La mendicidad infantil, un mal de toda Latinoamérica

“Buenos días, señores pasajeros. Hemos subido a este bus para cantarles una cancioncita y nos colaboren con cualquier monedita...”. Con ese discurso, ‘Ánali’ intenta convencer a los usuarios de un transporte público para que le den dinero. Su diminuto cuerpo (no pasa de 10 años), raído vestuario y las chanclas que dejan al descubierto unos pies maltratados, despiertan compasión en unos y desinterés en otros. Tras media canción recoge el dinero y baja en medio de risas y juegos con otro menor.

Es el panorama que casi a diario se observa en transportes urbanos del norte de la ciudad, especialmente por la avenida Orellana, donde ‘trabaja’ la pequeña y sus amigos, también menores de edad. Una situación que se replica en otros sectores como Malecón 2000, Plaza Centenario y San Francisco, calle Boyacá, avenida 9 de Octubre, Puerto Santa Ana, La Atarazana, Urdesa, centros comerciales, denominadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como “zonas receptoras” de mendicidad en Guayaquil y donde los menores son utilizados para pedir dinero.

Del 1 de enero al 13 de junio, agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones Contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez (DAI-Dinapen) han rescatado a 143 menores de edad en situación de maltrato físico, psicológico, sexual, trato negligente en el cuidado, en situación de calle. En 108 operativos desplegados en diferentes sectores de la urbe, también han abordado a 129 niños y niñas. El MIES y las entidades cooperantes de erradicación progresiva de la mendicidad han realizando 95 intervenciones, donde han identificado y abordado a 45 niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad.

Pero pese a estos esfuerzos, la situación no cambia y se experimenta también en otros países. “Es un mal endémico de toda Latinoamérica. Realmente es muy triste ver a niños en las calles, sin infancia, porque alguien les ha robado esa infancia. Es un tema sumamente complicado. También lo he visto en Chile, en Bolivia un poco menos, pero sí se ve en Paraguay, Ecuador, Colombia”, señala Carlos Parma, magistrado de Argentina, país que tampoco vive esa realidad, asegura.

¿Qué se debe hacer desde lo local y central para combatir la explotación infantil? En un último informe, Amanda Martín, especialista de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Perú, lo sintetiza en cuatro acciones: 1. reducción drástica de la pobreza; 2. acceso a una educación de calidad y pertinente; 3. dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y de la niñas; y 4. acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Y para llevar a cabo estas estrategias, señala en el documento, Perú trabaja en estrecha colaboración con los actores que intervienen en el mercado laboral y la protección de los derechos de los niños.

Para finales de 2022, advierte la Unicef, cerca de nueve millones de niños más corren el riesgo de verse abocados a la realización de trabajo infantil como consecuencia de la pandemia. Esa cifra podría aumentar a 46 millones si no se adoptan medidas de protección social. Añade que la falta de escolarización incide más en las niñas y niños de menor edad: 28 % de los niños de 5 a 11 años en trabajo infantil no están escolarizados, un tercio en el tramo de 12 a 14 años.

Eduardo Michuy, coordinador de la organización Ayuda en Acción, en la zona norte de Ecuador, observa que en Guayaquil, a pesar de crecer en modernización, no deja de crecer la pobreza, que viene derivada principalmente del limitado acceso a fuentes de empleo y la falta de educación. A ello sumamos la drogadicción y alcoholismo y la migración, tanto interna como la proveniente de Venezuela, que han agravado la situación económica y social de la ciudad”.

Hasta ahora, añade, muchas de las campañas promovidas desde el Estado ecuatoriano se han enfocado en casas de acogida, las cuales no son la respuesta integral al problema.

A las respuestas reactivas y no preventivas del Estado se suma el hecho de que se ha buscado normalizar el seguimiento a las familias en situación de mendicidad y generación de alianzas con varias organizaciones no gubernamentales para dar apoyo a estas familias, pero se trata de ayudas momentáneas.

Considera que se debe comenzar a buscar estrategias para regularizar a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Hay que mejorar el acceso a créditos para poner en marcha un emprendimiento; potenciar el acceso a la educación, y no solo a la educación formal, sino también a la educación técnica y la capacitación continua; además de reforzar la educación desde el sector rural, para lograr el denominado ‘Cero Trabajo Infantil’.

• Las Sanciones. Nueve detenidos en este año 

Las acciones emprendidas este año han permitido la detención de 5 personas por trato negligente, otras 2 por trabajo forzado y otras formas de explotación laboral y 2 por trata de personas.

La fiscal Yoli Pinillos, coordinadora de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, explica que el artículo 105 del COIP tipifica los trabajos forzados y otras formas de explotación laboral, que son sancionados con una pena de 10 a 13 años de cárcel. El numeral 2 señala la utilización de menores a 15 años. El artículo 108 también tipifica el empleo de personas para la mendicidad. “Lamentablemente, a veces se naturaliza este tipo de hechos y se ha hecho costumbre encontrar a niños, niñas y adolescentes en las calles, en condiciones paupérrimas e inclusive muchos de sus padres son los que se dedican a este tipo de actividades...”, manifiesta la fiscal.

En caso de que sean los padres quienes obliguen a los menores, se buscan medidas de protección para el niño. Según el MIES, la primera acción es el acercamiento a las familias para conocer la problemática que atraviesan. En los casos de reincidencia, se informa a la Dinapen para que inicie la investigación y ponga el caso en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial competente.