La sanción de Ambiente al Municipio de Guayaquil: ¿medida técnica o política?

Lo había adelantado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la mañana del pasado miércoles 15 de enero en su enlace radial. “Hay otro rumor de que el Ministerio de Ambiente nos quiere quitar la potestad para poder emitir licencias ambientales como Municipio de Guayaquil”, expresó el funcionario.

Y finalmente ocurrió. Horas después, el Cabildo porteño recibió una notificación por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, sobre la suspensión de la acreditación en materia ambiental.

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Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio, explicó este jueves 16 de enero que la medida afecta directamente la capacidad del Cabildo para otorgar permisos, controlar actividades y atender denuncias en materia ambiental, competencias delegadas desde el año 2008.

La medida fue emitida luego de una auditoría de gestión realizada por la cartera de Estado, que abarcó el período 2018-2024 y detectó 105 no conformidades mayores en el plan de acción presentado por el Municipio en el 2018.

Según Tamariz, estas no conformidades emitidas por el ministerio incluyen observaciones técnicas y legales que, en su mayoría, carecen de un análisis técnico detallado.

Añadió que el Municipio había presentado descargos sustentados con más de 5.000 fojas de documentación a finales de diciembre pasado, pero los mismos, según Tamariz, no fueron debidamente considerados.

“En un plazo menor a 10 días nos dieron respuestas a 5.000 fojas. Realmente es sorprendente para nosotros que haya habido un análisis técnico en tan poco tiempo. Nosotros por eso llamamos a que se pueda rever esta decisión, podamos volver a revisarla”, dijo Tamariz.

La funcionaria indicó que la Dirección de Ambiente del Municipio ejecuta control y seguimiento a 4.000 usuarios y actualmente mantiene una cantidad limitada de trámites pendientes, alrededor de 80.

Reparos de Marcela Aguiñaga al traspaso de gestiones ambientales

Mientras dure la suspensión, los trámites nuevos y los que se encuentran en proceso estarán a cargo de la Prefectura del Guayas, como lo estipula la ley.

Pero la prefecta Marcela Aguiñaga tuvo reparos a esta medida. La funcionaria explicó que actualmente no poseen recursos económicos, logísticos ni humanos suficientes para dar seguimiento a los permisos ambientales emitidos y a los que están pendientes, al ser una actividad no prevista.

“Lo que me parece increíble y de una manera irresponsable, es que nosotros no hemos sabido de esto. Nos notifican para que en ocho días acojamos todos los trámites del Municipio de Guayaquil”, manifestó Aguiñaga en radio Morena este jueves 16 de enero.

No obstante, la prefecta adelantó que realizarán un cronograma de procesos para reducir el impacto a los usuarios.

“Yo fui la ministra que entregó las competencias ambientales a los municipios, a las prefecturas. ¿Cómo es posible hoy que se trate de afectar a los ciudadanos ante la revancha electoral?”, reclamó Aguiñaga.

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Aquiles Álvarez: "Es un proceso amañado"

Mientras que Aquiles Álvarez calificó como “política” la decisión de suspender la acreditación ambiental al Cabildo.

“Un proceso amañado, con plazos ridículos y análisis superficiales, busca sabotear nuestra gestión y perjudicar a la gente”, publicó el alcalde en X.

El Ministerio de Ambiente defiende la suspensión

Daniela Limongi, directora zonal 5 del Ministerio de Ambiente, defendió la decisión de esa entidad y alegó que la suspensión está “legal y técnicamente sustentada”.

“Dentro de los 105 motivos (no conformidades), que son bastantes, existen razones de gestión ambiental como tal, existen razones de biodiversidad, razones legales y administrativas inclusive, y sociales”, indicó Limongi en radio Sucre, también este jueves 16 de enero.

Y detalló varias de esas no conformidades. Por ejemplo, dijo que el Municipio de Guayaquil no realizó un correcto análisis ante los incumplimientos de ciertos entes regulados.

Señaló además que el Cabildo no ha firmado convenios con laboratorios acreditados por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano), entre otras razones.

Mientras que Tamariz cuestionó el proceso de auditoría indicando que el alcance inicial no coincidió con las observaciones finalmente emitidas.

“El objeto y el alcance de la auditoría era revisarnos la gestión como autoridad ambiental competente. Resulta (que) los señores del Ministerio del Ambiente en algún sentido solicitaron información e incluso ingresaron al Sercop a revisar información de nosotros como operadores; es decir, como usuarios que debemos de ser regulados, cuando el alcance de la auditoría era revisarnos como autoridad ambiental de control”, explicó.

Tamariz precisó que al iniciar la auditoría, el Municipio recibió varias instrucciones del Ministerio. Sin embargo, el informe técnico posterior no coincidió con lo señalado por la cartera de Estado. Dijo además que se añadieron no conformidades que no fueron mencionadas durante la auditoría.

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Ahora el Municipio tiene un plazo de ocho días para presentar un plan de acción que permita subsanar las no conformidades. Tamariz adelantó que ya están trabajando en dicho plan para reinstaurar la acreditación a la brevedad posible.

Limongi señaló que en ese plan, el Cabildo debe establecer los tiempos de cada una de las no conformidades a subsanar. “Puede ser aceptado o puede ser que también nosotros emitamos ciertas observaciones que tienen que subsanarse”, advirtió la funcionaria de Gobierno.

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