La polémica en el Registro de la Propiedad pasó al campo judicial
Sigue la confrontación por el rol que deben cumplir los funcionarios
Las actividades en el Registro de la Propiedad de Guayaquil se desarrollan a la espera de una resolución definitiva ante las intenciones de poner en marcha un plan piloto para efectuar las inscripciones de propiedades sin libros.
Consultar a la base de datos antes que a los textos físicos es lo que planteó la gerenta de la Empresa Pública Municipal del Registro de la Propiedad de Guayaquil, María José Castelblanco. Eso motivó al registrador Ivole Zurita a presentar medidas cautelares, las que fueron acogidas por la jueza de la Unidad Judicial de Trabajo, Lenny Solís, el pasado 25 de noviembre.
La empresa pública apeló la resolución, pese a que Solís ordenó que se oficie a la Defensoría del Pueblo de Guayaquil para vigilar el cumplimiento de lo resuelto.
Zurita confía en que la justicia no dará paso al pedido, porque de lo contrario "esa propuesta afectará al usuario que pretende vender o hipotecar una propiedad, pues podría encontrarse con una prohibición o un embargo, información que solo se registra en los libros".
A inicios de diciembre pasado, Castelblanco justificó una intervención de la entidad porque, a su criterio, había un atraso en el proceso. Incluso culpó a Zurita de no evacuar de su bandeja unas 1.300 solicitudes.
Mientras Zurita responsabilizó de la irregularidad a la funcionaria porque "sin experiencia registral desmontó la estructura de más de ocho años; incluso sin consultar sacó al personal clave en el desempeño de la entidad".
Los más afectados con la confrontación son los usuarios.
"Hay atrasos en la entrega de documentos, deben mejorar la atención", manifestó Miguel Campos, quien acudió para legalizar un predio en Horizonte del Guerrero, donde vive desde hace tres décadas.
José Albarracín se quejó porque para tramitar la legalización de su terreno, en Flor de Bastión, compró una solicitud fuera del edificio, cuando antes se la incluía en la tasa.