Pagar caro no los aleja de la inseguridad ni de ‘malos vecinos’

Alejarse del bullicio, el esmog, la inseguridad, el tráfico vehicular, la violencia urbana motivó a Efrén (nombre protegido) a comprar una vivienda en una de las urbanizaciones del Gran Guayaquil, en la vía a Samborondón. El cambio le costó un ‘ojo de la cara’, por el pago de alícuotas y prediales, que anualmente superan los mil dólares, pero la paz y bienestar de él y su familia no tenían precio. Todo iba bien hasta hace un par de años, cuando esa violencia criminal que veía en el Puerto Principal se trasladó a las puertas de sus hogares con la llegada de ‘vecinos’ indeseables, lo que ahora lo está llevando a pensar seriamente en salir del país.

La masacre registrada la mañana del pasado 28 de enero en la urbanización Castilla, donde    balearon a cinco personas, entre ellas una menor de edad y un policía en servicio activo, ha ahondado el temor que sienten no solo los residentes, sino sus administradores, quienes aseguran que a pesar de las “investigaciones” que a discreción realizan a nuevos moradores, ya se escapa de sus manos garantizar seguridad.

“Es muy complejo el tema. Esto ya es incontrolable. Mientras el Gobierno central y los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados, es decir las alcaldías) no trabajen en conjunto e inviertan en inteligencia, hasta digital, para realizar los operativos, es complicado. Hace diez, quince años, la sociedad no estaba tan violenta como ahora. Les han dado mucho terreno en pospandemia a estas bandas lideradas por carteles de narcotráfico, sicariato. Ya son organizaciones criminales estructurales que usan tecnología de alto alcance que ni las fuerzas policiales ni fiscales tienen”, señala Efrén. Detalla que casa adentro, las urbanizaciones invierten mucho en seguridad: cámaras de circuito cerrado,    botón de pánico, seguridad privada, dobles barreras, entre otras cosas, lo que muchas veces genera pago de alícuotas extraordinarias. Eso, agregado al pago de prediales en sectores de alta plusvalía como Riberas del Batán, donde hay terrenos donde cada metro cuadrado cuesta 540 dólares, o en Isla Mocolí (330 dólares el metro cuadrado; a diferencia de los $ 160 que se pagan en Bellavista o    los $ 262 en Los Ceibos, según la página de Plusvalía.

Pero seleccionar al tipo de persona que vaya a vivir a la urbanización no está en manos de las administraciones. “Son directamente los propietarios de las viviendas quienes a veces, por ahorrarse, lo hacen directo (alquiler o venta de casa) en lugar de contratar una inmobiliaria que verifica las opciones y se las presenta al comprador, porque yo he hecho eso antes. Le analizan todo a la persona, antecedentes, si ha pagado o no”, manifiesta César Gutiérrez, residente de la urbanización Castilla, donde ocurrió la matanza. Por ese hecho y otras necesidades, los moradores protagonizaron el miércoles 1 de febrero una protesta en el kilómetro 13 de la vía a Samborondón, para exigir mayor seguridad y atención por parte de las autoridades.

Gutiérrez cuenta que en los últimos años el sector ha sido sacudido por robos, especialmente en el exterior. Y a pesar de tener una carpa para policías, estos están por poco tiempo en el lugar.

Y es justamente eso lo que Luis Fernando, administrador de una urbanización en la parroquia satélite La Aurora (cantón Daule), reclama. “El problema está en la cantidad de gendarmes, de policías, de motorizados, de carros disponibles para hacer esta labor. No se abastecen, es bastante deficiente. No puede ser que estén 14 policías alrededor de 105 urbanizaciones que están en La Aurora”, cuestiona el dirigente, al detallar las que están del lado de la avenida León Febres Cordero, vía a Salitre, La Joya, Villa Club, Villas del Rey, en sus diferentes etapas; además de La Rioja, San Sebastián, Matices.

“Entonces, cada vez están subiendo la cantidad de urbanizaciones, la cantidad de habitantes, de vehículos para el desalojo de la gente que va a Guayaquil... Tenemos un plan piloto con la policía, pero si necesitamos de ellos y están en otro proceso, por más que quieran ir no pueden. El tema es grave, no es de ahora. Siempre que hay eventos como este (lo de Castilla) sale a relucir lo mismo y no es que den una solución”, señala Luis Fernando, quien también pide la reserva de su verdadera identidad por temor a represalias.

Con esa falta de policías también concuerda Jean Carlos Intriago, presidente de la urbanización Platino de La Joya.    “Hemos insistido en que la UPC que está en La Aurora no se abastece para todas las urbanizaciones que se encuentran en el satélite, porque son demasiadas. Considero que se debe optar por una más cerca que corresponda a Villa Club, La Joya, La Rioja, Villas del Rey, Vistana, todas las urbanizaciones que están del lado de acá”, propone el dirigente, al considerar que el alto índice de criminalidad que vive el país “nos ha quitado ese derecho, ese privilegio de tener una mejor seguridad. Vivir en una urbanización cerrada o privada ya no es garantía de seguridad y bienestar”.

Pero al igual que los demás dirigentes y residentes, intentan ver opciones que contribuyan a esa paz y tranquilidad que tanto se anhela, con nuevas medidas como monitoreos en vivo, alarmas silenciosas, alarmas sonoras o comunitarias, comité de seguridad, rondas, capacitación, entre otras.