Playas: Los muros que aumentan el pleito entre los habitantes y servidores turísticos
En el balneario, hay construcciones que incumplen las ordenanzas. Se levantan en áreas incluso protegidas Autoridades no dicen si habrá sanciones
El reclamo no es nuevo, las quejas se han dado desde hace dos décadas, pero las acciones por parte de la autoridad son nulas y el problema continúa agudizándose. En General Villamil Playas, la construcción de viviendas, patios delanteros y de muros que impiden el libre acceso al mar, tiene cansados a los servidores turísticos y habitantes.
Alegan que, tal como lo establece la ordenanza municipal 007 y las leyes ambientales, los levantamientos no están construidos a un mínimo de 50 metros de distancia con la playa.
“Están tan cerca que cuando la marea sube, el agua entra a las casas o los terrenos, obstaculizando así más el ingreso y paso de turistas”, se quejan. Esta situación ha generado una disputa reciente entre los dueños de las propiedades y los servidores turísticos, que tienen precisamente sus cabañas (en las que generalmente se vende comida) frente a estas estructuras.
La problemática se da hace 20 años, pero en los últimos se ha agudizado. Hay más viviendas que extienden su construcción a áreas que son intocables.
En más de una ocasión, los primeros han quemado algunas de las cabañas, y los segundos han tumbado los cerramientos. “Es la pelea de nunca acabar y cansa”, señala Mélida Rendón, habitante del cantón, quien hace un llamado a que el Municipio intervenga “como debe” para que esas peleas y acciones cesen. Y más aún, para que las especie no corran el riesgo a morirse.
En el cantón, son 18 puntos de anidación de tortugas que existen, y están ubicados entre el kilómetro 1 y 5,5 de la vía a Data de Villamil; en cuyos tramos también se evidencia el problema.
“Nuestros derechos al trabajo están siendo vulnerados por habitantes que incluso nos amenazan. En las diferentes administraciones, el Cabildo no ha hecho respetar estas áreas. La fauna y flora están siendo también vulneradas”, precisa a EXPRESO Jimmy Crespín, dueño de una de las cabañas.
¿Quién les ha dado los permisos para construir estructuras de hormigón que impiden el paso también a nuestros espacios? Esto nadie responde, estamos hartos”, advierte.
En 2013, el Consejo de Participación Ciudadana acogió una demanda y emitió una sentencia a favor de los servidores turísticos, para que los dueños de los solares retrocedan sus viviendas; y en noviembre del 2020, asimismo, la Corte Indígena emitió otra ordenando la demolición de las paredes levantadas en el kilómetro 5,8 en la zona del Arenal en la vía a Data, pero ninguna acción se cumplió, narra Mercedes Crespín, presidenta de la Asociación Playa Mar.
A decir de Crespín, el gremio buscó soporte en esta última entidad “por esta defender los derechos de los pueblos ancestrales, como Playas”.
Mi padre, Bonifacio Crespín, tuvo orden de prisión por defender nuestros derechos y murió con el sueño de que algún día se haga justicia. Pero aún no pasa.
Conflictos similares se observan también en el kilómetro 2,5 en el sector de Bellavista; en el kilómetro 4, cerca de la localidad de San Jacinto, en Data de Villamil, entre otros.
En estos lugares un hito puesto por el Ministerio de Ambiente marca hasta dónde se puede construir, pero algunas construcciones irrespetan este límite. Este Diario intentó hablar con algunos de los propietarios de estos solares, pero ninguno accedió a hacerlo.
Juan Carlos Sorroza, jefe de construcciones de la Unidad de Planificación Territorial del Municipio, dijo que en la administración actual no se han permitido construcciones en zonas protegidas. Aseguró que la última que intentaron hacer fue hace dos semanas, pero se la paralizó.
Los servidores turísticos somos pueblo y tradición, trabajamos y lo hacemos para el turista. Solo pedimos respeto, respeto al trabajo, a los animales, a los límites.
“El que quiera construir tiene que presentar un plano previo a la inspección de la Dirección de Espacios Acuáticos, que es la que da los límites, del Área Nacional de Recreación Nacional y de todas las Unidades de Control municipales y públicos. Las construcciones que pueden ver son las que se hicieron en otras alcaldías”, afirmó el funcionario.
Pero este argumento no convence a los habitantes, pues si bien el funcionario advierte que no se permitirán obras irregulares, no explica qué pasará con las ya levantadas. “Lo que está haciendo el Municipio es lavarse las manos. Aquí todo es así. ¿Por qué no obligan a demoler las paredes a quienes están irrespetando la ordenanza? Es lo justo”, señaló el habitante Roberto Carrión, quien se quejó de que el Ministerio de Ambiente “mire para otro lado y no dé solución al reclamo”.
Consultado sobre las medidas que tomarán al respecto, Ambiente mantuvo el silencio.
