“Playas está forzada a hacer lo que le corresponde al alcalde”

Una ordenanza municipal emitida en Playas en 2011 obliga a que el dueño de los predios sea el encargado de construir las veredas y no el Municipio. Esta realidad tiene harta a la ciudadanía, que critica que siendo esta una responsabilidad de los cabildos, se haya entonces aprobado tal norma; y que ahora, “por conveniencia de la Alcaldía”, a nadie se le ocurra revocarla.

La ordenanza, como lo explica Omar Granados, director municipal de Obras Públicas, consta a la vez en el capítulo III del artículo 10 (donde están detalladas las ‘Otras obligaciones de los propietarios’). Los dueños de los inmuebles deben construir las veredas luego de que el Cabildo trace el bordillo, y deben conservarlas en buen estado y repararlas cada vez que sea necesario, detalla Granados al referirse a la norma.

Y advierte (como lo hacen también los concejales Rody Loor y William Apolinario) que mientras no se reforme la ley, el usuario deberá hacerse cargo de esta obra pública. Lo que, a juicio de los habitantes, es descabellado.

José Villagrán, exsecretario municipal en la administración del exalcalde Michel Achi (en ese entonces militante de Alianza País, liderado por el expresidente Rafael Correa) cuando la normativa fue aprobada, argumenta que se aprobó esa ordenanza por la falta de recursos en aquella época. Sin embargo, ante el rechazo de la comunidad, la resolución no se cumple ni se cumplirá, alega Julián Ricaurte, guayaquileño que reside en la ciudadela Bellavista.

“Simplemente no tengo por qué construir algo que es obligación del Municipio. Si el Cabildo fue corrupto en el pasado, lo es más todavía ahora, pues a sabiendas de que la ordenanza no tiene ni pies ni cabeza, no hacen nada por revocarla. Ni el alcalde Dany Mite, ni sus concejales, nadie dice nada. La obra pública es responsabilidad de Mite. Nosotros no tenemos por qué hacer lo que a él le corresponde. Si es así, que se vaya, que igual no hace nada”, sentencia con enojo.

Ricardo Soriano, quien reside en el barrio 26 de Marzo, no ha construido la acera porque lo que gana como comerciante no le alcanza. “Hacerla, porque sí me gustaría que mi zona se vea más ordenada, me costaría más de 300 dólares. No los tengo”, cuenta.

Familias como la De la A, que habita en la calle 24 de Septiembre, guiados por el documento le pusieron cerámica al área que colinda con su casa. No obstante, la intervención realizada contrasta con el estado de las casas de sus vecinos que no han dado ese paso y caminan sobre tierra.

“Yo no voy a apoyar una ley de la que nos enteramos tarde. El Municipio no quiere ver que por esa bendita resolución, en una misma cuadra hay cemento, tierra, granito, huecos, aceras altas o bajas, rampas o basura. Todo es un relajo”, advierte el ciudadano Wilson del Pezo, quien les exige a los concejales que actúen.

“No sean cómplices del robo. Piensen en el pueblo por alguna vez en sus vidas”, exige Sebastián Caldero, administrador de un negocio ubicado a tres cuadras del centro de Playas, que critica cómo ante la falta de normativa, además, le resulta imposible trasladarse a una persona con capacidad de movilidad reducida. “Aquí hicieron la ordenanza, por cierto atroz, y no establecieron las características que debía tener cada acera. Parece un chiste, pero no lo es. Así es nuestra vida en el balneario. Cada vez de mal en peor”.

Mite defiende que el Cabildo hace una obra integral cuando las vías intervenidas son financiadas por el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE), que tiene un programa que incluye este tipo de trabajos.

“De hecho, las arterias de los barrios La Planta, San Jacinto, Juan Pablo Mazzini, la entrada al colegio Rashid Torbay... sí tienen la obra. En lista tenemos otras más. No obstante, con el resto, con las que no son intervenidas a través de este crédito, no se puede hacer nada”, sostiene.

Sobre por qué no se ha revocado la norma, señala que no lo han hecho “para no cargarle un tributo más al ciudadano”. Que lo analizarán, indica. “Si el pueblo está económicamente estable, lo analizaremos en sesión”.

Sin embargo, esta respuesta para los ciudadanos no es más que otro atropello. “¿Por qué cobrar si tiene fondos públicos? ¿A dónde van nuestros impuestos? Conteste, alcalde. ¿A dónde van nuestros benditos impuestos? Indolente. Sus palabras son una bofetada a su gente. Ojalá nunca nadie lo reelija”, se queja Claudia Lozano, guayaquileña que tiene una casa en el balneario.

Consultado sobre este caso, el urbanista y planificador territorial Luis Alfonso Saltos aseguró que solo basándose en lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, es obligación del Cabildo ejecutar las obras, por ser espacio público.

“La norma es clarísima, no hay por donde perderse. El manejo le corresponde al Municipio y punto. Que puede haber una figura que determine que se cobrará un extra, es real. Pero para ello la autoridad debería explicar a detalle en dónde están y han sido invertidos los fondos, para ahora solicitar un extra. No obstante, más allá del dinero, lo que preocupa es el daño al diseño urbano. Y es que el hecho de que el ciudadano tenga autonomía (mas no criterio) para ejecutar una obra de esta clase, es jugar al tetris en la ciudad. Un daño tremendo para una comunidad”, asegura.