Cambiar la administración del parque Samanes, una cuestión de actitud política

Voluntad política es lo que se requiere para que el Municipio de Guayaquil pueda gestionar el parque Samanes, administrado por Inmobiliar. Sin embargo, ¿es menester que la Alcaldía busque adquirir esta facultad?

El pasado 5 de junio, Aquiles Álvarez, burgomaestre de Guayaquil, solicitó formalmente la “competencia para la administración del parque” y “los recursos suficientes para su ejecución” al presidente Guillermo Lasso. Conjuntamente, pidió “la elaboración de los informes técnicos correspondientes para la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional”.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, comunicó a este Diario que a la solicitud “se le está dando el trámite respectivo”, el cual consiste en “pedir los informes dentro del Gobierno” para “tomar una decisión lo antes posible”.

Actualmente, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) está a cargo del mantenimiento de las 851,66 hectáreas del Área Nacional de Recreación Los Samanes, desde 2015, luego de que se fusionó con la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, mediante Decreto Ejecutivo 837.

Para Nicolás Issa, exdirector de Inmobiliar, que la solicitud del Cabildo tenga luz verde depende de voluntad política, ya que “solo deben firmar un convenio para que Inmobiliar traspase el manejo del parque y sus recursos”, pues “cualquier autoridad puede hacerse cargo”. La cartera de Estado es responsable de 12 parques urbanos a nivel nacional, seis de ellos en Guayas.

Este parque es el tercero más grande de Latinoamérica, fue declarado Área Nacional de Recreación y se lo incorporó al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Estado, mediante Acuerdo Ministerial 048, del 28 de marzo de 2010.

Un césped crecido, letreros de madera desgastados, rejas descoloridas que dividen en dos carriles el ingreso al Área Nacional de Recreación Los Samanes son lo primero que se divisa desde el exterior. Este sitio está ubicado en el norte de Guayaquil.

En el parque Samanes es común ver a niños, jóvenes y adultos trotando o andando en bicicleta. O aprovechando la sombra de los grandes árboles para descansar o realizar pícnics o conversar. Aunque, a simple vista se notara que el sitio estuviese mejor, no es así, como lo ha evidenciado EXPRESO.

Basta con caminar cerca de la laguna para ver cómo está contaminada. En su superficie hay basura, el agua tiene una coloración verde oscura con manchas. O tratar de llegar a las canchas de fútbol por una zona llena de maleza, sorteando entre huecos que no son visibles.

Bryan Correa, de 28 años, visita el parque dos o tres veces a la semana, ya que vive cerca, en la cooperativa Juan Montalvo. Junto con sus amigos juega fútbol en las canchas. Para él, esa zona junto con la fuente de agua son las áreas más descuidadas.

El descuido por parte de Inmobiliar no es nuevo. Sin embargo, al mal mantenimiento del parque se le suma la falta de control sobre la reserva natural, donde ha desalojado por varias ocasiones a personas que han hecho desbroce de vegetación con la intención de invadir la zona, ubicada junto a la autopista Narcisa de Jesús.

El jurista y docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Christian Quimí, señala que solo el Estado central puede tener la competencia exclusiva del parque, de acuerdo con el artículo 261 de la Constitución, porque se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo que, el Municipio solo podrá solicitar la “gestión concurrente”, pero “conforme al modelo de gestión del sector y con la autorización expresa del titular”, y esta le será entregada a través de la firma de “un convenio interinstitucional de cogestión de competencias concurrentes, por delegación”, como lo determinan el artículo 126 del Código Orgánico de Organización Territorial y el artículo 47 del Código Orgánico del Ambiente, indica.

Esto significa que el Gobierno central mantendrá la facultad rectora y normativa del parque Samanes, y la única que determine su modelo de gestión, indica el jurista. Por lo tanto, el Municipio solo ejecutará lo que la administración central dictamine. Para esto, “tanto el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como Inmobiliar deberán pronunciarse a favor de la delegación del parque Samanes a la Alcaldía de Guayaquil”, afirma Quimí.

Esta figura no es la misma que suscribió el Municipio de Samborondón, en 2020. Este Cabildo asumió la competencia del Parque Histórico Guayaquil, ahora denominado Parque Histórico Samborondón -bien que también está bajo la cobertura de Inmobiliar-, mediante la firma de un comodato, el cual le permite al Cabildo administrar y sacar provecho del bien público.

En cuanto a la asignación del presupuesto para la gestión, Quimí indica que eso debe establecerse en las cláusulas del convenio, ya que debe traspasarse los recursos disponibles que tenían planificado usar, sin perjuicio de que el Cabildo adquiera obligaciones al momento de querer gestionarlo, ya que “el convenio se hace con la probabilidad de tener los fondos, no necesariamente que lo tenga”.

Frente a este panorama y las medidas que en relación con el tema se tomarán, este Diario solicitó una entrevista con el representante de Inmobiliar, vía correo electrónico y por mensajería instantánea; también le envió un cuestionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para el analista económico Fausto Ortiz, este es un pedido adecuado, pero no cree que el Gobierno lo haga, estando tan próximo a culminar su mandato y más aún, “no entregaría recursos cuando cuenta con un presupuesto tan deficitario”. Por otra parte, “sería darle un potencial triunfo” y esto “es un asunto político que tendrá que ver el Gobierno cómo lo maneja”.

A criterio de Issa, aunque la entidad sí tiene la capacidad para administrar el parque, no lo está ejecutando. Por otra parte, indica que el parque requiere como mínimo un mantenimiento al año o cada seis meses, por su uso constante.

De acuerdo con la cédula presupuestaria de este año, a la institución se le asignó un presupuesto de 36’638.431,48 dólares, de los cuales hasta abril solo han ejecutado el 26,69 %.