La morgue, declarada en emergencia por 60 días

En emergencia fue declarado el Centro Forense de Guayaquil por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto, con el fin de simplificar los procesos de contratación pública.

Hace ocho días, el Centro Forense que cubre las zonas 5 y 8 de la provincia del Guayas fue declarado en emergencia, de acuerdo con la Resolución N.º SNMLCF-DG-2024-095, emitida el 7 de agosto por Cristian Salgado Ortega, director general subrogante de la entidad. Este estado durará 60 días. Dicha resolución fue publicada en el portal de Compras Públicas.

Gabriela Díaz, subdirectora del Servicio de Medicina Legal, señaló que esta declaratoria se dio “en el contexto de todo lo sucedido, aprovechando la priorización de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas y los compromisos asumidos con la Asamblea Nacional”. Esto, con el fin de renovar algunos equipos.

Además, según la resolución, el Servicio de Medicina Legal declaró la imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación de régimen común. Con la declaratoria de emergencia, la entidad determina que ejecutará la contratación de bienes y servicios que permitan la inmediata repotenciación de las cámaras de refrigeración y puesta en marcha del cuarto frío del Centro Forense de Guayaquil. Eso, “ante la inminente posibilidad de la paralización de servicios públicos relacionados con el manejo y conservación de cadáveres y restos humanos”.

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Esto se da luego de que por alrededor de 23 días, entre mayo y junio de este año, en uno de los tres contenedores de la morgue de Guayaquil ubicados en el patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, se descompusieron alrededor de cien cadáveres. Esto, debido a que el contenedor no congelaba, además de que un segundo contenedor no funcionaba.

Según el informe técnico para la declaratoria de emergencia emitido el 6 de agosto por Alejandra Pérez, coordinadora técnica de Servicios de Medicina Legal, el Centro Forense Zonal 5 y 8 de Guayaquil cuenta con tres cámaras de conservación operativas, cada una con capacidad para doce cuerpos. También con un cuarto frío (no operativo) y tres contenedores refrigerados con capacidad de cien cuerpos cada uno, todos “operativos”.

Aunque las cámaras están operativas, menciona Díaz, la repotenciación se da por los años que tienen estas. Las tres datan del 2013, por lo que “ya cumplieron su vida útil”, reza en el informe; además de que las empaquetaduras, las bisagras y las chapas de la puerta están deterioradas por el uso. Asimismo, los evaporadores están oxidados y corroídos. Por otro lado, el sistema eléctrico es deficiente, por lo que no garantiza la seguridad eléctrica en el funcionamiento del equipo. Por ello deben cambiar todo, incluido el compresor, dice el documento.

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En cuanto al cuarto frío, este “no ha sido utilizado desde su creación por desperfectos técnicos en la capacidad isotérmica y de refrigeración”. Pérez, en su reporte, argumentó que esto “recaería en la responsabilidad social y estatal con atentado a la dignidad humana”. Para su funcionamiento deben cambiar cuatro unidades condensadoras, el controlador y sensores. Y evaluar el evaporador para su cambio.

Sin embargo, la proyección de vida útil de los cuatro equipos es de seis meses. Por esto, la coordinadora técnica ha indicado en el informe que “esta proyección técnica constituye una emergencia institucional”; pero asegura que “la puesta en marcha del cuarto frío será de gran beneficio institucional”, porque “permitirá incrementar la capacidad para conservación de cadáveres y mejorar su tratamiento”.

Christian Quimí, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, y docente de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, expresó que, en el marco de un estado de emergencia, la normativa permite simplificar los procesos para que se pueda hacer una contratación rápida y así satisfacer el interés público que se persiga.

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Aunque no ve mal la declaratoria emitida por Medicina Legal, comentó que esta figura ha sido mal utilizada por ciertos servidores públicos, que han “adjudicado contratos a dedo” con contratistas que no tienen la experiencia necesaria, con elevaciones de precio e información poco creíble, como sucedió en la pandemia.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, “la entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios (…) que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia (…)”. Pero una vez superada la emergencia, la máxima autoridad debe subir al portal de Compras Públicas un informe que detalle las contrataciones efectuadas, el presupuesto empleado y los resultados obtenidos.

Sin embargo, “en el marco de la realidad ecuatoriana, esta figura jurídica podría potencialmente propiciar la corrupción”, dijo Quimí. Ante ese escenario, las entidades de control, como Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, deberían revisar los procesos que se ejecuten dentro de este marco. “Aquí hay que separar el ser del deber ser. Estas figuras son necesarias en el marco de un estado de emergencia, pero que las desnaturalicen o desvíen y transgredan su finalidad, es otra cosa”.

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Medicina Legal confiesa

Otros daños

En el informe se detalla que existen fallos en el transformador del macrolote, donde opera el centro forense zonal 5 y 8, lo que generan afectaciones a los conductos eléctricos de los equipos. Antes, Pérez había indicado que los daños en los contenedores fueron por los cortes de energía; luego fue desdicho.

Aceptan

Señalan que deben mejorar las condiciones de este sitio de disposición temporal de cadáveres para “evitar riesgos ambientales”, a partir de “la descomposición y acción de microorganismos de residuos, provocando contaminación de recursos, como el aire, agua y suelo, y (…) al personal expuesto”.

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