad de Cuidados Intensivos esos días. Sin médicos, sin enfermeras, con un montón de muertos en el piso. “Solo allí conté 30”, recuerda.

Al morir su padre, Karen lo vio por última vez con un tapabocas, en una camilla. “Me tocó caminar sobre cadáveres para ver dónde estaba. Pensé en cada persona que estaba tirada en el suelo. Nunca me imaginé que terminaría así mi papá, como algo que no servía”.

Ochoa recibió especificaciones para completar los trámites de inhumación, por los que pagó mil dólares y tuvo que esperar tres días, pero cuando volvió, con la caja, ya no había cuerpo que recoger. Se lo habían llevado en un contenedor.

El 22 de abril, el nombre de Carlos Alberto Ochoa Córdova apareció en la página del coronavirus. Había sido enterrado en el Parque de la Paz de Pascuales. Su hija pudo visitar el cementerio cuatro meses después. Y luego de ver todo lo que ha pasado con los cuerpos en la pandemia tiene dudas y quiere exhumar el cadáver. Le indigna, sin embargo, cuánto ha tardado el trámite.

El doctor Freddy Herrera reconoce que el tiempo ha sido más prolongado de lo esperado tanto en los procesos de exhumación como en los de reconocimiento, y dice que uno de los motivos es que “el fiscal que está a cargo de la investigación está asignado a otras tareas de corrupción”.

El abogado Vanegas cree que si hay unos 60 cadáveres sin identificar y tomando en cuenta que hubo casos en que los cuerpos fueron cambiados o confundidos, es posible que se haya enterrado a fallecidos equivocadamente.

Esa, critica, es una respuesta que el Estado debe y de la que nadie quiere asumir la responsabilidad. “Pretenden dormir el reclamo ciudadano para que se diluya”, pero eso no pasará, enfatiza.