La Universidad de Guayaquil seguirá intervenida hasta el 31 de agosto de 2021
El Consejo de Educación Superior ratificó a los miembros de la CIFI. Ellos deben elaborar un nuevo plan de intervención para los siguientes ocho meses
El Consejo de Educación Superior (CES) decidió prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021, la Intervención Integral de la Universidad de Guayaquil y ratificar a los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) para que desempeñen sus funciones. Lo hizo con el fin de dar cabal cumplimiento al plan de intervención y culminar la regularización de este centro de estudio.
La decisión fue tomada en la vigésima sexta sesión ordinaria del pleno del CES que se desarrolló este miércoles 16 de diciembre, mediante vidioconferencia.
La sesión estuvo presidida por Catalina Vélez, presidente del CES, los miembros del consejo y tuvo como invitado a Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil, quien hizo un recuento de lo que había ejecutado durante los dos años y tres mes que estuvo al frente de la CIFI.
El rector aseguró que solo dos puntos del plan de intervención no han podido cumplirse: la convocatoria a elecciones y el desarrollo de ese proceso.
La intervención de la Universidad de Guayaquil debía culminar el 9 de enero de 2021 con la posesión del rector y vicerrector, así como de los miembros del Consejo Superior Universitario. Esto debieron ser elegidos entre el 15 y 18 de este mes, pero las elecciones fueron suspendidas por recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, debido a la pandemia por COVID-19.
Passailaigue dijo que con la decisión del CES “queda demostrada y evidenciada la providad y competencia de los miembros de la CIFI-UG que han cumplido un trabajo a cabalidad para devolverle a la universidad su prestigio”.
Añadió que la CIFI deberá elaborar un nuevo plan para los próximos ocho meses, en el que se incluirá la convocatoria a elecciones y el proceso para la designación de las nuevas autoridades.
En octubre de 2018, el CES intervino a la universidad por una disputa que surgió en torno a quién debía subrogar el rectorado una vez que la Contraloría dispuso la destitución de Galo Salcedo. Primero lo hizo por un periodo de tres meses que terminó en enero de 2019. No obstante, esta se prolongó por 24 meses más, debiendo terminar el 9 de enero de 2021.
