Maestros inician una huelga de hambre en defensa de la vigencia de la Ley de Educación
Los docentes permanecen sobre colchonetas en la Plaza San Francisco. Piden a la Corte Constitucional que se pronuncie a favor del cuerpo legal
Este lunes 12 de julio, una veintena de maestros inició una huelga de hambre para exigir que se levante la suspensión temporal de la vigencia de la Reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOES), que promueve cambios en la educación.
La Corte Constitucional tramita una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas aprobadas, y el actual Gobierno, a través de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, se ha pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, debido a que crea prestaciones sociales que no están financiadas y que amenazan la sostenibilidad de la seguridad social en el país.
Con finos colchones, los maestros llegaron a la Plaza San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad. Allí instalaron tres carpas rojas para resguardarse del sol. A través de grandes parlantes daban a conocer el motivo de la medida. 'La LOEI beneficia al sector educativo del país y no solo a los maestros", dijo Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Guayas, al justificar la acción.
A la medida se han unido representantes de varios cantones de la provincia, como Salitre, Milagro, Yaguachi, entre otros.
Uno de los maestros participantes en la huelga de hambre es Mercedes Robalino, de 65 años y 25 en el magisterio fiscal. Ella es hipertensa, pero decidió participar en la medida porque "necesitamos una mejor educación en el país y que se den cambios que beneficien a toda la comunidad educativa", señaló.
Miembros de la Policía Nacional vigilan de cerca la protesta docente que, según los participantes, será hasta que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la vigencia de la ley.
La reforma a la LOEI establece un salario mínimo de 1.000 dólares para los maestros; el retorno del bachillerato por especialidad; el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otras.
