Las pensiones alimenticias, un duro golpe por falta de pagos

La situación económica que atraviesa el país golpea en las demandas de alimentos. Un promedio de 172 boletas de apremio se emiten a diario, a escala nacional, por falta de pago de pensiones alimenticias.

Así lo reveló un breve informe emitido por el Consejo de la Judicatura (CJ), mediante el cual señala que en apenas una semana (entre el 15 y 21 de mayo) se emitieron 1.205 boletas de apremio contra personas que no han cumplido con el pago de pensiones alimenticias.

Durante ese periodo, los jueces que conocen estos casos realizaron 986 audiencias relacionadas con el tema.

La mayoría de esas diligencias se realizó en las provincias de Pichincha, con 224 audiencias; en Guayas se instalaron 147, en Manabí 60, Los Ríos 58 y Tungurahua 54.

“El futuro de la sociedad depende del adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes y por eso, en un marco de paz, justicia y verdad, el Consejo de la Judicatura promueve su protección y el cumplimiento de sus derechos”, señala el CJ.

Tras el fuerte contagio que sufrió por la COVID-19, Luis no ha podido recuperar del todo la salud y mucho menos el trabajo. Hace tres años perdió su fuente de ingresos no solo para él sino además para la manutención de su única hija. Para evitar caer en mora y que le emitan un apremio debió pedir una rebaja de la pensión que paga.

Como criterio general, el abogado Santiago Sánchez Llivicura, magíster en Derecho Constitucional, Penal y Criminología, menciona que dentro de los factores que generan esas boletas por el incumplimiento del alimentante está la falta de empleo en el país.

“Cuando el alimentante se demora en los alimentos, antes la mamá del niño presentaba un escrito y decía:‘no me paga dos a tres meses’, giraban boleta automáticamente;hoy, los jueces llaman a una audiencia y le preguntan por qué el atraso y lo que señalan es que no tienen trabajo, empleo”, comenta el jurista.

En algunos casos, como el de Luis, cuando se adeudan muchos valores por lo regular se abona el 30 % de la deuda y el saldo se difiere a dos, tres años hasta que la situación del alimentante mejore, sin dejar de pagar el valor mensual. Es uno de los mecanismos que se utilizan cuando los alimentantes se demoran por a, b, z motivos, explica Sánchez.

Pero el profesional insiste en que la situación económica del país incide mucho en esa mora de alimentos. Lo ejemplifica con el caso de un cliente que es cómico y su trabajo lo ejerce en las calles. “El señor debe como 8.000 a 10.000 dólares de años. Ha explicado al juez que los shows que hace en la calle generan el dinero... con los convenios y todo, él debe pagar casi 500 dólares y lo que me dice es de dónde va a sacar toda esa plata. Son tres niñas, una de ellas ya está en la universidad. Esa es la    situación de él, alguien que no trabaja en situación de dependencia, que no está enrolado. Se la busca en la calle y tiene que cumplir. Ya le han girado como tres veces la boleta de apremio y tiene que esconderse y esos meses que no trabaja no produce, pasa encerrado para evitar las batidas policiales y, en consecuencia ir a la cárcel”, cuenta el jurista.

El catedrático y abogado Juan Jiménez Guartán concuerda con su colega Sánchez, en que la situación económica y falta de empleo que adolece el país es una de las razones que generan esas boletas.

“El apremio personal en el ámbito de la justicia es un tema que genera mucha discusión en Ecuador, por lo cual ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido que la expansión punitiva con tinte administrativo que propuso el legislador ecuatoriano, en su momento, limitaba y vulneraba los derechos que son propios e innatos del Derecho Penal”, señala el catedrático.

Aclara que no pretende deslegitimar el apremio personal, más aún cuando existe el interés superior del menor, que es cuando los padres no cumplen con los alimentos que le deben a sus hijos, producto de una demanda que se instaure en el sistema de administración de justicia.

En ese sentido, señala que existen personas detenidas por adeudar pensiones alimenticias que “comparten cama con delincuentes de alta peligrosidad en los centros de rehabilitación”. De allí que plantea como sugerencia que el Estado, en este caso el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) debería de trabajar o hacer convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales o con las prefecturas para crear centros de privación de libertad para este tipo de infractor, en sitios donde no se detecte el riesgo de fuga o peligrosidad de las personas.

Eso, con la finalidad de que no sean confundidos en los centros de privación de libertad. “Vemos que se dieron masacres y se involucraron a personas con pensiones alimenticias. Hay quienes trabajan y que no trabajan que están inmersas en esta situación, porque la economía del país no es la mejor y no pueden ser confundidos con delincuentes comunes que ya    vemos en nuestra sociedad”, considera Jiménez. Y, de esa manera, también para descongestionar el hacinamiento que se vive en muchas cárceles del país.