“No queremos morir sin recibir lo que por ley nos merecemos”

Camina a paso lento con la ayuda de un bastón. Es hipertenso y diabético. El año pasado le cortaron un pedazo del pie derecho debido a una gangrena. Durante 30 años educó a cientos de niños y jóvenes. Su nombre es Carlos Anchaluiza, de 61 años, quien se jubiló el año pasado para acogerse a la compensación jubilar, como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la vigésima primera disposición transitoria de la Constitución, en vigencia desde el 20 de octubre de 2008.

Él forma parte de al menos 11.000 profesores jubilados que desde esa fecha hasta la actualidad reclaman pagos parciales o totales de sus haberes, que fluctúan entre 18.000 y 53.000 dólares por sus más de tres décadas de servicios en el magisterio fiscal.

Su estado de salud no fue impedimento para que Anchaluiza participe de un plantón que congregó a más de una treintena de docentes en los bajos del edificio del Sector Social, Joaquín Gallegos Lara, donde funciona la Subsecretaria de Educación de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Ellos exigen el pago del incentivo jubilar que el Gobierno les adeuda y que asciende a 1.200 millones de dólares.

“Tengo miedo de morir y no cobrar lo que por ley me corresponde, como ya sucedió con otros compañeros”, dice el docente, al recordar que más de una centena de maestros ha perdido la vida porque tienen enfermedades catastróficas y no han tenido los recursos suficientes para la compra de medicinas y costear un tratamiento médico privado.

“En el Seguro Social nos dan cita para una consulta médica para después de seis meses y a veces un año. Si nos hubieran pagado la compensación jubilar, tendríamos para un tratamiento particular”, manifiesta con tristeza.

En el 2019 el Gobierno comenzó a pagar el incentivo a algunos profesores, pero otros quedaron rezagados. Y en esa lista está Juan Apolinario Villón (62), quien 40 años los dedicó a la enseñanza. Él padece de insuficiencia renal y tres días a la semana debe someterse a hemodiálisis. “Entregué los mejores años de mi vida a la formación de los niños y no es justo que no pueda recibir lo que por ley me corresponde”, manifiesta, mientras sostiene un cartel con mensajes que dan a conocer el objetivo de la medida realizada.

“Para muchas personas, la jubilación es un tiempo para descansar y disfrutar de lo que se ha cosechado durante años de trabajo. Sin embargo, para los jubilados rezagados, estos han sido años de dolor, frustración e incertidumbre”, recalca.

A pocos metros está Alberto Rodríguez (64), quien tiene la pierna derecha hinchada. Sufre de artrosis y problemas cardiacos. Más de 33 años los dedicó al magisterio y lamenta no contar con el dinero necesario para un tratamiento médico privado. “La pensión jubilar solo alcanza para comer y pagar los servicios básicos. Necesito que me cancelen ese incentivo económico para tener una mejor calidad de vida. Mis hijos sufren porque me ven preocupado, salgo a las manifestaciones, salgo a los plantones, eso afecta la salud, esperamos que nos atiendan de inmediato, somos jubilados y no es justo que nos traten de esa manera”, añade.

Harry Valarezo (61), presidente de la organización de Maestros Jubilados del Ecuador 2019 y 2020 núcleo del Guayas, confirma lo dicho por sus compañeros. Asegura que hasta el momento, 300 docentes han fallecido en Guayas y 900 a nivel nacional, esperando que se hiciera efectivo su derecho. “Los otros siguen luchando hasta que sus cuerpos aguanten”, recalca indignado, al señalar que ahora solo queda la esperanza de que el presidente Guillermo Lasso cumpla su ofrecimiento y termine la condena que sin culpa están pagando.

Lo mismo piensa Mabel Riofrío, de 54 años, quien en 2019 se jubiló por discapacidad para acogerse al estímulo económico. Ella tiene cáncer de mama y hernias discales en la columna vertebral y durante 32 años educó a miles de niños.

“Llevo dos años yendo y viniendo a los distritos educativos y a la Subsecretaría de Educación para validar mis expedientes de maestra y recibir la compensación jubilar; pero hay muchos trámites burocráticos y hasta malos tratos en estas instituciones, que prolongan la agonía que estamos viviendo”, relata, mientras sus ojos brillan de tristeza solo de pensar que puede perder la batalla contra el cáncer e irse de este mundo sin obtener aquello por lo que tanto ha luchado.

Algunos maestros tienen la orden de pago hace tiempo, otros tienen carpetas rezagadas en las dependencias educativas y eso ha impedido que se agilice el trámite y el pago.

Diario EXPRESO consultó a la Secretaría de Educación de la Zona 8 sobre la lentitud en los trámites de los maestros jubilados, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.