El Ministerio del Ambiente calla frente al manglar talado

Cuando de tala de manglar se habla, el Ministerio del Ambiente parece escuchar a medias o no escuchar. Decenas de denuncias llegan al despacho de la entidad. A veces, con suerte, se realizan inspecciones que derivan en informes técnicos del propio ministerio y luego nada.

La publicación de este Diario que sustenta la depredación de 40,55 hectáreas de manglar ejecutada por la camaronera Negodich S.A., publicada el 29 de septiembre, hizo reaccionar a asociaciones que trabajan en el golfo de Guayaquil y empresarios legalizados dedicados a la actividad camaronera, para dejar al descubierto decenas de informes que no han tenido ninguna acción sancionatoria.

Está dicho que cuidar el manglar es ley y que depredarlo es delito. En una ciudad como Guayaquil, amenazada por las inundaciones por su ubicación geográfica, este recurso representa un estabilizador de la línea costera, un sostén biofísico del golfo y una garantía de la permanencia de la biodiversidad que lo acompaña, recuerda Federico Koelle, presidente de la Fundación Cerro Verde y activista defensor del manglar.

No hay respuestas, sí el mapa y las denuncias

Ni EXPRESO, ni los empresarios, ni los comuneros han recibido respuestas de Ambiente sobre estos casos de tala de manglar sin sanción. Y mientras se espera, el tema aterrizó, otra vez, en la reunión mensual de la Junta de Manejo Participativo Comunitario Manglares Don Goyo, en la comuna Bellavista, la tercera semana de octubre pasado.

Allí se citaron seis asociaciones de custodios de 10.859,53 hectáreas de manglar y mostraron a este medio de comunicación un mapa de los once sitios identificados con tala y cientos de hectáreas afectadas.

En esas comunidades se guardan decenas de copias de oficios entregados por los custodios y usuarios del manglar que exigen a las autoridades hacer algo. Hay casos críticos, como el de la camaronera El Tigre, que tiene un expediente de 300 hojas y donde se denuncia la tala de al menos 50 hectáreas de manglar hace 11 años.

Aunque es el caso más representativo en el golfo, hay otros. Leonardo Lindao, presidente de la Asociación de Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, describe talas desde una hasta medio centenar de hectáreas. Él y sus compañeros custodios del manglar aseguran que son causadas por presuntas camaroneras que trabajan al margen de la ley y que tienen amplios terrenos en las entrañas de este brazo de mar. Algunas llevan años sin ser sancionadas. Otras habían sido cerradas y ahora volvieron a operar en sitios donde el manglar se había regenerado.

Certezas que marcan las deudas

Los custodios, que viven del manglar y dedican su vida a la recolección de crustáceos y pesca, han enviado decenas de oficios. Ninguno ha logrado respuesta favorable. En algunos de esos documentos se dirigen a Nelson Zambrano, exsubsecretario de Gestión Marino y Costera, a quien EXPRESO buscó por este tema.

“Actuamos haciendo inspecciones; pero la subsecretaría (eliminada este 2020 como parte de la reducción del Estado) no tenía la competencia de sancionar. Nos tocaba enviar informes a las direcciones provinciales para que desde allí se empiece el proceso administrativo y llegue la sanción”, dice.

Zambrano, quien también es biólogo, reconoce que hay procesos administrativos que aunque en Guayaquil se decidan multar, el acusado puede apelar. “Me tocó ver cómo en planta central se desvanecía todo. La corrupción puede escalar a niveles muy altos (...)”, asegura.

Las denuncias también llegan desde las camaroneras y tampoco se escuchan

De esa falta de avance también da cuentas la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que tiene diez oficios -todos de este año-, con referencia de GPS y fotos, de denuncias de tala de manglar que no han tenido respuesta. De hecho, estas operaciones ilegales siguen ejecutándose en algunos casos.

Así lo asegura el presidente de la organización, José Antonio Camposano. “Ambiente ha argumentado que no tiene recursos para las inspecciones. Para facilitar su trabajo, los pusimos nosotros; pero tampoco funcionó. En este tema, la autoridad es débil”, sostiene.

Federico Koelle, presidente de la Fundación Cerro Verde, ha trabajado las últimas dos décadas con las comunas del golfo y conoce el tema de sobra. Desde su lectura, todo este estancamiento en las denuncias deviene de intereses entre autoridades y camaroneros ilegales. “Son millones de dólares de por medio. Hay una enorme argolla que impide avanzar o concretar sanciones”, opina.

Si Ambiente y las autoridades competentes hubieran sancionado a las camaroneras que hoy depredan el golfo, Ecuador habría recuperado 83 mil dólares por cada hectárea de manglar talada, como lo demanda la ley, observa el biólogo Xavier Salgado, representante de la Organización Voluntaria Medio Ambiente Sustentable, que ahora mismo prepara una medición actualizada de cuánto se ha talado en la zona costera.

Según un informe de Ambiente, la cobertura de manglar a nivel nacional hasta 2016 era de 155.978 hectáreas. Allí se especifica que Guayas pasó de tener 104.497 hectáreas en 2012 a 108.757 en 2016 debido a la reforestación obligada por la ley cuando, a inicios del 2000, el manglar empezó a protegerse. Aún así, esas estadísticas no están actualizadas. “En Google Maps se puede ver que han aparecido camaroneras que no estaban allí antes de los acuerdos ambientales”, advierte el presidente de la CNA.