Los radares de tránsito en Ecuador: regreso en proceso tras una pausa judicial

Tras meses en pausa, los radares de tránsito en Ecuador están listos para volver, siguiendo nuevas normativas y debates públicos, según lo ha anunciado la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en su cuenta oficial de X.

Como publicó EXPRESO el año anterior, desde noviembre de 2023, los radares en el país quedaron fuera de servicio debido a una orden judicial y una resolución conjunta de la ANT y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Varias quejas, solo por citar algunos casos, en ciudades como Guayaquil, Santa Elena, Durán, Latacunga, Manta y Ambato, respecto a los cobros excesivos y fallos técnicos generados por la falta de mantenimiento y mala calibración de los equipos, derivaron en lo que más de uno catalogó como "multas fantasmas", causando controversia y llevando a la suspensión temporal del sistema.

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En respuesta, ahora se ha desarrollado un nuevo reglamento para la homologación de estos dispositivos, con un borrador actualmente disponible para comentarios públicos en la cuenta oficial de la ANT en X. La finalidad es incorporar sugerencias antes de que se implemente definitivamente, aunque la fecha para su implementación aún se desconoce. Al respecto, la ANT no ha anunciado nada en su agenda.

Nuevas propuestas y preocupaciones

Varias observaciones y sugerencias ya han sido planteadas por los ciudadanos. Adrián Herrera, por ejemplo, sugiere que el margen de tolerancia se aplique retroactivamente, argumentando que no es justo penalizar a alguien por exceder en tan solo 1 kilómetro por hora el límite establecido, factor que, según detalla el documento, ya ha sido tomado en consideración.

Karina Moreno, de Guayaquil, subraya la importancia de que a los dispositivos se les dé un mantenimiento adecuado y regular para evitar errores en las mediciones. Por otro lado, Mario Cuzco propone la instalación de señalizaciones que adviertan sobre la presencia de radares con suficiente antelación, para permitir una adecuada disminución de la velocidad sin comprometer la seguridad.

"Debe haber varios kilómetros de señalización continua indicando la proximidad de un radar. Los radares deben estar ubicados en áreas seguras para que los conductores puedan reducir la velocidad. De lo contrario, ¿quién respondería ante asaltos y robos por reducir la velocidad?", cuestionó.

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El borrador del reglamento consta de 14 páginas, 7 artículos, y establece criterios nuevos para la operación de los radares. Un cambio notable es la inclusión de un margen de tolerancia en las multas: hasta 5 kilómetros por hora para radares fijos y hasta 7 kilómetros para móviles, buscando así asegurar la fiabilidad de las mediciones y evitar sanciones injustas.

Además, será obligatorio que los radares sean calibrados por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y laboratorios acreditados localmente, y que este proceso se repita al menos una vez al año.

"Todos los dispositivos electrónicos de control de velocidad, previo a su instalación, deberán contar con un Certificado de Calibración inicial del dispositivo y, una vez operativos, deberán contar con al menos una calibración realizada un año después de su operación para posteriormente presentar el certificado de calibración periódica, conforme la frecuencia que se calcule según el procedimiento de frecuencias de calibración establecido en la Normativa ILAC-G24 / OIML D 10, el cual no debe sobrepasar un año", detalla el documento.

Clausura y supervisión de radares

El caso de los radares, pese a estar en pausa, ha generado una serie de críticas el año anterior e inicios de este 2025. Los que fueron clausurados en el cantón Daule hace poco son un caso peculiar: 11 aparatos fueron clausurados por no cumplir con los permisos y calibraciones necesarios. Pese a que la ATM de Daule aseguró que estos dispositivos estuvieron inactivos desde septiembre de 2024, persisten dudas sobre la legalidad de las multas emitidas previamente.

A nivel nacional, se informó que hasta 200 radares han sido clausurados y solo en 2025, otros 50 fueron retirados; entre ellos, 27 entre Durán y Daule. Estos operativos, según indicó entonces el Ministerio de Transporte, seguirán extendiéndose a otras regiones en respuesta a denuncias sobre el funcionamiento ilegal de algunos radares.

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El borrador del nuevo reglamento y las nuevas medidas de clausura y revisión, según la ANT, muestran un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para restablecer la confianza en el sistema de tránsito y garantizar su justicia y precisión. Pese a ello, la desconfianza persiste.

 "En Guayaquil, a lo largo de toda la vía a la costa, hasta llegar a General Villamil Playas o la provincia de Santa Elena, nos sacaron harto dinero, pese a que muchos usuarios hicimos un sinfín de pruebas para confirmar que funcionaban mal. La pelea ha sido larga, unos la ganaron, otros seguimos en juicio, pero ha sido agobiante. Yo no confío en el sistema. No creo que ahora haya un cambio mayor. En lo personal, creo que todos los sistemas, de los entes públicos que sean, están corrompidos ya. Dudo que hagan una labor en pro y respetando los derechos del ciudadano", sentenció la residente de la vía a la costa, Laura Magallanes.

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