Ocho delitos marcan la vida de adolescentes infractores

Lesiones, intimidación, violencia física contra la mujer, abuso sexual, violación, robo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), tenencia y porte de armas. Un catálogo extenso, pero que resume los delitos en los que más incursionan o cometen los adolescentes, en Guayaquil; y, por los cuales enfrentan procesos penales que, en su mayoría, son sancionados con internamiento institucional que no pasa de los 8 años.

Un reporte elaborado por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura (CJ), solicitado por EXPRESO, revela que de las 8.458 causas de adolescentes infractores que ingresaron a nivel nacional, entre enero de 2020 a marzo de 2022; 1.574 corresponden a la provincia de Guayas. 815 de ellas fueron en el año que inició la pandemia, mientras que 603 en 2021. En el primer trimestre de este 2022 ya se contabilizan 156.

Las Unidades Judiciales de Guayaquil y Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas son las que más procesos en esa materia registran, en relación al resto de cantones del país.

De las 1.574 provinciales, 783 corresponden a causas que se iniciaron por hechos delictivos cometidos en el Puerto Principal, 755 son procesos de primera instancia (juzgados) y 28 de Sala.

Según el reporte, entre los delitos por los que más se investiga a los adolescentes infractores figuran: abuso sexual, violación, robo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), tenencia y porte de armas.

De las infracciones de impacto social como robo han ingresado 194 causas en los últimos tres años, de las cuales han sido resueltas 175. A esas se suman 122 por drogas y 101 por tenencia y porte de armas. Son los actos ilícitos que más se visibilizan tras los operativos desarrollados por la Policía Nacional que, en la mayoría de casos están inmiscuidos adolescentes.

Así lo corrobora el general Víctor Hugo Zárate, comandante de la Zona 8, quien el pasado 30 de abril dio detalles de un operativo ejecutado un día anterior al estado de excepción parcial que se decretó en tres provincias, principalmente en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La acción policial dejó once personas detenidas, tres de ellas adolescentes de 16 y 17 años, implicados en diferente delitos como: tenencia de armas de fuego, posesión de sustancias sujetas a fiscalización. “Algunos de ellos habían participado en hechos violentos en días y meses anteriores, en el cantón Durán”, declaró el oficial.

Ese mismo día, el mayor Édison Núñez, jefe operativo de la BAC-Zona 8, informó también de la detención de cinco hombres, entre los que constaba un adolescente de 16 años. Los cinco, según las investigaciones policiales, habían participado en el asalto y robo a un local ubicado en Los Vergeles, norte de la ciudad, donde amedrentaron a los comensales del negocio para despojarlos de sus pertenencias.

“Uno de los detenidos es menor de edad”, recalcó el oficial, pero los otros oscilaban entre los 18 y 24 años; algunos ya contaban con antecedentes delictivos.

Pero, de acuerdo con el reporte judicial, no todas las causas terminan con sanciones ejemplarizadoras como espera la ciudadanía, una situación que es aprovechada por bandas delictivas que involucran a menores de edad en sus filas, los que incluso terminan siendo víctimas mortales.

De hecho, en relación a las causas ingresadas por robo en 2020, solo existen 8 con sanciones: 6 en 2020 con internamiento institucional (1) y 5 con internamiento de fin de semana; otras 2 por internamiento domiciliario en 2021. Igual ocurre con los casos de tráfico de drogas. Entre 2020 y 2021 se registran 4 sancionados con internamiento institucional y 2 de fin de semana.

“En el ámbito legislativo, dentro del Código Orgánico Integral Penal, constituye un agravante el valerse de niños, niñas y adolescentes para el cometimiento de ilícitos, por lo que el tema más que abordarse desde un enfoque punitivo debería analizarse a la luz de los problemas socioeconómicos que aquejan a la sociedad y la familia (...)”, señala el juez Lenin Zeballos, de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

Según explica, partiendo de la Constitución de la República del Ecuador, existe una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia respecto a las niñas, niños y adolescentes (NNA); en tal sentido, hablar únicamente de la responsabilidad estatal frente a situaciones que involucren a este grupo etario es inapropiado, considera.

“Personalmente, veo con gran preocupación cómo va en crecimiento el número de NNA en las calles, lo que permite su explotación, ya sea como consumidores de drogas habituados al reciclaje, la mendicidad y la venta callejera, en el ámbito sexual o como peones en la esfera delincuencial”, lamenta.

Como conocedor de la situación propone que “a más de considerar, según sea el caso, la posibilidad de aplicar la justicia restaurativa, sería la reinserción familiar y, en caso de que esto no sea posible, el acogimiento institucional, para lo cual se requieren recursos, siendo una posibilidad que el Estado asuma la tutela de estos menores, pudiendo ejercer la facultad de proponer demandas a los padres biológicos y así paliar los gastos derivados de su manutención”, plantea el juzgador.

Y sobre las medidas más aplicadas, con gran pesar señala que es el internamiento institucional el que más se aplica, debido a la gravedad de la infracción cometida.

En estos casos, la rehabilitación es un proceso integral, en el que participa el Estado, la familia, pero sobre todo, debe existir por parte del adolescente infractor la voluntad de rehabilitarse. “En muchos casos, sostiene Zeballos, esta rehabilitación es imposible, incluso pese a que sobre los ilícitos cometidos por NNA no se generan antecedentes penales, tampoco existe constancia procesal de su juzgamiento y sanción (...) es importante recuperar a los jóvenes, realizar un trabajo preventivo antes que uno de carácter correctivo o sancionador, y para ello se requiere del trabajo mancomunado del Estado, la sociedad y la familia, reparando en el rol que ejercen los padres en la formación de nuestros jóvenes”.