Robos: una ola que retrata el rostro del nuevo Guayaquil por independizar

“Deme 80”. “Tengo un celular bonito”. “A buen precio”. Con estas frases, sujetos que se muestran como ‘vendedores’ ambulantes de teléfonos celulares intentan enganchar a ciudadanos que caminan por los callejones de sectores de la Bahía de Guayaquil.

Muchos de esos teléfonos fueron arrebatados de sus dueños con amenazas de un disparo en la cabeza o arranchados, en la vía pública, en diferentes sitios de la urbe porteña, golpeada por una inusitada ola de violencia por la delincuencia, que empaña los festejos por los 202 años de Independencia.

Sus ciudadanos esperan días mejores para transitar con tranquilidad, esa paz que se obtiene liberando al territorio de estas amenazas y actores contemporáneos que mantienen ahogada a la sociedad. Ellos esperan que Guayaquil vuelva a independizarse, ahora, de esta ola de robos que de enero a junio de este año se cuantificaban en 9.614, según los registros más disponibles de la Fiscalía. Esa cifra supera a los delitos de ese tipo que se han denunciado en el mismo periodo del 2019, año previo a la pandemia, 2020 y 2021.

Diario EXPRESO solicitó la estadística más actual al Ministerio Público, pero hasta el cierre de esta edición seguía pendiente la contestación.

El robo a personas despunta con casi el 50 % del total de eventos, le siguen el robo a carros, a motos, el robo de bienes, el robo a domicilios y a unidades comerciales.

EXPRESO conversó con varios actores de la seguridad ciudadana del puerto principal para conocer las falencias casa adentro y factores externos a las instituciones que inciden en la problemática del robo.

El jefe del distrito Esteros de la Policía, Fausto Miño, analiza en primer lugar los problemas sociales y conflictos en la familia promedio de los sectores ‘calientes’ de esa jurisdicción: “Hay desempleo, analfabetismo. La forma de vivir se enrumba hacia lo ilegal, hacia lo más fácil. No hay una cultura de paz, de convivencia. Si no solucionan los conflictos a golpe, lo hacen con la muerte”.

Los problemas de inseguridad que hay en esos sectores se trasladan a zonas comerciales de ese y otros distritos, como el centro o el norte de la urbe.

Miño refiere que aunque existan recursos suficientes para aumentar la capacidad de reacción de la Policía, el problema de raíz está en la crisis de valores en las familias, que dejan vulnerables, sobre todo, a los menores de edad. En muchos casos, estos se ven envueltos en el consumo de drogas y en agrupaciones delictivas.

"La misma situación de que la Constitución fija al consumo de drogas como una enfermedad. Eso hace que cualquier sector sea vulnerable. Mire a esa persona que fue a dejar a sus hijos a la escuela y la mataron, y tenía droga en su poder. Invito a los medios de comunicación que anden conmigo un fin de semana para que vean cómo hay padres que se emborrachan en frente de sus hijos pequeños, con un parlante en la ventana. Se paran a orinar en frente de la otra familia", explica el oficial.

En la cadena de acciones para combatir la delincuencia está la Fiscalía, la institución que recepta las denuncias ciudadanas para investigar los presuntos delitos. Un fiscal que actúa en flagrancia, que prefiere mantener en reserva su identidad, considera que la sentencia de la Corte Constitucional (CC) en 2019 para modificar el artículo 202 del Código Penal sobre el delito de receptación mermó los resguardos jurídicos para combatir los robos.

"Declararon inconstitucional la parte que decía 'si una persona no justifica la propiedad o la legalidad del objeto que se le encuentra tendrá que ser sancionado'. Eso quedó derogado, pero cuando eso estaba en vigencia se hacían muchos operativos en la Bahía, con la finalidad de poder retirar estos teléfonos celulares si el propietario del negocio no justificaba con una orden de trabajo la tenencia de esos teléfonos, ya sea manipulándolos o arreglándonos. Ahí se los dejaban, ellos los arreglaban y los volvía a vender", recuerda el fiscal.

• Artículo 202 (antes de la sentencia de la CC): Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
• Artículo 202 (después de la sentencia de la CC): Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

En la fundamentación de la sentencia de la CC se lee: "La frase en cuestión establece una carga probatoria en la persona procesada o acusada, y no a quien corresponde que es al órgano acusador, y, por tanto, atenta contra la presunción de inocencia".

El operador de justicia también menciona que en esta tarea de combatir la delincuencia se debe sumar de forma activa el Municipio de Guayaquil desde sus competencias.

"Por ejemplo, la última vez que fui a la Bahía había quioscos o módulos que eran subarrendados, es decir, esos locales no estaban siendo usados por las personas a los que el Municipio les alquila o que se los asignó. Ahí estaban extranjeros, venezolanos y ellos hacían esos trabajos para dejar limpios los teléfonos (modificaciones para que los celulares vuelvan a estar activos, algo que está penado por el Código Penal). El Municipio tiene que hacer un nuevo censo y verificar qué persona está en el cubículo, qué hacen ahí", señala el fiscal consultado por este Diario.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista al Cabildo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El fiscal concluye en que la institución para la que se debe necesita más recursos, al igual que la Policía Judicial, para tecnificar las tareas investigativas e identificar a los responsables de los robos, como aquellos que se registran en domicilios. Él asegura que por la falta de implementos y equipos, la recolección de indicios es básica, lo cual influye en la productividad de la investigación.

En el plano judicial también hay observaciones. Heydi Borja, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, núcleo Guayas, dice que si bien la principal función de los judiciales es impartir justicia, a través de las sentencias, esta se debe complementar con políticas públicas de reinserción social.

"Es decir, la persona recibe una sentencia, pero durante su tratamiento, cumpliendo su pena privativa de libertad, tenemos estas directrices que nos van a permitir o a tener garantías de no  repetición del delito", comenta la jueza, quien sugiere programas de trabajo y de capacitación de oficios, con reales incentivos.

Y eso se lo debe de hacer con el compromiso y el seguimiento periódico, indica, de las instituciones relacionadas con las temáticas laboral y de bienestar social, por ejemplo, para evitar que el círculo vicioso de la delincuencia se repita, se expanda y se perfeccione.