Seis meses de inversión aún sin resultados para frenar delitos
En la rendición de cuentas del Plan Más Seguridad, las autoridades plantean monitorear la actuación de jueces. Pedirán estadísticas a la Espol.
A pocas horas de que terminara la primera rendición de cuentas del Plan Más Seguridad, un video de un asalto en Socio Vivienda 2 circulaba en redes sociales. En la grabación, de 20 segundos, se ve cómo un grupo de menores de edad desvalija a un taxista informal.
La alcaldesa Cynthia Viteri, quien se reunió la mañana del 3 de febrero en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) con otros funcionarios gubernamentales, reconoció que mientras ellos daban los primeros planteamientos de todo lo efectuado desde la firma del plan, “afuera lo que la ciudadanía ve es que la gente sigue asaltando, robando, pateando, golpeando y hasta matando de la peor manera”.
El convenio entre el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Gobierno fue firmado el 15 de agosto pasado y, ayer las diferentes instituciones involucradas por velar por la seguridad porteña detallaron qué habían hecho y qué harán para procurar la seguridad de los guayaquileños.
Sin embargo, aún no especificaron si las acciones tomadas hasta el momento estaban contribuyendo a bajar los índices delincuenciales en la ciudad, porque, reiteraron, esta es una fase de implementación.
Viteri detalló que, para gestionar y dar tecnología a la Policía Nacional —que era lo que debía efectuar el Cabildo—, fueron desembolsados y entregados 13 millones de dólares y 65 camionetas para patrullajes. Parte del compromiso era dotar de combustible, no solo a los 65 vehículos municipales, sino a los otros 65 que la Policía dotó para el plan.
“Tenemos la experiencia pasada del Plan Más Seguridad, que no solo se reunía una vez por semana, sino que se mantenía un control, a través de la provisión de gasolina y del GPS, que nos arrojaba un recorrido de patrullaje de casi 7 mil kilómetros mensuales. Ahora tenemos, después del primer mes que lo hemos implementado, un recorrido de 2.181 kilómetros”, precisó.
No obstante, aunque hay 130 camionetas para patrullajes, “para mover 24/7 esas camionetas sí hace falta talento humano, para que no se descuide lo que normalmente está asignado a esos territorios”, dijo Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno, quien también estuvo en la mesa.
“Cuando los patrulleros no están en esa operación, están parados”, comentó y adelantó que de los 1.800 policías que se graduarán en marzo próximo, asignarán un número para Guayaquil.
También anunciaron la adjudicación de 50 motocicletas para reforzar los patrullajes, botones de pánico y 100 cámaras con megafonía y reconocimiento fácil. Estas últimas serán colocadas en los exteriores de 46 planteles educativos que la Policía Nacional ha determinado como más propensos a riesgos en materia de robos y venta de drogas.
El 17 de enero pasado fue adjudicado, con un costo de 6 millones de dólares, el sistema de atención de llamadas de emergencias y despacho y entrará en funcionamiento en julio.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, dijo sentir preocupación por las cifras que esta entidad ha recibido desde la firma del plan, en agosto pasado. Detalló que se han receptado 27.000 denuncias, han iniciado 23.000 investigaciones previas, 3.000 instrucciones fiscales, 1.700 sentencias condenatorias; 2.192 denuncias por intimidación, 1.285 lesiones por accidentes de tránsito, 1.565 por hurto, 1.574 estafa, 1.103 tráfico de droga, 741 abuso de confianza, 2.400 relacionadas con delitos contra las mujeres y 711 por suplantación de identidad.
“Vemos con preocupación que en este periodo, el 34 % de las noticias de delito de la ciudad, es decir 9.505 casos, ha sido por robo”, precisó.
Durante la reunión también se propuso estudiar la propuesta de la Gobernación del Guayas de prohibir la circulación de dos hombres en motocicletas, con la finalidad de reducir los niveles delincuenciales.
- Reuniones y estadísticas imparciales
La primera propuesta de la reunión fue contratar un monitoreo, ya sea con las universidades o con estudios jurídicos especializados en materia penal, para hacer un seguimiento de las causas penales en los juzgados o circunscripción competentes. Esto con el objetivo de revisar el accionar de los jueces, que han sido criticados por dejar en libertad a antisociales a pocas horas de ser detenidos por la Policía.
Otra sugerencia es al de reunirse una vez por semana, además de contratar a la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) para la elaboración de las estadísticas sobre el número y naturaleza de los delitos cometidos.
