Caso morgue: fosas comunes en los nichos de cementerios

Las malas prácticas y la falta de protocolos son una constante en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No solamente habría consentido el hacinamiento de cadáveres de muertes violentas en condición de no identificados en el Centro Forense de Guayaquil, sino que también en las inhumaciones.

Desde hace tiempo, la entidad forense coloca más de un cuerpo enfundado en cada nicho. Esto fue reconocido por Milton Zárate, director general del Servicio de Medicina Legal, en la mesa técnica que la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte realizó en el Centro Forense de Guayaquil, la semana pasada. E indicó que cada uno de los cuerpos está “individualizado” con un código y en las lápidas están estos números, pero “dependiendo de las circunstancias”.

Alfredo Bravo, representante de Parque de la Paz, quien también asistió a la cita, afirmó que los cuerpos solo están “individualizados en su funda para cadáveres”. Y añadió: “Acabamos de inhumar alrededor de 40 o 45 cadáveres, en alrededor de 10 cuerpos de bóvedas”. Es decir que el 28 de junio, en la segunda inhumación realizada (dos semanas después de que un centenar o más de cadáveres se descompusieron en un contenedor sin refrigerar por 23 días), en algunos nichos había hasta cinco cadáveres en el camposanto Parque de la Paz de Durán.

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No obstante, ¿este tratamiento es correcto? No, asegura Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Los cuerpos “tienen que ser tratados de forma digna y es fundamental ese principio de dignidad, como política pública y derechos humanos”.

¿Pero qué es el trato digno? Navarrete explica que es la consideración de que ese cuerpo es de una persona, el cual debe ser preservado y cuidado hasta su sepultura. Este principio no solo atañe al cadáver, también a las emociones que provoca en los familiares, amigos y sociedad. Por ello, el Estado debe velar por el respeto de los principios culturales y espirituales.

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Estos no solo son principios éticos. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 establecen que el entierro sea individual; y solo cuando las condiciones no lo permitan, en tumbas colectivas. También dictan que los cuerpos sean inhumados, de ser posible, de acuerdo con los ritos de su religión y que sean incinerados solo en circunstancias excepcionales, por factores como la higiene, exigencia de la religión o deseo expreso del fallecido. Esto también está normado en el derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derechos humanos.

Eso porque la tumba, en el ámbito espiritual y cultural, es el lugar de descarga del dolor y tristeza, precisa el director de la CDH. “Esto es fundamental para el ser humano, no es poca cosa”. Por lo que cada cuerpo debe estar en un nicho, de manera individual, con su féretro. Caso contrario, “se convierte en lo que se llama fosa común”.

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Efrén Guerrero, abogado experto en derechos humanos y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, expone que las tumbas individuales simbolizan a la persona y constituyen un lugar de descanso. En cambio, la fosa común es la privación de esto. Es decir, “una ausencia de la protección de la vida de la persona, como el respeto a su muerte”.

En 2014, el Ministerio del Interior aseguraba que “no existe la fosa común en la actualidad”, ya que cada cadáver tenía un féretro de metal y era “enterrado de forma individual en nichos o tumbas separadas”. Entonces, ¿desde cuándo se omitió esta práctica? Para Navarrete, eso se habría instaurado desde la pandemia.

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Por otro lado, esto también representaría una contaminación ambiental y una vulneración al derecho a la salud, asevera Kira Sánchez, médica experta en Medicina Forense y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella indica que en un nicho debe colocarse un solo cuerpo entero. “Hay que esperar a que el primer cuerpo haya cumplido su proceso de putrefacción y esté en osificación”.

Solo cuando la osamenta esté reducida se podría poner otro cuerpo, no antes, enfatiza Sánchez. Esto pondría “bajo riesgo a la población”, lo que según Guerrero demuestra “la necesidad de que se establezcan protocolos correctos”, porque estas prácticas son la demostración de que el sistema está fallando.

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