La salud mental, la deuda pendiente con Guayaquil

Aunque hay incrementos de casos de violencia y de maltratos hacia la pareja o a los niños -los cuales suelen terminar en sus muertes-, al igual que las alertas de suicidios en Guayaquil, la atención pública de salud mental es prácticamente nula e ineficiente.

Para Héctor Cevallos, médico especialista en psiquiatría y salud mental, las personas que sufren de ansiedad, depresión o mal genio, pero que pueden rendir al estudiar y trabajar, pueden ser atendidos en un consultorio. Sin embargo, cuando estos trastornos limitan el rendimiento laboral o afectan en la relación familiar o social, el paciente debe ir al hospital.

No obstante, en la ciudad, no existen los suficientes centros especializados en salud mental, ya sea atención psicológica o psiquiátrica para la población. Ante ello, los pacientes y sus familiares cuestionan que no exista ayuda estatal ni que sea una prioridad para el Gobierno nacional atender, desde la red pública de salud, esta necesidad.

Ariana Moreira (nombre protegido), de 57 años, es una paciente guayaquileña que, tras la llegada de la pandemia y la muerte de sus padres, cayó en depresión y ante la ausencia de atención, generada por la falta de dinero, intentó suicidarse en dos ocasiones.

Ariana, según relata a EXPRESO, en 2022 buscó ayuda profesional en los hospitales públicos del Ministerio de Salud y del IESS, pero asegura que no obtuvo nada más que diálogos cada dos o tres meses con los especialistas.

“Alucinaba. No sabía si era de día o de noche. Dejé de recordar cosas; no era capaz de entablar una conversación. Quise matarme... Ahora, estoy tratándome en una clínica particular. Cada mes pago $ 80, pero se me hace difícil. Aunque mi familia me ayuda, sé que tampoco pueden más. Que no haya gratuidad en este campo y que no nos podamos internar, solo me confirma que el Estado no vela por ti, ni por tu vida ni por nada”, denunció.

El caso de Ariana ni siquiera forma parte de las estadísticas de las alertas de suicidio en la ciudad que, según datos del ECU 911, fueron de 40 hasta julio pasado. “Para qué dar aviso o pedir ayuda al Ministerio de Salud, si les importa un comino la salud mental de los ecuatorianos”, sentencia Noelia, su hermana y quien corre con casi todos los gastos.

EXPRESO hizo un mapeo de los establecimientos de salud mental privados con los que cuenta el Puerto Principal y de acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) -organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública (MSP)-, se constató que en el norte de la ciudad hay dos hospitales y un centro especializado en salud mental. En cambio, en el sur solo registra un hospital. Estas cuatro entidades cuentan con los permisos de funcionamiento vigentes o en trámite de renovarlos.

También, constan 19 consultorios de especialidades clínicos-quirúrgicos, que brindan el servicio de psiquiatría, y 10 consultorios generales de psicología (el costo de atención de estos establecimientos oscila entre los 20 y 90 dólares). Igualmente, la mayoría están ubicados en el norte y solo uno de ellos está en el sur.

En cuanto a la oferta pública, el Acess indicó que el MSP es el que maneja esa información, ya que la ofrece en los puestos de salud, en los centros de salud tipo B y C, en los hospitales básicos, generales y especializados y en los Centros Especializados para el Tratamiento de Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas. Sin embargo, hace 15 días, este Diario envió correos electrónicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al MSP, solicitando información sobre los centros donde brinde el servicio de salud mental; esta última solo indicó que está validando la información. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las dos entidades enviaba aún la información.

De los tres hospitales especializados en salud mental privados, el Instituto de Neurociencias, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es uno de los espacios destinados a brindar este servicio, pero no solo a usuarios de la ciudad, sino de todo el país. Solo en consulta externa, por mes, atienden a un promedio de 5.500 pacientes.

En cuanto a los centros municipales, el Hospital Bicentenario y la Casa Rosada tratan las patologías ligadas a la salud mental, incluidas la depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio, a pesar de que estos centros no están tipificados como establecimientos especializados que brinden el servicio de salud mental. De acuerdo con sus datos, desde el pasado 15 de mayo hasta la semana pasada, las atenciones han llegado a 717.

Laura González, guayaquileña de 61 años, sufre de depresión desde que llegó la pandemia. El encierro y la pérdida de familiares, como pasó en muchos casos, colapsaron su estado de salud.

“Me internaron porque sentía que me daba igual todo: comer o no, dormir o no, vivir o no. Deambulé por las calles. No tengo claro qué pasó. Mi familia me internó en el hospital de Neurociencias y sané. Tuve cómo costear todo, el centro te da facilidades. Lamentablemente, pese a ello, no para todas las familias es fácil. El nieto de una buena amiga y extrabajadora perdió a sus padres y desde entonces cayó en una depresión tal de la que no logra salir. Perdió incluso ya el trabajo”, señaló, al hacer hincapié en que si bien en el de Neurociencias y en un centro médico particular, ubicado en Urdesa, en el norte de Guayaquil, le han brindado ayuda, descuentos y guías en las consultas que recibe cada mes, hay días que son más oscuros que otros y es ahí donde clama por la hospitalización pública que, advierte, nunca la considerará gratuita.

“Ella, como todos, hemos pagado décadas al IESS para que tengamos atención en la vejez. Su nieto, de 29 años, aportó al menos una década. No obstante, no tiene dónde hacerse atender en el sistema público. Es ahí que me cuestiono para qué sirve aportar tanto. ¿Para alimentar la corrupción? La indiferencia al campo de la salud es deplorable. Si tanto pagamos, la salud es un derecho. Pero recibimos migajas”, se queja.

Para José Farhat, médico psiquiatra del hospital Luis Vernaza, el Estado debe contratar más profesionales de esta área, ya que debido a “la falta de personal médico en los establecimientos públicos, los pacientes tienen que esperar entre tres a cuatro meses o más para ser atendidos; ante esto, ellos prefieren pagar una consulta privada, donde pueden obtener una atención casi inmediata”.

Sin embargo, para el doctor Cevallos, uno de los motivos por el cual no existe una mayor oferta en esta área de la medicina es por la falta de profesionales, ya que hay carencia de ofertas de posgrados en la ciudad.

Jorge Bucaram, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, señala que han hablado con el MSP para que cree partidas presupuestarias para los concursos de posgrados, pero no lo hacen. Además, es enfático al referirse que el ministerio debe hacerse responsable por velar la salud mental de la ciudadanía, que en estos momentos se encuentra alterada, debido a los últimos acontecimientos.

• La ciudadanía debe verificar permiso

Ante la gran cantidad de empresas que dicen especializarse en salud mental, ya sea psicología o psiquiatría, los pacientes deben verificar en la página web de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) si estos tienen vigentes sus permisos de funcionamiento.

EXPRESO constató, junto a técnicos de la Acess, que varias clínicas y centros de salud mental que se promocionan en internet no están registrados en la entidad; como es el caso de un centro que opera en el norte de Guayaquil, y manifiesta contar con el permiso de funcionamiento, ya que expone un supuesto código de funcionamiento, nunca lo había obtenido; pero cuya documentación no aparece en ningún lado.

Por esto, los pacientes deben verificar primero que, en el portal web de la Acess, el punto de atención -de acuerdo con el RUC, unicódigo, razón social o nombre comercial- cuente con el permiso vigente de funcionamiento. Caso contrario, hay que denunciarlos ante la entidad.

Uno de los motivos por los cuales la mayor parte de establecimientos no aprueba las inspecciones del Acess, señala la entidad, es porque no cumplen con los componentes de infraestructura y equipamiento; otros porque desconocen la normativa legal vigente. Todos los factores, vitales para dar un buen diagnóstico y tratamiento.