El mal olor de las lagunas de oxidación llega a la Asamblea

Desde distintos sectores del norte de la urbe se extiende la duda de cuánto más debe gritar la ciudad para ser escuchada y atendida, en lo que respecta a la pestilencia y contaminación del aire que enfrentan por el mal manejo de las plantas de tratamiento que administra Interagua, que trabajan a su máxima capacidad, algo que, luego de años, ha devenido en la apertura de un proceso administrativo.

EXPRESO ha analizado cómo otras entidades, como el Ministerio del Ambiente, pueden tomar partida en este problema, considerado por ambientalistas y médicos como de salud pública. Esa cartera de Estado, sin embargo, sigue sin responder, al igual que otras entidades como Emapag, Interagua y el mismo Municipio de Guayaquil (ver nota adjunta); y ante ello, algunos ciudadanos creen que es hora de que actúe el Estado desde otras instancias posibles, como la Asamblea.

Carlos Guerrero es líder comunitario de Sauces 1, en el norte de Guayaquil, y considera necesario que se actúe desde todos los frentes. “Si el Cabildo no ha dado una respuesta clara, si el tema ha quedado a un lado, entonces los asambleístas deben ser los veedores”, propone. Ana Ron, de Samanes 4, opina igual: “Este es un tema tan grave que debería hasta tratarlo el presidente de la República. Con la contaminación jamás se juega”.

Desde la Asamblea Nacional parece abrirse una luz. El asambleísta por el distrito 2 Marcos Molina, de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Salud, asegura que el martes próximo abordará el tema. “Este problema lleva tantos años, es ya un problema ambiental y de salud pública. Nosotros desde la Comisión de Salud vamos a actuar. Acogiendo cada una de las quejas de EXPRESO, vamos a analizar uno a uno los temas. Este martes iniciaremos el proceso”, dice, y añade que lo primero que hará es pedir documentación e investigar el tema, y luego solicitará que la alcaldesa Cynthia Viteri se presente en la comisión.

No es el único que actuará. El exsocialcristiano César Rohon, ahora legislador independiente por el Distrito 3, que abarca Samborondón (hasta donde llegan las molestias), ha admitido a este Diario que hay graves problemas de agua potable en Guayaquil, “no solo en el norte (por los olores), sino en los costos y facturación, que deben ser revisados”.

Ha adelantado, tras el pedido de información de este Diario, que pedirá a la Comisión de Desarrollo y la Microempresa la comparecencia del gerente de Interagua, Frédéric Certain, para que informe qué es lo que sucede. “Haremos extensivo este pedido a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri”.

Mientras que el asambleísta de UNES Ronny Aleaga adelanta que la bancada analiza llamar al ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, para que dé explicaciones como representante del ente rector. “Es competencia de esa autoridad observar que se cumplan las ordenanzas que atañen a temas ambientales”, explica.

Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, una organización sin fines de lucro que realiza seguimiento, análisis y control ciudadano a la Asamblea, ha explicado en entrevista con este Diario que, efectivamente, más allá de legislar, los asambleístas tienen la facultad de fiscalizar las acciones que realice cualquier entidad pública. Entre las gestiones, como lo harán los legisladores Rohon y Molina, está pedir explicaciones sobre temas de preocupación ciudadana, precisa.

“Los funcionarios llamados tienen la obligación de asistir. Tras las reuniones, donde se expondrán los escenarios y argumentos, se determinará si hay sustento suficiente para señalar incumplimientos en la labor de la entidad o los funcionario indagados”.

Lo que sigue a aquello, explica el líder del Observatorio, es que la comisión o el asambleísta que ha pedido las explicaciones, realice en este caso un exhorto a la alcaldesa Viteri, a imponer una sanción disciplinaria; y a la Contraloría, a actuar en el marco de sus competencias. En una instancia adicional, sostiene, si las respuestas a esos exhortos son negativas, podrían iniciarse incluso procesos de juicios políticos.

La asambleísta por PSC María Soledad Diab recuerda que primero está el debido proceso. “El Municipio tiene un ente regulador que se llama Emapag y está tomando acciones frente a la denuncia. De persistir el incumplimiento de las acciones que mitiguen las afecciones, sí sería factible solicitar la información necesaria, según lo que establece la Ley Orgánica de Función Legislativa”, detalla.

Y añade que las afectaciones que se dan por la laguna de oxidación constituyen una vulneración al derecho a un medio ambiente libre de contaminación, e incluso al derecho a la salud. Y que frente a ello, la competencia para buscar la reparación del daño la tiene la Defensoría, que ya ha explicado que solo actuará tras una denuncia formal.

Por su parte Ferdinán Álvarez, legislador de UNES por el distrito 3, sostiene que como los municipios tienen sus propios mecanismos de rendición de cuentas, quienes integran la Asamblea deben sumarse, primero como ciudadanos y luego como legisladores, a exhortar al Cabildo a encontrar una solución definitiva. “Mejorar la calidad de vida de los guayaquileños, más allá de banderas políticas y posiciones personales, es lo que queremos”, afirma.