Los transportistas lamentan el embargo de 400 unidades por deudas pendientes
Los choferes de la ciudad no descartan una paralización de sus actividades
Un grupo de transportistas urbanos de Guayaquil dice estar preocupado por el embargo que están sufriendo varias de sus unidades, al no poder pagar los créditos adquiridos con entidades financieras.
Carlos Peralta, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas (Uprocotug), informó que aproximadamente 400 buses, de los 2.600 que prestan servicios en la ciudad, están siendo retirados de circulación por las casas comerciales, debido a la falta de pago.
Amparada en el Código Orgánico Administrativo (COA), la banca está cobrando intereses en mora y por eso a muchos transportistas los han llamado para reestructurar sus deudas a tres o cuatro años, lo que origina que el monto a cancelar se duplique.
Este miércoles 9 de marzo, Los choferes, agrupados en la cooperativa 10 de Agosto, se reunieron para pedirle al Gobierno que reforme esa ley, para que haya una reestructuración de la deuda acorde a la situación económica que ellos viven. “Son 800 conductores que se quedan sin laborar, sin contar que de ellos dependen sus familias”, explica Peralta.
Carlos Cisneros, transportista desde hace 20 años, cuenta que en 2019 adquirió un bus en $ 120.000 con una cuota de $ 1.800 que debía pagar cada mes. Pero como estaba atrasado en la cancelación de las letras, tuvo que reestructurar su deuda a cinco años más, lo que le representa pagar cerca de $ 200.000 por la misma unidad.
Los transportistas rechazan el cobro de interés sobre interés por las cuotas de los préstamos que realizaron y que no han cancelado desde que se inició la pandemia, cuando el ingreso de los buses fue cero.
Ellos atribuyen sus pérdidas a la subida progresiva del combustible, además del poco aforo que tuvieron durante el confinamiento del 2020. Esta situación se mantuvo hasta hace unos meses, por las restricciones sanitarias, entre ellas la suspensión de clases presenciales, el teletrabajo de servidores públicos y privados y el hecho de que una significativa cantidad de ciudadanos se quedaron en el desempleo.
“Nuestra situación económica es crítica porque la elevación del combustible ha sido de un 65 %, sin contar con la inversión en repuestos y el mantenimiento en las unidades”, subraya Carlos Posligua, otro conductor, quien pidió al Gobierno que congele el costo de los combustibles.
Desde el 2016 hasta el 2018 fueron renovadas cerca de 1.100 unidades. Pero los propietarios no han podido pagar los créditos, porque no tienen suficientes ingresos para costear las letras, insiste Posligua.
“Los ingresos no resultan ni para dar mantenimiento ni cambiar las llantas de los carros”, agrega el conductor, quien junto a otros compañeros aprovecha la ocasión para pedir un reajuste del precio del pasaje, algo que, por lo menos en Guayaquil, no está contemplado.
