Nueva inspección para proteger a Cerro Blanco de la explotación minera ilegal

A los nueve días de que el Municipio de Guayaquil constató que una cantera estaba haciendo minería ilegal en la área protegida del Bosque Cerro Blanco, en la vía a la costa, las autoridades regresan al lugar. Ahora la nueva inspección es por tierra. El pasado 31 de agosto la alcaldesa Cynthia Viteri lo hizo en un helicóptero junto a autoridades del Ministerio de Ambiente.

El área conecta con la Cordillera Chongón Colonche y es parte del cinturón de bosques secos, que une a tres provincias en la costa del Ecuador, de allí que quienes siempre están pendientes de cuidar la zona son las personas que viven en las ciudadelas aledañas. Y precisamente fueron los moradores quienes advirtieron que se escuchaban explotaciones en la parte protegida. En efecto, tras el sobrevuelo se vio que la minería ilegal había hecho una especie de cráter en el bosque. Acto seguido se clausuró la cantera San Francisco, por mantener actividades de extracción fuera de los límites de su concesión.

En esta ocasión la inspección in situ la realizaron la presidenta de la Mesa de Movilidad Gina Galeano, y los directores municipales de Ambiente, Bolívar Coloma; de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez; deportes, Carlos Alvarez y representantes de la ciudadela Torres del Salado.

El propósito de la inspección, según precisó en un comunicado el Cabildo, fue el de  asegurarse de que el hábitat de las especies no se ha visto afectado de ninguna forma, al igual que el acceso al bosque, cuya ruta es utilizada por deportistas, en su mayoría ciclistas, que se desplazan en esta zona para practicar ciclismo de montaña.

La visita, adelantaron las autoridades, apunta a crear acciones, que aún no se han dado a conocer, para proteger el sitio.

Desde el año pasado las autoridades intentan que las canteras que están en la vía a la costa tengan licencia ambiental.  En la zona hay 36 canteras con título minero, 6 en cumplimiento con las normativas ambientales, 12 clausuradas, 1 en trámite jurídico, 7 con acción de protección, 2 con medidas cautelares y 8 sin actividad minera.

Pese a las visitas de las autoridades del municipio los moradores sienten que la acción todavía no es integral. "Desde el pasado mes de mayo hemos percibido que hay más polvo y más explotaciones. Falta que las entidades del Gobierno central se una a la labor municipal, porque hay partes que les corresponde regular a los ministerios de Ambiente, Energía y Recursos Naturales No Renovables y Agencia de Regulación y Control Minero", dijo a EXPRESO Guillermo Ayala, presidente de la Federación de las Urbanizaciones de la vía a la costa.