Los planteles conviven con el abuso sexual

El 16 de agosto pasado se conoció que un estudiante de 8 años sufrió repetidos abusos sexuales por parte de un alumno mayor en el baño del plantel, ubicado en Mapasingue Oeste, pero la profesora de su clase y la directora de la escuela le dijeron que no se lo cuente a nadie.

Dos semanas después, el 1 de septiembre, la madre de una estudiante denunció que su hija fue drogada y abusada sexualmente, también, en el baño de un colegio del norte de la urbe.

Estos hechos, que están siendo investigados por la Fiscalía, son solo dos de los numerosos casos denunciados en lo que va del año lectivo en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, que demuestran que la violencia sexual convive en los planteles educativos.

De acuerdo con estadísticas del Sistema de Registro de Información de Casos de Violencia Sexual (Redevic), con el que cuenta el Ministerio de Educación, desde el 2018 hasta lo que va del 2022 se han reportado 4.017 casos en el sistema educativo en la provincia del Guayas;5.038 en Pichincha y 1.041 en Manabí.

Mientras que a escala nacional, en ese mismo período, se han recibido 28.154 denuncias de delitos sexuales cometidos en el ámbito educativo que involucra a docentes, directivos de planteles, choferes de transporte escolar y conserjes.

Las cifras fueron proporcionadas a EXPRESO por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Zona 8, cuyos voceros aseguran que están ejecutando campañas informativas para prevenir y para que la comunidad educativa sepa actuar en casos como estos.

A pesar de que los protocolos a seguir en estas circunstancias dan instrucciones precisas para denunciar confidencialmente todos los hechos y adoptar medidas inmediatas para proteger a los estudiantes; sin embargo, sigue siendo muy común que en los casos de violencia sexual en los centros educativos las autoridades escolares no cumplan con este deber.

“Lo que sucede en estos casos es que varias entidades educativas buscan, entre comillas, proteger su nombre institucional con estos delitos graves y atroces, cuando el plantel tiene que ser la primera instancia encargada de informar a los padres. De oficio tiene la obligación de hacer la denuncia, de prestar inmediatamente el apoyo psicosocial que necesita la víctima, separar de la institución a la persona y tienen la obligación de manera permanente de informar a la comunidad estudiantil sobre estos hechos”, explica Teodoro Zambrano, psicólogo educativo, quien por varios años estuvo al frente del DECE de un colegio fiscal de la ciudad.

El profesional cuenta que en el plantel en el que laboró por cinco años se ofrecían charlas para estudiantes y padres sobre el cuidado que debían tener y las acciones que debían realizar en caso de que se presentara algún hecho relacionado con este tema. Además, se realizaban campañas promocionadas por el gobierno para erradicar el acoso sexual.

“En algunos colegios este trabajo ha dado resultados a juzgar porque no han presentado este tipo de eventos; pero, en otros establecimientos la problemática persiste bajo el silencio de los propios directivos”, cuestiona.

Ramiro Carrión, analista educativo, reconoce que desde hace ocho años el Gobierno    ejecuta acciones para hacer frente a la violencia sexual en escolares. No obstante, cree que este trabajo sigue mostrando lagunas en la detección, la prevención y los servicios de apoyo a los afectados. “Basta con observar las cifras para saber que poco se ha avanzado, tomando en cuenta que hay casos que ni siquiera han sido denunciados por las víctimas, por temor, vergüenza o porque están convencidos de que no se les hará justicia”, indica.

Carlos Martínez, miembro de un colectivo de Derechos Humanos, corrobora aquello. Revela que solo el 3 % de los casos de abuso sexual escolar llegan a la etapa de juicio, según cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado.

“El número de condenas es aún menor. Conozco que desde 2017, cuando se destaparon los casos de abuso sexual en los planteles educativos (Réplica Aguirre Abad, de Guayaquil;    y Aampetra, de Quito) solo hay      39 sentencias condenatorias en firme. Esos pocos procesos pueden demorar hasta nueve años en resolverse”, menciona decepcionado.

Martínez también lamenta lo que les ocurre a los estudiantes en el espacio digital, como las plataformas de medios sociales, las aplicaciones telefónicas y las aulas en línea, que siguen sin denunciarse en gran medida. “Esto puede afectar a un número aún mayor de alumnos que pueden sufrir violencia sexual digital por parte de sus profesores y compañeros”, advierte.

Hay muchas instituciones educativas que han tomado el trabajo con mucha responsabilidad. No solo se rigen por los protocolos que deben seguir, sino que también han adoptado medidas de seguridad interna para la detección y prevención de estos graves sucesos.

La Unidad Educativa Visión, por ejemplo, tiene cámaras de videovigilancia que monitorean todo el día las diferentes zonas del plantel. “Los equipos    poseen tecnología avanzada que permiten captar audio y expresiones. “Siempre estamos atentos a cualquier gesto o acción no apropiada de todos los que conforman la comunidad educativa. Es una forma de prevenir y de ofrecer tranquilidad a todos”, menciona Catalina Cuesta, rectora del colegio.

La participación de los padres es muy importante en esta tarea, agrega Jessenia Bolaños, coordinadora del DECE de la Unidad Educativa Particular Gregoriano, donde las charlas ofrecidas a los alumnos y a sus representantes, así como las campañas de prevención ejecutadas han cumplido sus objetivos. “Es un trabajo en conjunto que nos ha ofrecido tranquilidad”, enfatiza.

Desde el sistema educativo informaron que para enfrentar este tema    existe un trabajo articulado con otras entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Derechos Humanos, para brindar la atención social, psicológica y la asesoría legal que requiera la persona. Esto permitirá que la víctima y su familia reciban la atención integral que requieren para garantizar la reparación y restitución de sus derechos.

Sin embargo, la comunidad educativa exige más acciones frente a este problema que aún convive en los planteles.