El Servicio de Medicina Legal debe dar un paso al costado

Desde 2016, los centros forenses del país no están bajo la tutela de la Dirección Nacional Técnica Científica Policial. Esto, dos años después de la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP); desde entonces, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la que ha estado a cargo. Pero ¿cuáles han sido los pros y los contras?

Para los expertos entrevistados por EXPRESO, los contras tienen mayor peso en la balanza. Francisco Plaza, experto en salud pública, expresidente del Consejo Médico Andino y del Colegio de Médicos del Guayas, indica que ese cambio “fue un completo desacierto; una decisión equivocada, el dejar sin morgue a la Policía y a los organismos de tránsito”. Esto, a su criterio, el Servicio de Medicina Legal “lo ha manejado muy mal, a tal punto que ha permitido el congestionamiento de cadáveres”. Además, de que la labor está centralizada.

Eso porque el presupuesto no lo manejan los centros forenses, sino el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señala el abogado y exasambleísta Luis Almeida. Cuando Paúl Guerrero estuvo a cargo de la Unidad de Medicina Legal de la Zona 8, el Servicio Nacional de Medicina Legal era “dirigente en algunos procesos”, pero en otros no, demoraban, comenta. Uno de los problemas que tuvo fue que los vehículos, con los que operaba el centro forense, ya habían cumplido su vida útil y tuvo que hacer varios requerimientos, “al final fueron aceptados; los vehículos llegaron después de mucho tiempo”.

Un funcionario de la entidad forense indicó al Diario que toda “novedad” debe ser comunicada primero a Quito (al Servicio de Medicina Legal), por vía legal y documental. “Las unidades forenses son las que hacen el 90 % de las pericias a nivel nacional”, es decir, la Policía debe ser, a la vez, secretarios, peritos y administrativos.

En los centros forenses laboran, en total, 1.000 policías. En cambio, en el Servicio de Medicina Legal, aproximadamente 100 personas, ellos solo se encargarían del área administrativa o pericial, no las dos a la vez.

Pero parte del mal funcionamiento de estos centros forenses se debe a que Guayaquil no cuenta con un instituto de medicina legal, sino solo con un edificio de criminalista y ciencias forenses, afirma Juan Montenegro, médico y exjefe de Medicina Legal. “La medicina (legal) no puede ser un apéndice de criminalística, porque es una ciencia técnica y científica, que va de la mano con la ciencia médica general, es una especialidad”. En cambio, criminalística “es una ciencia de investigación que se nutre de lo que aporta la medicina legal a través de las evidencias que se encuentran en el cadáver”.

Además, afirma que, cuando se construyó el complejo de la Policía Judicial (PJ), hubo planos para la creación del instituto de medicina legal, pero “con criterio mezquino invirtieron el presupuesto de medicina legal en la construcción de criminalística”. Montenegro denuncia que en cuatro años no han podido modernizar ni aumentar las cámaras refrigerantes, las que actualmente tiene (36) es insuficiente para Guayaquil, sino que se quedaron con los contenedores isotérmicos, porque no tienen dónde expandirse porque “donde construyeron es un espacio antitécnico”.

Sin embargo, Roberto Gilbert, médico y asambleísta suplente del PSC, manifiesta que ese sitio no es el adecuado. “Eso debe salir de la ciudad”. Aconseja que se edifique en un par de hectáreas, tipo penitenciaría.

A eso, Almeida le suma la falta de transparencia por parte de la entidad de Medicina Legal en cuanto a las cifras de cadáveres que están bajo su custodia y administración. Esto, porque denuncia que en las morgues de la calle 38 y la que está al lado del Hospital de la Policía Nacional venden cadáveres a $ 3.000, a estudiantes de Medicina.

Desde el 11 de junio, EXPRESO ha solicitado información sobre la cantidad de cuerpos en las morgues, espacios para inhumación, contrato de contenedores, entre otros datos, y una entrevista; ni Gabriela Díaz, subdirectora general de Medicina Legal, ni Alejandra Pérez, coordinadora técnica, ni Martha Valle, analista administrativa, contestan llamadas telefónicas, correos y WhatsApp.

Pero todo radicaría en que quienes están a cargo del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses no cuentan con el aval ni con el conocimiento sobre el tratamiento de cadáveres, afirma Montenegro. Ellos, “el director nacional de Medicina Legal es un licenciado en criminalística, los jefes de los servicios médicos legales, de las ciudades, son oficiales de línea de la Policía, no son médicos”.

Es por eso por lo que “no tienen el criterio médico-científico para saber y darse cuenta de en qué tiempo un cadáver se descompone”, observa Montenegro, “peor en condiciones de hacinamiento”. Las temperaturas cambian al superar la cantidad máxima de cuerpos. En el contenedor, máximo debe haber 80.

No obstante, Guerrero llama a estar pendientes de lo que ha propuesto el Gobierno en torno a la posible absorción de 19 entidades, entre ellas el Servicio Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para Guerrero, los peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura, el personal técnico y especializado deberían pasar a la Dirección Nacional Técnica Científica Policial. Otro funcionario que pidió la reserva de su nombre, “el Servicio es una sinvergüencería. Hay muchas falencias. Nosotros hacemos todo, pero dependemos de ellos; es una impotencia”.