Tala de manglar: radiografía de una crisis institucional en Ambiente

Un día después de que EXPRESO publique el informe que da cuenta de decenas de denuncias de tala de manglar en el golfo de Guayaquil que se acumulan, sin sanciones, en los escritorios del Ministerio del Ambiente, activistas, expertos y exfuncionarios de la cartera intentan explicar, en EXPRESO, cuáles son los motivos a los que responde la inacción de la autoridad ante la depredación del ecosistema que viste el estero Salado, llena de oxígeno sus alrededores y garantiza biodiversidad y sustento a cientos de familias que viven del cangrejo. 

• Crisis logística

Este 2020, como parte de la reducción del Estado, el Gobierno decidió eliminar la Subsecretaría de Gestión Marino y Costera, una entidad que se encargaba de inspeccionar y levantar los informes de tala de manglar, que luego eran entregados a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente, donde se supone deben empezar las gestiones para las sanciones administrativas y de multas para aquellos que han depredado el manglar, acción que es considerada un delito. Aunque la cartera aseguró que garantizará que se cumpla con las gestiones de la entidad, la exfuncionaria de la Subsecretaría, activista y fundadora de Amiguitos del Océano, Daniela Hill, explica que con la decisión “se eliminaron instancias importantes de los procesos para cuidar el manglar”, como la presencia en territorio, con el despido de “técnicos con memoria institucional” que eran parte medular de la entidad.

• Procesos lentos

Aunque el Ministerio del Ambiente aún no responde a EXPRESO sobre el tema, pero ya dijo que trabaja en las respuestas, este medio contactó a Raúl Ledesma, quien fungió de ministro en esa cartera hasta marzo pasado. Conoce los procesos y argumenta que “lo que ocurría dentro del Ministerio es que las denuncias se hacían tardías”. Afirma que se revisaba con técnicos y nadie asumía la responsabilidad del hecho, lo que derivaba en otros procesos. “El problema de abrir un expediente administrativo es que es burocrático y lento. No es una justificación, es una realidad. Los procesos pueden ser apelados en dos o tres instancias. Pueden presentarse medidas constitucionales, acciones de protección que hay que seguir, porque se debe respetar la ley, y otros trámites”. Sin embargo, la experta en Derecho Ambiental Inés Manzano, refuta esa postura y dice que, máximo, un trámite de sanción puede tardar hasta seis meses en resolverse. “Y no once años, como pasa con algunas camaroneras ilegales que no han sido sancionadas”, observa.

• Falta de recursos

Comuneros del golfo, custodios del manglar y representantes de asociaciones de comuneros de la zona coincidieron en que la falta de recursos también es motivo para que no se vigile la tala como debe ser. El exministro Raúl Ledesma reconoce esto. “Nunca ha habido fondos suficientes. Hay un programa de fondos para la custodia de manglar muy limitados. No hay infraestructura, ni lanchas, ni motos, ni camionetas para hacer los trabajos de inspección (...) Además, pagamos muy poco por mantener el manglar. No más de 500 dólares al año por hectárea”. Al respecto, el ingeniero ambiental y activista Xavier Salgado recuerda que en 2010 se donaron al Ministerio dos lanchas desde una oenegé. Y le sorprende la inacción. “El golfo está olvidado, no hay efectividad. La ausencia de sanciones deja un vacío ambiental. Necesitamos voluntad política”, precisa.

• Corrupción

En el reportaje anterior, el presidente ejecutivo de la Fundación Cerro Verde, Federico Koelle, deja clara su postura de presuntas irregularidades al momento de buscar sanciones. Daniela Hill, que estuvo dentro de la cartera, coincide con él. “Hay gente de la función pública que no es ética”. El exministro Ledesma, en cambio, dice que no le consta y prefiere no hacer comentarios al respecto.

• Falta de estrategias

La experta en derecho ambiental, Inés Manzano, cree que lo que se necesita es un trabajo interinstitucional que pueda facilitar acciones. No hay un plan integral entre entidades y eso perjudica, cree. Coincide con ella la activista Daniela Hill. “A veces la descoordinación es tal, que se registra duplicidad de funciones. Tampoco hay control de la excesiva burocracia y trámites no había técnicos o abogados suficientes para llevar los procesos. Desde su criterio, no hay visión para atender el ambiente. “Y por lo tanto no se prioriza su conservación con recursos”. Esto a que es un deber inconstitucional del Estado cuidar el ambiente.