Samborondón: No se ve seguridad a cambio de la tasa que cobran con factura de agua

El temor por lo que pueda suceder en cualquier calle de Samborondón es generalizado en esta población de más de 100 mil habitantes, al igual que la desconfianza ante lo que puedan hacer las autoridades locales y del Gobierno central, por la marea de violencia criminal que invade a una de las zonas de mayor plusvalía de la Costa ecuatoriana.

Son las 14:30 del 26 de septiembre. Inés, de 58 años, se sirve su almuerzo, sin bajar la guardia. Se muestra alerta cuando pasan desconocidos por su mesa, en una plaza que está a unos 300 metros del Centro Integrado de Seguridad ECU-911, en La Puntilla.

“Antes yo venía en la noche a comer, pero ya no”, dice la mujer, que labora en una empresa de turismo en ese sector y quien por motivo de seguridad solo brinda su segundo nombre.

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Junto a la plaza está la avenida Samborondón, que soporta largos episodios de tráfico en horas pico, sobre todo en la noche, y donde se han registrado robos a conductores.

Muchos ciudadanos no denuncian por temor a represalias o falta de fe en la justicia, y esos hechos han ocurrido ante la mirada de otros choferes, peatones y probablemente de alguna de las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Ciudadana que ha implementado el Cabildo, de a poco, desde hace tres años.

Ese sistema se financia con una tasa que pagan los ciudadanos a través de su planilla de agua potable de la empresa Amagua, como lo determina la Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Costo de la Tarifa del Sistema Integrado de Vigilancia Ciudadana de Samborondón, aprobada el 28 de abril de este año.

En esa ordenanza se establecen nuevos valores de la tarifa que ya pagaba una parte de los samborondeños, como se dictó en otras ordenanzas que aprobó el Concejo Cantonal en abril y noviembre de 2021, y que ahora están derogadas. Con ello, las familias del cantón deben pagar $ 2,50 (antes $ 1,50) si el consumo mensual de agua potable es de hasta $ 15; $ 4 (antes $ 2,50), si la planilla es de $ 15,01 a $ 100; y $ 5 (antes $ 3,50), si el consumo supera los $ 100.

“La variación en la tarifa se debe al aumento de dispositivos tecnológicos en el sistema integral de videovigilancia, de 350 a 550, además de la implementación de un bote ‘todoterreno’ que patrulla en los ríos Daule y Babahoyo (...). Esta tasa de vigilancia solamente se cobra en el sector de La Puntilla, pero el beneficio es para todo el cantón”, informó el Municipio a través de un correo electrónico.

Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del cabildo, pero hasta el cierre de esta edición seguía pendiente una respuesta.

Entre la ciudadanía hay voces que cuestionan dicho cobro, ya que la situación de intranquilidad es igual o peor que antes de que se aprobara la tarifa o su incremento. “Igual hay mañosos. Me siento insegura. Por ejemplo, aquí en el sector del edificio XIMA se paran las prepago (trabajadoras sexuales) y eso atrae otras cosas. Están quienes las cuidan, viene la droga y otras cosas”, analiza Martha (nombre protegido), antes de embarcar sus compras del supermercado en un taxi.

Angie Lucas, quien reside en el sector El Tornero, en cambio está de acuerdo con apoyar a la ciudad, con la condición de que las acciones sean visibles.

“Si se paga y nosotros lo vemos (los resultados), que se mantenga. Yo sé que no podemos tener un policía por cada habitante, pero que estén rondando, que den las vueltas (patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Municipal)”, comenta Lucas, luego de contar el robo del que fue víctima una amiga suya el fin de semana pasado, cuando varios tipos ingresaron a un edificio.

Otros ciudadanos profundizan el análisis y se refieren al buen uso que debe haber de los recursos públicos, por la transparencia en las compras que se hagan con ese dinero y, de darse, si se lo hace de forma correcta, es decir con un conocimiento técnico. No es para menos, ya que la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATVS) recauda del bolsillo de los ciudadanos unos $ 100 mil al mes.

“Aquí no se ve la seguridad que quiere prestar el Municipio a cambio de una tasa, que esté organizada por elementos profesionales o son simplemente amigos, o son simplemente personas del partido. Aquí no es hora de pensar en amistades políticas. Aquí es hora de escoger a los mejores ecuatorianos o extranjeros que tengamos capacitados para darnos a todos seguridad”, expone Alberto Montalvo, morador de La Puntilla.

En la mañana y tarde del 26 de septiembre pasado, EXPRESO realizó recorridos por la vía a Samborondón y solo se divisó una camioneta de la Policía Nacional y dos camionetas del plan Samborondón Más Seguro. Uno de esos carros estaba afuera de un centro comercial, con un uniformado que, por ratos, se distraía con su teléfono celular.

Este miércoles 27 de septiembre, en cambio, tras la publicación de la nota ‘La falta de unidad acaba con la seguridad de Samborondón’, este Diario registró dos operativos de varias instituciones públicas en esa misma arteria.

NORMATIVA

Andrés Ortiz, doctor en Jurisprudencia y catedrático de Ordenamiento Territorial, explica que los municipios tienen la competencia de generar tasas y que la tarifa de monitoreo se enfoca en la dotación de tecnología en materia de seguridad y no en el control como tal, que sí lo tiene el Gobierno central. 

Manuel Macías, experto en políticas públicas, coincide con Ortiz y añade que el Cabildo debe coordinar acciones con el régimen de turno para aproximar de mejor forma el trabajo de la Policía Nacional. Semanas atrás, el alcalde Juan José Yúnez le reclamó al presidente Guillermo Lasso que cumpla con el ofrecimiento de aumentar las filas policiales en el cantón. 

Desde la ciudadanía, en cambio, se cuestiona que el Cabildo asuma funciones que debe cumplir el Gobierno central y que los recursos se inviertan de mejor forma. Por ejemplo, residentes piden que se prioricen varias obras, como la construcción de parques públicos o la implementación de áreas verdes, soluciones viales como una vía alterna, pasos peatonales o alcantarillado sanitario para las urbanizaciones que todavía funcionan con pozos sépticos en pleno siglo XXI.

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